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En el primer caso, se dio origen a un genocidio que cobró más de 800.000 mil víctimas en un lapso de tres meses, y en el segundo se puso en vilo la continuidad en el poder del presidente Álvaro Colom y se amenazó seriamente la institucionalidad democrática del país centroamericano.
Este último estremeció a América Latina ante un video en el cual un joven abogado, respetable, anunciaba que de ser asesinado la responsabilidad sería del presidente Colom, su esposa y su secretario privado. La oposición, enardecida, salió a las calles a exigir la renuncia del primer mandatario mientras éste proclamaba su total inocencia. La caída de Colom, para muchos, era cosa de días. Ante las grandes dudas existentes, el tema pasó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que tras varios meses de ardua labor llegó a una apabullante conclusión que parece sacada de una novela del llamado género negro, o policial, según la cual fue el propio Rosemberg quien planificó su asesinato. ¿El motivo? Pasaba por una gran depresión luego de la pérdida de un hijo y de una amiga muy cercana, y, actuando solo, quiso provocar con su muerte la caída del gobierno. Tras el episodio, Colom quedó apuntalado, enfrentado a los muchos problemas internos propios de cualquier gobierno, y la oposición conservadora quedó con un palmo de narices.
Sin embargo, el caso de Ruanda es, de lejos, de una infinita mayor gravedad. El genocidio de cerca de un millón de personas de la etnia Tutsi, así como de Hutus moderados, se desencadenó cuando un atentado, atribuido a la guerrilla Tutsi del Frente Patriótico de Ruanda (Fpr) acabó con la vida del presidente Habyarimana, quien regresaba en avión tras la firma de un acuerdo histórico con sus enemigos del Fpr. El odio y la irracionalidad desbordados, ante la cómplice inactividad de la comunidad internacional y la cuestionada actuación de Francia, terminaron con un derramamiento de sangre que aún estremece. Desafortunadamente por ser un país africano poco conocido, su repercusión dentro de la opinión pública mundial no fue mayor. No obstante, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) actuó en el caso y existen sentencias concluyentes en contra de muchos de los responsables directos.
Quince años después, una Comisión Independiente llegó a la conclusión, que si no fuera tan cierta merecería estar en un guión de Hollywood, que el coronel Theoneste Bagosora, condenado ya a cadena perpetua en 2008 por el TPIR, organizó y lideró el atentado que le costó la vida a su propio presidente, pues lo consideraban blando frente a los Tutsis.
Estos dos hechos, sin mayor conexión aparente entre sí, dejan claras lecciones para el mundo de hoy en día. Entre ellas, que personas comprometidas en delitos de lesa humanidad que argumenten haber obrado de buena fe, o con mala fe manifiesta, y que hayan propiciado hechos que la comunidad internacional no está dispuesta a tolerar, tarde o temprano terminarán respondiendo ante los estrados judiciales establecidos para tal fin. Entre ellos, el genocidio cometido en la década del ochenta en la propia Guatemala, con cerca de 300.000 muertos. Ventaja inocultable de la globalización que hay que aplaudir en nombre de la civilidad y que muy seguramente tendrá secuelas hacia el futuro en un país como el nuestro.