Llamar las cosas por su nombre

Durante décadas, los comunicados firmados “desde las montañas de Colombia” han sido desafiantes y buscan ratificar los motivos por los que se alzaron en armas contra el Estado. La palabra víctimas jamás ha hecho parte de sus discursos y en el actual proceso de paz su posición en relación con este tema no ha sido clara. Ha habido gestos, como su reconocimiento de los daños ocasionados a la comunidad de Bojayá; pero estos pasan inadvertidos o se pierden en la espiral de palabras que intentan negar o justificar sus acciones. Esta actitud, que raya en la arrogancia, es la que genera desconfianza entre amplios sectores de la sociedad.

De ahí que las Farc deban comenzar a tejer el camino de la reconciliación a través de las palabras. Un primer paso, por ejemplo, es reconocer de manera contundente el error que implicó la práctica del secuestro en todas sus formas, sin caer en matices que oculten el daño que sufrió la persona. No se puede pensar que por su condición social u oficio el impacto es menor y, mucho menos, justificable. Una persona que está privada de la libertad, separada de su familia, en muchas ocasiones encadenada, no importa que sea militar, político o empresario, es un ser humano que tiene sueños y proyectos, que muchas veces quedan truncados y en otras simplemente desaparecen.

Este reconocimiento implica que las Farc no continúen refiriéndose a una persona que fue secuestrada como alguien que estuvo en cautiverio, que cayó prisionera o estuvo retenida. Deben estar en la capacidad de llamar las cosas por su nombre y no con evasivas o eufemismos que solo intentan justificar hechos que jamás debieron ocurrir. Las Farc no pueden pensar este reconocimiento como una derrota, pues la derrota fue el momento en que esta práctica inició.

Pero este primer paso debe darlo, junto con las Farc, el Estado y la sociedad civil, al desplazar del centro del debate las implicaciones penales del crimen y poner, en el centro de este, ya no el delito, sino el impacto que tuvo en la víctima y en sus entornos cercanos. De modo que las Farc comprendan que no puede haber paz sin la reparación a las víctimas que ellas han causado, y la sociedad comprenda, a su vez, que la justicia no solo se tasa en años de cárcel, sino en la posibilidad de iniciar acciones de reparación que tengan, como punto de partida, el reconocimiento por parte del victimario de su crimen.

Mal haríamos como sociedad en complacernos con una noción de justicia que se alcanza cuando la reja de la cárcel se cierra y la llave es arrojada a un abismo. Pues esta lógica impide la generación de incentivos que permitan al victimario contribuir con la verdad, ese mínimo necesario que les permite a las víctimas hacer un duelo que en muchos casos ha quedado pendiente, suspendido en el tiempo.

Pensar que sin cárcel habrá impunidad impediría la reconciliación como país. El caso de Chile y Argentina deben servirnos como referentes. En el primero no hay un consenso sobre el daño que tuvo la dictadura de Pinochet, incluso amplios sectores de la sociedad consideran que era necesaria la llegada del general a la presidencia. En Argentina, hay cientos de criminales de guerra presos por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983. Pero estos están muriendo uno a uno en sus sitios de reclusión y con ellos, junto con la verdad, la posibilidad de reparar de manera significativa el daño que hicieron.

Estas lecciones y nuestros propios errores en procesos de paz anteriores deben permitirnos construir un acuerdo definitivo, no uno más que se sume a los que iniciaron con el tratado de Neerlandia, sino uno que nos dé garantías de no repetición. No oculto mi esperanza en el que se adelanta en La Habana, donde las víctimas por primera vez son protagonistas. Solo queda esperar que las FARC nos acompañen en ese primer paso necesario, que comienza en llamar las cosas por su nombre.