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Eduardo Verano de la Rosa deberá responder ante la Procuraduría General de la Nación formalmente por irregularidades en la celebración de un contrato suscrito por la Gobernación del Atlántico para la restauración de su antigua sede.
A la investigación formal también fue vinculado el secretario de Infraestructura del departamento, Juan Pablo Deik Jassir, por haber hecho la concesión mediante la Licitación Pública LP 009 de 2009, sin tener competencia para ello.
El delegado para la Moralidad Pública, Fabio Yezid Castellanos Herrera, considera que esta facultad era exclusiva del jefe de la administración departamental, pues era el único autorizado por la Ley para la organización del gasto.
Mientras el gobernador pudo haber faltado a sus deberes constitucionales y legales, su secretario de infraestructura pudo haberse extralimitado en sus funciones.
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