Gobierno, preocupado porque la Corte Constitucional tumbó el principio de oportunidad

Sin embargo, agrega el Gobierno, "esta situación podría comprometer la seguridad jurídica de la población desmovilizada, incrementar la congestión judicial y el hacinamiento carcelario, e incentivar procesos de rearme y reincidencia".

De acuerdo con el Gobierno, se están explorando alternativas jurídicas que le permitan honrar los compromisos adquiridos en el marco del proceso de desmovilización, desarme y reintegración, y garantizar el derecho de todos los colombianos a la paz. "Estas alternativas incorporarán de manera decidida la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación atendiendo la jurisprudencia de las Honorables Cortes".

"El Gobierno Nacional está comprometido con la consecución de la paz. Las soluciones que se construyan estarán encaminadas a reivindicar la confianza en el proceso de desmovilización y a abrir caminos que permitan incentivar futuras desmovilizaciones de los grupos al margen de la ley", puntualiza.

El pronunciamiento del Gobierno se conoció luego de que la mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional considerara que no era viable cobijar con el llamado principio de oportunidad a más de 17 mil desmovilizados del grupo armado al margen de la Ley que, por las condiciones en las que se había dado su presencia en las AUC y sobre todo en virtud a su plena colaboración con el esclarecimiento de la verdad, podrían haberse hecho merecedores a ese beneficio, que implica el cese de todo procedimiento penal en contra del indiciado.

Como principio de oportunidad se conoce la facultad de no adelantar un proceso penal contra alguien, porque bajo determinadas circunstancias se considera que hay más ventajas en la renuncia a la acción penal que en el enjuiciamiento de una persona. Es el caso, por ejemplo, de quien siendo el eslabón menor de una banda criminal colabora con el desmantelamiento de la misma a cambio de que no lo procesen, hipótesis en la que para el Estado puede resultar más beneficioso dejar en la impunidad al pequeño delator a cambio de la captura de los cabecillas.

Para el próximo viernes fue convocado al Consejo Nacional de Política Criminal, en el cual Gobierno presentará sus recomendaciones y políticas a seguir. Por ahora, quedó claro que no habrá conmoción interior. "Exhortamos a las más de 30.200 personas que hoy hacen parte del programa presidencial a continuar vinculados al mismo y a descartar cualquier invitación para abandonar el programa, o, lo que es peor, regresar a la clandestinidad o reincorporarse en una organización ilegal", según el comunicado del Ejecutivo.