Seis ex funcionarios del DAS también estarían tramitando solicitud de asilo

La Ministra de Relaciones Exteriores colombiana agregó que, sin embargo, “lamentamos que teniendo una relación tan buena y tan fructífera como la que tenemos con el Gobierno panameño, no nos hayan informado ni nos hayan comentado sobre este asunto, pero respetamos la decisión que han tomado”.

La solicitud de asilo fue presentada por la propia Hurtado, quien se encuentra en Panamá desde el pasado lunes y quien dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008, cuando renunció en medio del escándalo de las ‘chuzadas’.

En ese momento se conoció que el DAS había realizado escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos, en lo que constituye como uno de los mayores escándalos del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, ya que ese ente depende directamente de la Presidencia.

Desde entonces una veintena de ex funcionarios del DAS y ex asesores de Uribe han sido investigados, procesados o encarcelados, entre ellos el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, quien ha sido inhabilitado por 18 años para ejercer cargo público, al igual que Hurtado, a quien la Procuraduría le ratificó su inhabilidad.

Hurtado es una de los cuatro ex directores del DAS que están siendo investigados, mientras que al propio Uribe (2002-2010) la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le abrió un proceso para establecer si tuvo responsabilidad en esos hechos.

Ha sido en este contexto en el que la ex directora del DAS alegó que estaba sometida a una persecución en el país para solicitar asilo en Panamá. Por eso la Cancillería panameña respondió que le concedió el asilo tras “analizar cuidadosamente la solicitud (…) y las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que la han llevado a abandonar su país”.

La decisión se tomó días después de que salieran a la luz graves acusaciones de ex funcionarios del DAS, entre ellas las de la ex subdirectora de Operaciones Martha Inés Leal, quien aseguró que el sucesor de Hurtado en la Dirección del organismo, Andrés Peñate, le ordenó hacer seguimientos a opositores por solicitud expresa del ex mandatario Álvaro Uribe.

Hasta ahora Uribe ha negado haber ordenado el espionaje, pese a que otro involucrado, el ex responsable de la oficina de análisis Gustavo Sierra, sostuvo ante la Fiscalía que la información sobre seguimientos y escuchas se enviaba a altos funcionarios del anterior Ejecutivo a través de una valija secreta.

Esa información, según Sierra, se dirigía a la Secretaría General de la Presidencia, Ministerio del Interior, Cancillería, Vicepresidencia y Alto Comisionado para la Paz a través de un sistema copiado de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
 
Las reacciones en Colombia no se hicieron esperar y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, aseguró que se está desdibujando la figura del asilo. “El asilo es una institución consagrada para proteger a los perseguidos, no a los perseguidores”, matizó Arrubla, amparado en los hechos de que varios magistrados de ese tribunal fueron víctimas del espionaje del DAS.

En términos similares se expresó la presidenta del Polo Alternativo Democrático (PDA), Clara López, para quien la decisión panameña es “inaceptable”, así como inaudito que una figura creada para proteger a los perseguidos se use para favorecer a quienes fueron perseguidores políticos. “Es inconcebible que ella, imputada de cargos, esté siendo parte de la empresa criminal que ha denunciado la Fiscalía; definitivamente la figura del asilo no se hizo para los victimarios sino para las víctimas de la persecución del Estado”.
 
Y para el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, estos hechos demuestran que “de parte de quien pide el asilo hay una aceptación de culpa por anticipado”. Y agregó: “No hay otra discusión que una aceptación de culpa extrajudicial y eso muestra que las responsabilidades son grandes”.

Entre tanto, el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, consideró que “es siempre un mal precedente no responder personalmente ante la Justicia”, al expresar su malestar por la petición de asilo de Hurtado y al informar, este viernes en la noche, que hay "rumores" en el sentido de que otros seis ex funcionarios del DAS, a los que no nombró por no estar confirmada la información, acudirían a la misma vía.

Y en el otro lado se ubicó el Partido de la U, cuyo portavoz, Roy Barreras, aplaudió la decisión del Gobierno panameño al indicar que los ex funcionarios del gobierno de Uribe no están seguros en Colombia y no tienen garantías ante la Justicia.