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Durante agosto pasado, el despacho del fiscal general Francisco Barbosa recibió una denuncia en la que se alerta de posibles irregularidades en cinco convenios que suscribió la Gobernación de Arauca por más de $124.000 millones. Lo que dice el documento que conoció este diario y que firman la representante a la cámara de ese departamento Lina Garrido y el diputado Wilinton Rodríguez, es que el supuesto desvío de dinero se ejecutó con recursos de regalías que estaban destinados para gastarse en dos años y en más de 30 proyectos.
La irregularidad, a juicio de los políticos, se registró una vez llegó a la Gobernación la abogada Indira Barrios, quien funge como mandataria departamental encargada luego de que el entonces gobernador José Facundo Castillo fuese suspendido por un proceso judicial que pone en evidencia sus presuntas alianzas políticas y administrativas con el Eln. Además, sobre su nombre también pesa una segunda investigación por irregularidades en contratación.
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Aunque la situación judicial de Castillo Cisneros ya está en manos de las autoridades, la situación que denuncian los políticos hasta ahora se mueve en esos terrenos en la Fiscalía y la Procuraduría por cuenta de quejas y denuncias. En el búnker reposa la denuncia de 69 páginas en la que, prácticamente, dicen que, “Barrios, de manera premeditada y debidamente calculada, presuntamente se concertó de manera criminal, con por lo menos tres funcionarios de alto nivel de la Gobernación Departamental de Arauca, para lograr la desviación de recursos por orden de $124.737.673.469″.
Lo que llama la atención de los políticos es que de esa suma se destinaron más de $91.000 millones a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA) con sede en Cartagena, lugar de donde es oriunda la mandataria encargada. El reproche, en este caso, radica en que, al parecer, se omitió el cumplimiento de los requisitos para adelantar un convenio, puesto que no se revisaron las capacidades administrativas y financieras. Además, tampoco se habría contado con los resultados de su desempeño en la ejecución de recursos definidos por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema de Regalías.
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Los cinco convenios que hoy ponen a la gobernadora (e) Barrios denunciada tenían el objetivo de construir vías en el departamento de Arauca, pavimentar carreteras, implementar la fase II de energía solar fotovoltaica para comunidades en zonas rurales, construir la red de acueducto y alcantarillado en el municipio de Tame y mejorar el relleno sanitario de ese lugar.
Lo que dice la denuncia es que la gobernadora encargada de manera “sigilosa y apresurada” en tan solo siete días “seleccionó, viabilizó, priorizó, aprobó y concentró” los cinco convenios. Esa situación, a juicio del diputado Rodríguez, quien dialogó con este diario, es algo inusual, ya que, por lo general, esa labor se tarda alrededor de tres meses. Lo que también reclaman es que la política y abogada dejó “desfinanciados” alrededor de 32 proyectos prioritarios, así como también “dejó sin obras a más del 60% del territorio araucano”.
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Las supuestas irregularidades, según Rodríguez y Garrido, se registraron al emitir todos los conceptos técnicos y de viabilidad sobre los cinco proyectos a través del Decreto 864 del 2022. La normativa, a juicio de los políticos, contó con inconsistencias en las fechas de expedición. Si bien quedaron registradas en la norma, existen unas fechas diferentes de cuándo se hicieron efectivas las fichas de verificación y conceptos de viabilidad.
“La Dra. Barrios Guarnizo para culminar su presunta actividad criminal, y darle visos de legalidad al mentado Decreto mediante el cual desvió los altísimos recursos de los Araucanos a la asociación de municipios de su tierra natal (Cartagena) debía contar con un acto administrativo para su emisión. Como se dijo en un principio, todas estas clandestinas maniobras para lograr la colocación de esos recursos fuera de la vista del departamento, y de su equipo de gobierno, estuvo presuntamente provista de una serie de artilugios, falsedades y tramas sigilosas que no podían ser expuestas a tan importante control de legalidad jurídica”, dice la denuncia.
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El acto administrativo que le daba vida al Decreto requería pasar por la revisión de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación y contar con la firma de un profesional de ese despacho. Según la denuncia, en ese cargo fue nombrado, por medio de decreto, una persona diferente a la que cumplía esas labores. No obstante, lo que llamó la atención de los políticos es que en ese Decreto reposaba la designación de una docente de Arauca y no de un profesional que tuviese las capacidades de abordar ese tipo de situaciones.
La docente, en este caso, no tiene relevancia alguna. Lo que hicieron, supuestamente, desde la gobernación fue usar la fecha de designación de la docente en lugar del nombramiento del funcionario encargado de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación. Aunque esa designación llegó después, lo que reprochan los políticos es que, en el momento, no se realizó el trámite como debía y no se consignó la información correcta sobre tal nombramiento.
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Otra irregularidad radica en que el decreto dice que los proyectos se encontraban revisados y validados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). No obstante, la entidad estatal no dio fe de esos trámites. “Al no haberse efectuado los correspondientes procesos de revisión y validación por parte del DNP, así como tampoco por parte de los funcionarios idóneos de las unidades ejecutoras de la misma entidad territorial (Gobernación de Arauca) estos proyectos fueron tramitados sin el lleno de los requisitos”, dice la denuncia.
Los hechos que quedaron plasmados en la denuncia ante la Fiscalía son los mismos que reposan en el despacho de la procuradora Margarita Cabello, a quien le solicitaron que indague las posibles faltas disciplinarias en las que pudo incurrir la gobernadora encargada. Esa información se suma a un oficio emitido por el DNP hace una semana en el que dijo que halló evidencias en la designación que hizo la Gobernación a AREMCA para que adelantara los proyectos en Arauca. Sobre estos hechos también conoce la Contraloría.
Este diario trató de comunicarse con la Gobernadora encargada, pero hasta la publicación del artículo no fue posible la comunicación. De otro, este martes, el senador Rodolfo Hernández, a través de su cuenta de Twitter y ante el legislativo puso en conocimiento los hechos.
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