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Nuevos recursos, modificaciones en el sistema general de participación, rentas cedidas, incrementos graduales y aumento del impuesto de armas, permitirán pasar en 2011 de $1.05 billones a $1.32 billones en 2015 para invertirlos en salud pública, atención primaria, promoción y prevención de la salud.
Así lo establece el paquete financiero de modificación a la Ley 100 que fue incluido en la reforma ordinaria a la salud que hace tránsito de aprobación en el Congreso.
El ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, anunció el apoyo a esas iniciativas pero se negó a aprobar la propuesta de la población indígena que busca contar con EPS creadas y administradas por estas etnias con la medicina de sus ancestros.
La determinación del Gobierno se da porque, según el Ministro, sería necesario consultar con todas las etnias del país como lo estableció la Corte Constitucional. Esto terminaría demorando el trámite de aprobación del actual proyecto que se encuentra con mensaje de urgencia para lograr superar con prontitud los actuales problemas que se viven en este sector.
De otro lado, se estableció en la iniciativa que las EPS que no cumplan las metas en la prestación de los servicios -año a año- serán multadas y hasta podrían perder la personería jurídica.
Así lo explicó la presidenta de la comisión séptima de Senado, Dilian Francisca Toro, quien puso de ejemplo que si 100 hipertensos son atendidos por una EPS y al año siguiente no han mejorado sus niveles, esa entidad sería sancionada por incumplir con los protocolos establecidos.
La idea, según la Senadora, es que existan más sistemas de prevención y menos enfermos en el país.
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