Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Varios países de América Latina han vivido en las últimas semanas situaciones que confirman el creciente y constante abuso de poder por parte de sus gobernantes para perpetuarse en sus cargos.
Esto demuestra la fragilidad de las instituciones y un preocupante retroceso frente a logros alcanzados hace unas pocas décadas, cuando Gobiernos autoritarios y dictatoriales fueron derrocados y reemplazados por presidentes elegidos democráticamente.
Casos como el de Maduro en Venezuela, quien ante las perspectivas de ser derrotado por la oposición en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, y en un intento por distraer a los venezolanos frente a la grave crisis social, política y económica que enfrenta, optó por cerrar y militarizar nuestra frontera y arremeter contra miles de colombianos violando sus más elementales derechos. O la condena a 13 años de prisión a Leopoldo López por un sistema judicial totalmente subyugado al ejecutivo y que le negó las más elementales garantías procesales. O las reiteradas medidas de los Presidentes Morales de Bolivia, Correa de Ecuador y Ortega de Nicaragua, para citar solo algunos, para cambiar sus respectivas constituciones y amañarlas a sus intereses reeleccionistas, así como medidas restrictivas de la libertad de prensa y de expresión para acallar a los opositores. El ejemplo más reciente es la orden del presidente ecuatoriano de clausurar Fundamedios, una organización independiente de la sociedad civil ecuatoriana que ha venido denunciado graves violaciones a la libertad de información y de expresión en Ecuador. A esto se suman los innumerables escándalos de corrupción que involucran a presidentes, funcionarios públicos de izquierda y de derecha, y empresarios que se han lucrado sistemáticamente de los recursos públicos, amparados en unas instituciones judiciales y de control débiles y dependientes del ejecutivo, que los cubren con un manto de impunidad.
Afortunadamente también hay excepciones que deben ser resaltadas. Las más relevantes son Brasil y Guatemala, donde unos jueces e investigadores valientes e independientes, como el colombiano Iván Velásquez —quien lideró las investigaciones de la parapolítica y fue objeto de persecuciones, calumnias y dfamaciones en el anterior Gobierno— han demostrado que los corruptos no son imbatibles. Además, en ambos casos, la sociedad civil ha jugado un papel muy importante manifestando abiertamente su rechazo y diciendo no más corrupción.
Pero el problema no es solamente la fragilidad de la institucionalidad democrática. A ésta se suma la inoperancia y el silencio cómplice o por conveniencia de la mayoría de los presidentes y los organismos multilaterales de la región. Mientras organizaciones como la ONU o la Unión Europea han expresado su rechazo y su indignacion por el maltrato y la violación de los derechos humanos de los miles de colombianos que han sido deportados de Venezuela o por la condena a Leopoldo López, la OEA y Unasur han callado. Y la Carta Democrática ha demostrado que es letra muerta. Como dijo recientemente Moisés Naim en un conversatorio con Enrique Iglesias, América Latina tiene el mayor número de organismos multilaterales, pero estos son como zombies. Existen pero están muertos.
La autora es la Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia.
Conoce más