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La lucha de campesinos por recuperar las tierras que les arrebataron los armados ilegales se ha convertido en un camino de amenazas y muertes. Entre agosto y diciembre del año pasado el Cinep denunció 11 asesinatos de líderes, relacionados con la restitución de tierras o con desplazados.
En poblaciones de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño y Arauca se registraron los crímenes, a lo que se suman amenazas y atentados. La autoría se les atribuye a antiguos miembros de Auc, hoy en las llamadas bandas criminales, que delinquen por no perder poder sobre las propiedades.
Sólo en Urabá, hasta finales del año pasado, la asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras reportó que tras la devolución de 184 bienes (4.000 hectáreas) asesinaron a siete campesinos.
El problema detrás del proceso de restitución lo reconoce el Gobierno, que se ha comprometido con reforzar la seguridad de los campesinos, en medio de su plan de restituir casi dos millones de hectáreas usurpadas.
Sin embargo, ante el panorama de miedo detrás del proceso de restitución, se hace necesario un papel más activo para cumplir el compromiso de garantizar la seguridad de quienes siguen luchando por lo que un día les quitó la violencia.
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