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“Estados Unidos se está quedando cada vez más solo internacionalmente en su política hacia Cuba, y aunque en el actual clima político poco se puede hacer legislativamente, el Gobierno puede ayudar a los cubanos a determinar su propio futuro construyendo políticas de reforma como las que ya ha comenzado”.
Este es uno de los argumentos que medio centenar de antiguos altos cargos estadounidenses de distintas tendencias políticas, empresarios e intelectuales consignaron en una carta en la que le piden al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que tome medidas ejecutivas para ampliar “los cambios ya en marcha” en la relación con Cuba. La novedad en este caso radica en que lo reclaman voces muy autorizadas —algunas con responsabilidad reciente en el gobierno de Obama— con una amplia experiencia y conocimiento de la relación entre EE.UU., Cuba y el resto de Latinoamérica.
Entre los firmantes están John Negroponte, exsubsecretatio de Estado y exdirector de inteligencia nacional durante el gobierno del presidente republicano George W. Bush, y el excomandante supremo de la OTAN y excomandante del Mando Sur James Stavridis. También figuran tres exsubsecretarios de Estado para el hemisferio occidental: Jeff Davidow, Alec Watson y Arturo Valenzuela, el exsubsecretario de Estado Strobe Talbott, intelectuales como Moises Naim y miembros de la comunidad cubano-estadounidense.
La misiva, que cuenta con el apoyo del Cuba Study Group (CSG) y el Consejo de las Américas, reconoce los avances del gobierno estadounidense para abrir los viajes a las familias cubano-estadounidenses y ampliar las remesas, pero lo anima a que dé un paso más en un momento en el que, señalan, la opinión pública es favorable a un acercamiento.
Los firmantes sugieren que se extienda un permiso generalizado de viaje que incluya intercambios de organizaciones profesionales, incluidas aquellas especializadas en derecho, sector inmobiliario, servicios financieros y de crédito y cualquier área orientada a apoyar la “actividad económica independiente”.
También piden ampliar los permisos de viaje a las organizaciones no gubernamentales y las instituciones académicas y que se les autorice a abrir cuentas en bancos cubanos con fondos para apoyar programas educativos en la isla. Las propuestas incluyen, además, que el Gobierno estadounidense inicie un diálogo “serio” con sus pares cubanos sobre temas humanitarios —como la liberación de Alan Gross— y otros como la seguridad nacional, la inmigración y la interdicción de drogas, permitir remesas ilimitadas, autorizar la importación y exportación de algunos bienes y servicios entre el sector privado estadounidense y emprendedores cubanos independientes, y permitir a las instituciones académicas emitir becas para estudiantes cubanos destacados, entre otras.
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