La locomotora minero-energética en la ley de participación ciudadana

Las alianzas se definen como “instancias de participación entre la ciudadanía, el Gobierno Nacional y las empresas, a través de las cuales se realizará la concertación en las áreas de desarrollo de explotaciones mineras o de hidrocarburos”. Las alianzas deben concretar “mecanismos de acción conjunta que permitan el desarrollo social sostenible”, a partir de una visión que “respete las características sociales, culturales y comunitarias”. Establece también que para “aspirar (sic) acceder a labores como mano de obra no calificada” se deberá certificar la residencia en el “área de influencia de los proyectos” mediante los registros electorales o del Sisben.

Estos aspectos merecen especial atención pues reglamentan la participación de las comunidades en la “locomotora del sector minero-energético”. Esta “locomotora” es una actividad estratégica del Plan de Desarrollo “Prosperidad para todos”. Las cifras del DNP muestran la dimensión de los intereses en juego. Entre el 2006 y 2009, la inversión extranjera en el sector minero aumentó en un 74%, pasando de USD$1.783 a USD$3.094 millones.

Aunque el plan menciona la necesidad de “atender y acompañar a la industria en su relación con las comunidades”, las realidades están demostrando que al momento de resolver las tensiones derivadas de la explotación del sector, las autoridades gubernamentales no son un punto de equilibrio. En los últimos meses se han producido varias acciones de protesta por los daños ecológicos y sociales que generan los proyectos hidroeléctricos de gran envergadura. La más reciente ocurrió en El Quimbo en el departamento del Huila.

Un video que circula por las redes sociales dejó al descubierto la violencia desmedida utilizada para el desalojo de los pobladores que reclamaban por las consecuencias de la megaobra adelantada por la multinacional ENDESA, que desvía el curso del rio Magdalena. La protesta se produjo luego del fracaso de una mesa de concertación que examinaba el cumplimiento de los compromisos y compensaciones a las comunidades afectadas.

Al referirse al hecho, el presidente Santos señaló que “no vamos a permitir que unos pocos impidan que el interés general predomine”. Este es el punto de controversia. ¿Puede invocarse una cierta idea del interés general para desconocer derechos de las comunidades afectadas y el equilibrio ambiental? ¿No es posible ponderar los intereses en conflicto y lograr una fórmula que no afecte en forma irrazonable a los pobladores? ¿Contempla la propuesta algún mecanismo para evitar este tipo de episodios?

El proyecto no indica cómo proceder, ni establece mecanismos de decisión cuando no se logre un acuerdo. Esa ambigüedad podría revestir de legalidad acciones desproporcionadas de fuerza si los afectados no acogen la visión de las multinacionales.

Sobre el segundo aspecto, la iniciativa señala que estas alianzas no sustituyen los procesos de consulta previa con los grupos étnicos. Sin embargo poco avanza en armonizar esta figura con el derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT y desarrollado por la Corte Constitucional que es lo que se necesita. Se limita a fijar unas tarifas para los estudios previos a la expedición de la certificación sobre la presencia de comunidades en las aéreas en que se adelantan la explotación o las obras. Su sentido es evidente. El proyecto se circunscribe a los aspectos que agilizan la puesta en marcha de los megaproyectos.

En síntesis, se aligeran las cargas para que este vagón del tren tenga mayor velocidad. Sin embargo, de aprobarse el proyecto como está la ley, quedará en deuda con el derecho fundamental a la participación.