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En memoria de Rodolfo Walsh.
A pocas calles del Monumental de Núñez, estadio donde juega el River Plate, queda el lugar destinado para honrar la memoria de los secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos en Argentina durante su última dictadura. El lugar es como una pequeña ciudadela donde los edificios cuentan con zonas verdes, calles y señales que permiten al visitante ubicarse con facilidad.
Entre los árboles que rodean los distintos edificios se ven rostros en blanco y negro, están en los pasillos, pegados en sus muros exteriores, exhibidos en carteles que se levantan uno tras otro, como una larga procesión que no termina. Estos rostros nos hablan de otra época: su ropa, el corte de pelo y una mirada que se detuvo entre 1976 y 1983.
El lugar era conocido como la ESMA –Escuela de Mecánica Armada– y fue el mayor sitio clandestino de detención y tortura que hubo en Argentina. Sin embargo, resulta igual de macabro pensar que en esos mismos pasillos y salones conjuntos, operaban oficinas que tenían como fin diseñar las prácticas de tortura que posteriormente serían aplicadas por los cadetes que allí estudiaban.
La ESMA era también un centro de instrucción militar, que buscaba legitimar, desde la academia y la formación castrense, las acciones que luego cometían contra las personas allí retenidas de manera ilegal. Basta con ver los exámenes que debían aprobar los estudiantes para ser parte de la Armada Argentina. Una pregunta de esos exámenes pretendía que el estudiante estableciera entre distintos grupos sociales cuál era más peligroso para la sociedad, por ser foco de infiltración del comunismo internacional. Entre las posibles respuestas estaban: a) universitarios, b) comunidades religiosas, c) damas de caridad, d) Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta era la “a)”. El objetivo de estos cuestionarios era naturalizar la crueldad que se impartía contra los que consideraban los enemigos de la patria y, por tanto, sus enemigos. Entre 1976 y 1983 cerca de 6500 estudiantes de colegios y universidades fueron desaparecidos, la mayoría de ellos fueron arrojados al mar y al Río de la Plata en los llamados “vuelos de la muerte”.
La triple función que tuvo la ESMA: centro de secuestro, espacio de planeación y lugar de formación, permite reflexionar no solo sobre las atrocidades que se cometieron durante la dictadura, sino sobre la institucionalidad y lo sistemático de estas prácticas. Algo que bien podría llamarse: la burocracia y la pedagogía del mal, donde se llevaba un detallado proyecto que tenía como fin refundar al país –reorganizar decía Rafael Videla–, y de paso exterminar a todo el que pudiera oponerse a este.
De ahí que sean los edificios y zonas verdes donde se planearon y ejecutaron las más crueles acciones, el espacio donde ahora se reconstruya la memoria de cada una de los cerca de 30.000 desaparecidos que hubo durante la dictadura. La memoria tiene que edificarse sobre el mismo espacio donde intentó ser destruida y desaparecida. Ejemplos similares se encuentran en Chile con Villa Grimaldi, Parque por la paz y la memoria; o el Memorial da Resistência de São Paulo en Brasil. Edificios que pertenecían al Estado, allí se violaron los derechos humanos y hoy son monumentos a la memoria.
Esta discusión es necesaria en Colombia. Si bien la memoria debe ser plural y responder a todas las víctimas del conflicto armado, independiente del victimario, es necesario abrir el debate sobre esos lugares de instituciones del Estado que sirvieron para ejercer violencia contra civiles, miembros de partidos políticos de izquierda y sus simpatizantes, contra periodistas, intelectuales y defensores de derechos humanos. Contra miles de personas que se consideraban “peligrosas” e indeseables para un proyecto político que no estaba interesado en mover un ápice su Statu Quo.
Es la hora de pensar que el problema no es refundar, una vez más, un nuevo organismo de seguridad nacional que reemplace el desaparecido DAS. Sino en reconocer que gran parte de la violencia que por décadas ha golpeado al país ha tenido como insumo y motor los departamentos de inteligencia y seguridad del Estado. Quizá es la oportunidad de que el Estado dé un paso más contundente en el reconocimiento de su responsabilidad en el conflicto, este podría ser resignificar un espacio como el edificio donde funcionaba el DAS, en cuyas paredes y cuartos oscuros quedan tantas historias por contar.
O incluso, de manera más crítica, preguntarnos como sociedad ¿cuál será el cuartel o complejo militar que permitirá dignificar la memoria de los civiles asesinados por miembros de la Fuerza Pública? Esos que hoy pasan desapercibidos bajo el eufemismo de Falsos Positivos y que deambulan como fantasmas por los callejones de la memoria.