Marcados por El Quimbo

Ese día Trujillo —que hasta ese momento se desempeñaba como albañil— y otras 80 personas que protestaban contra la construcción de la Hidroeléctrica de El Quimbo, en el sur del Huila, fueron desalojados por la Fuerza Pública y durante el operativo, dice Trujillo, dos granadas aturdidoras, de las que usa el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), le explotaron a escasos metros de distancia y una de ellas le causó la herida que hoy lleva con tristeza sobre el rostro.

Desde hace dos años, la multinacional Emgesa construye en el sur del Huila una represa con la que se espera generar 2.216 gigavatios de energía para abastecer la demanda nacional. Para ello, la empresa desvió el río Magdalena e inundará 8.586 hectáreas de las mejores tierras de la región, dicen quienes se oponen al proyecto.

De allí la tensión que se vivió durante el desalojo del 14 de febrero. Fue solicitado por el alcalde de Paicol (Huila), Norberto Palomino, y grabado por el periodista Bladimir Sánchez. El video que obtuvo fue subido a internet y publicado como El video que el gobierno no quiere que veamos, que ha sido reproducido casi un millón de veces por usuarios de la red. De ese momento Trujillo recordó: “Yo sentí el estallido, quedé estupefacto por unos segundos, hasta que recuperé el sentido y empecé a correr. Sabía que me había pasado algo, pero desconocía qué y quienes me miraban no me decían nada, sólo gritaban pidiendo ayuda”. Luego apartó las gafas con las que desde ese día se cubre para que no lo vean.

El operativo, de acuerdo con el Gobierno, contó con todas las garantías. Así lo confirmó el presidente Juan Manuel Santos. “Ese desalojo se desarrolló de forma normal y cumpliendo con los protocolos más estrictos en materia de derechos humanos y de los ciudadanos. Además, se realizó de acuerdo con un deber constitucional”, comentó el primer mandatario. “Se cumplió de acuerdo con lo que se ha estipulado, como el uso legítimo y proporcional de la fuerza. Éste se hizo a la luz de un Estado de Derecho, con validadores de la Personería, de la Cruz Roja y del Bienestar Familiar”, agregó el comandante de la Policía, general Óscar Naranjo.

El Gobierno no ha negado que el día del operativo hubo heridos. Todo lo contrario: lo ha mencionado ya varias veces. Sin embargo, esto no ha llevado a que Trujillo sea atendido adecuadamente. Así lo aseguró él. “Nadie se me ha acercado a decirme nada y ahora debo conseguir el dinero para comprar la prótesis para mi ojo, que según me dicen cuesta $15 millones”. Luis, su padre y labriego de la región, reconstruyó la que ha sido una tragedia familiar: “Nosotros somos gente muy pobre, apenas pudimos pagar los $600 mil que costó el tratamiento de Luis, y eso que contamos con la ayuda de vecinos y amigos que vieron nuestra situación”. Y agregó, refiriéndose a su hijo: “Nosotros ya no podemos verlo a los ojos, nos duele mucho porque después de ser un muchacho trabajador quedó así”.

“El problema no es tanto cómo me veo, sino que ya no podré trabajar como albañil o cualquier otra cosa. Imagínese, si me queda difícil siquiera caminar porque doy un paso creyendo que voy bien y me caigo. Ver con un solo ojo hace que uno perciba todo muy distinto”, comentó Trujillo. Está pensando en demandar al Estado, pero apenas hace una semana consiguió un abogado. “Había muchos que querían aprovecharse de mí y enriquecerse”. A pesar de su dolor, Trujillo tuvo fuerzas para decir: “Es bueno que la gente proteste. Se está cometiendo un atropello. Nos estamos quedando sin trabajo y cumplen lo que prometieron”.

El censo

Uno de los temas centrales de la discusión entre Emgesa y los manifestantes es el censo que la empresa realizó para determinar quiénes serían perjudicados con la hidroeléctrica y, por ende, merecían ser indemnizados. Al respecto, la multinacional informó: “Los censos socioeconómicos se realizaron en el año 2009, a través de un trabajo de campo juicioso y riguroso en el área de influencia directa. Éstos tuvieron la suficiente divulgación para que todo aquel que considerara debiera estar incluido, pudiera solicitar revisión de su caso. Luego fueron avalados por las autoridades locales y elevados a escritura pública. Con base en dichos censos se definieron casi 3.000 personas con derecho a compensación, divididas así: Población residente (1.764) y No residente (1.272)”.

Sin embargo, los campesinos de la región dicen que los afectados son muchísimos más. Según ellos, la cifra llegaría a 15 mil. “Yo podría demostrarle con nombres que el número es mayor de lo que dice la empresa”, comentó Jesús Benavides, partijero (aparcero) de la región. “El problema es que censaron a unos pocos y durante apenas 15 días”.

A muchos no los han censado porque los dueños de las fincas vendieron, se fueron y nunca certificaron quiénes trabajaban para ellos y que por culpa de la obra iban a quedar desempleados. “No queremos lo mismo que le pasó a Yaguará y Hobo (Huila) con la represa de Betania —advirtió Benavides—. Esos eran pueblos ricos y ahora son peladeros. Nos negamos a eso. Queremos trabajo para nuestros hijos y no criar prostitutas y ladrones”.

Pero, de acuerdo con Emgesa, estas personas sí fueron censadas y reconocidas. Al respecto, la empresa resaltó: “Para ellos la compañía definió un plan de compensación que consiste en la entrega de un capital semilla y un programa de acompañamiento con un componente de formación, para que los grupos poblacionales emprendan proyectos productivos que les permitan alcanzar los ingresos reportados en los censos socioeconómicos. A la fecha, más de 540 personas se han acogido a la medida”. Desde hace una semana la Contraloría encuesta a campesinos de la zona para ver si hubo personas que no fueron censadas por Emgesa y lo merecían. El conflicto en El Quimbo continúa, lo mismo que las obras y la desviación del río Magdalena.