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Aunque las autoridades aún siguen investigando las causas de una explosión en el pozo petrolero Capella 2, ocurrida este lunes en la madrugada, para la comunidad de Los Pozos, caserío adjunto al complejo, no hay duda de que el estruendo que los levantó de la cama a las cinco de la mañana fue producido por un atentado de las Farc.
“Aquí ya nos estamos acostumbrando a vivir en medio de este desorden público. Uno sabe que este tipo de cosas pueden pasar, porque los grupos armados buscan llamar la atención de los medios”, dice David Meléndez, líder comunitario de la zona. De hecho, al recibir la llamada de El Espectador para preguntarle por las consecuencias de la explosión, respondió con un “¿Por fin se acordaron de nosotros después de 10 años?”.
El reclamo no es gratuito. Desde que se asentaron los primeros pobladores en esta inspección de policía, hace casi 50 años, han escuchado de la existencia de petróleo en las entrañas de esta tierra por la que hasta ahora sólo habían visto pasar ganado, coca y guerrilla. Durante años guardaron la esperanza de que la prosperidad llegaría de la mano de una empresa que sacara el crudo, pero el único reconocimiento que obtuvieron vino por cuenta de ser la sede, de manera inconsulta, de los diálogos entre el gobierno y las Farc entre noviembre de 1998 y febrero de 2002.
Ministros, políticos, dirigentes gremiales, artistas y todo tipo de personajes pasaron por las dos únicas calles pavimentadas buscando Villa Nueva Colombia, una edificación construida por el gobierno para albergar la sede de los diálogos. Les prometieron inversión social, que nunca llegó. Lo que sí les quedó después del fin del despeje, y parece ser que para siempre, fue la marca de guerrilleros.
Por eso, cuando hace tres años y medio se concretó por fin la llegada de las empresas petroleras, sus habitantes fueron desechados para trabajar en la nueva industria. “Creen que todos somos guerrilleros”, reclamaban. Tras una fuerte presión social y en mesas de concertación con los dirigentes locales, se pactó con las empresas que algunos cargos de mano de obra no calificada fueran para los pobladores de la zona.
En agosto de 2009 comenzó la historia de la tan esperada explotación de crudo en esta inspección de San Vicente del Caguán. Sinochem Group, una empresa estatal china que figura como la cuarta productora de petróleo de ese país, compró la británica Emerald Energy, con lo cual se hizo a licencias de exploración y explotación en Colombia y Siria. Pero la entrada en el Caguán se concretó en noviembre de 2010, durante una rueda de negocios que se realizó por invitación colombiana a compañías chinas.
En su momento, Sinochem anunció que llegaba con un plan de inversión de US$ 80.000 millones entre 2011 y 2020. Pero hace dos semanas compró otra empresa que explota crudo en Colombia, la francesa Total. Así se hizo a licencias y pozos de explotación de petróleo y gas en Cusiana y Cupiagua, ampliando su portafolio en el país.
Los campesinos no saben mucho de Sinochem, porque la empresa que hace presencia directa en la zona es Emerald Energy. Lo que sí han visto es a ciudadanos chinos llegar, en camionetas blindadas y escoltadas, a internarse en los campos petroleros, que están fuertemente escoltados por más de 300 soldados de las brigadas móviles 9 y 23, pertenecientes al Comando Específico del Caguán. Estas unidades custodian los 29 kilómetros de carretera destapada que los separan del casco urbano de San Vicente y vigilan el movimiento de los ingenieros extranjeros, entre los que hay varios venezolanos. La seguridad se incrementó luego del secuestro de cuatro chinos por parte de las Farc en junio del año pasado.
Tal vez lo único que les ha asegurado a los pobladores la llegada de las petroleras es la presencia del Ejército. Pero no la tranquilidad. Se han vuelto comunes los ataques, las bombas, las balas. En diciembre pasado explotó un artefacto en otro pozo, pero no hubo un incendio que alertara como el de hace dos días. El 12 de enero las Farc volaron con cilindros bomba parte de Villa Nueva Colombia (la edificación que fue sede de los diálogos del Caguán) y hace un par de semanas otro cilindro explotó en la vía. Iba dirigido a la caravana.
La caravana es una acepción muy común en San Vicente y se refiere al desfile de 15 ó 20 carros cisterna cargados con crudo, que van custodiados por cuatro vehículos mecanizados del Ejército. Para llegar a Florencia, el Batallón Cazadores emplea unos 350 soldados en la vigilancia de los automotores. Aun así, desde enero de 2011, cuando empezaron a transportar petróleo, las Farc han atacado cuatro veces el convoy. Con todo y ataques, Emerald Energy ha extraído 345 mil barriles.
Los ganaderos y comerciantes del municipio no están de acuerdo con la llegada de las petroleras, creen que acabarán con las pocas fuentes de agua en la zona. Mientras tanto el alcalde, Domingo Emilio Pérez, aboga porque las compañías aporten directamente a la administración para financiar el Plan de Desarrollo que está concertando con las comunidades.
“Hemos estado bien sin el petróleo. No queremos que estén aquí, porque dejan un impacto ambiental muy fuerte. La lógica económica es salvaje, pero sabemos que la minería es un renglón estratégico de la economía nacional… No nos oponemos, pedimos manejo ambiental responsable y dinero para la inversión social”, dice el alcalde.
Pero tal vez la mejor lección de esta situación la da David Meléndez. “Estamos preocupados porque sólo sabemos ordeñar y hemos tenido que aprender de la industria petrolera para defendernos en temas laborales, ambientales y hasta de orden público. Es un monstruo que debemos enfrentar”.
