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Una de las últimas cosas que menciona la ministra de Educación, Aurora Vergara, al cerrar esta entrevista, tiene que ver con una preocupación. Cree que con lo que ha pasado en su sector, se están refundiendo las noticias que, a sus ojos, deberían generar esperanza en todos los estudiantes colombianos.
Aunque han sido meses de turbulencias, critica que no resalten ni se mencionen los esfuerzos de su Ministerio por darles más recursos a las universidades públicas, por ejemplo. “Hemos hecho el incremento más importante que ha tenido el Sistema de Educación Superior en las últimas décadas”, dice.
Se refiere a los $421.000 millones que acaba de destinar pare ese eslabón del sector. De ese monto, $253 mil millones serán para universidades públicas; $50 mil millones, para instituciones técnicas y tecnológicas; y $167 mil millones para fomentar el acceso al sistema de nuevos estudiantes. “Es un sector que debe generar esperanza”, insiste.
Pero, en la otra cara de la moneda, Vergara ha tenido que enfrentar dificultades que hoy persisten. El ejemplo más claro ejemplo el cambio de modelo de salud de los maestros, que ha recibido una lluvia de críticas. Son constantes las quejas de profesores que no encuentran citas ni reciben medicamentos.
La ministra dice que lo tiene el radar y que esta semana acordaron en el consejo directivo del Fomag remitir a las autoridades correspondientes la información para que cancele los contratos de las entidades que no están cumpliendo con la atención. También asegura que volverá a presentar la ley estatutaria de educación, tras su hundimiento, y que intentará hacer una reforma aún más gruesa: la del Sistema General de Participaciones, para ver si el sector sale de los apuros financieros.
¿Es un hecho que la van a presentar la próxima legislatura la ley estatutaria, luego de este primer fracaso?
Sí, la vamos a radicar de nuevo y, para ello, vamos a abrir los espacios de diálogo, como empezamos en septiembre del año pasado, para permitirle a todos los partidos y a los diferentes movimientos que puedan proponer la redacción que consideran más pertinente en función de los artículos que están generando mayor deliberación: el de educación inicial, los relacionados con los diversos niveles de educación, como la educación terciaria, y la evaluación de los docentes. Nuestra apuesta es que el país debe hacer de la educación su prioridad. La metodología que el Ministerio de Educación propone es la de diálogo social. Seguimos invitando a todo el país a sintonizarse con esa prioridad de educación, que restaure la dignidad humana. Esperamos reunirnos con Fecode para recoger sus peticiones después de esta jornada de deliberación.
¿En qué cree que falló la negociación? ¿Dónde estuvieron los principales errores?
Estamos hablando de un tema estructural, de un proyecto de ley que reconoce derechos y busca conectar al país con un momento similar al de la transición de la Constitución del 86 al 91. Estamos hablando de un proyecto que necesita poner en conexión múltiples visiones. Entonces, tenemos un reto de tiempo para que diálogo genere la construcción de consensos, de revisión de la redacción y de los espacios de confianza que les permita a estos actores tener la certeza de que a última hora no se cambiará lo acordado.
¿Cree que fue Fecode fue el actor que tumbó la ley estatutaria con las marchas y plantones de la última semana?
Aquí hay responsabilidades colectivas, hay muchas partes involucradas que tienen un rol en lo que sucedió en los últimos días. Por ejemplo, aquí hay un papel que desempeña el Congreso que, al final, decide no integrar en la agenda la deliberación en el último debate. También hay un rol de la movilización social y le deja un mensaje muy sólido al país: la importancia de escuchar a los diversos movimientos sociales. Este proyecto de ley refleja que, para transformar la educación, la apuesta no necesariamente está en las tribunas de adversarios, sino, por el contrario, en las mesas de concertación y de construcción de consensos.
¿Qué rol juega hoy Fecode en el gobierno de Gustavo Petro?
Fecode y los movimientos estudiantiles tienen el mismo rol que han tenido en gobiernos anteriores que es establecer que se escuche su posición. Existe la política de gratuidad porque los estudiantes se movilizaron para exigirle al gobierno del momento esa política. Acabo de terminar una columna de The New York Times, en donde la autora plantea que frente al debate del control de las armas en el Congreso de Estados Unidos, el rol más importante lo van a tener los movimientos. Ese es el mismo rol que cumple Fecode: mientras está avanzando en la concertación con el Gobierno, le está diciendo al Congreso que sus demandas se ponen en riesgo, pues van a hacerse sentir. Van a plantear su posición frente a estas decisiones y que debe ser escuchada, como lo han hecho con los otros partidos y otras instituciones.
¿Pero usted cree que en esta oportunidad Fecode es parte del Gobierno? Algunos dirigentes lo creen así…
Bueno, se debe tener en cuenta que las personas de Fecode son trabajadores del gobierno, estamos hablando de un sindicato de docentes. Los profesores de Fecode son funcionarios públicos del Ministerio de Educación, que es la entidad que lidera su vinculación. Entonces, no podríamos considerarlos como actores externos al gobierno, porque son un sindicato de trabajadores del sector de educación.
La otra gran promesa de este gobierno era reformar la Ley 30, de educación superior, ¿En qué quedó?
Estamos en una gran mesa de concertación nacional. De la misma manera que hemos propuesto espacios de diálogo con la ley estatutaria, lo hemos hecho con la Ley 30. Una vez se surtan todos los diálogos regionales, publicaremos en la página web del ministerio toda esta información. Esperamos recibir esos insumos y radicar este proyecto que tiene como ejes la calidad y pertinencia; la gobernanza y bienestar en la educación superior; y la financiación y reestructuración del Icetex. La apuesta es por un cambio duradero. Por eso planteamos la ley estatutaria, la reforma a la Ley 30 y la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), queremos que sean leyes sólidas promulgadas con grandes consensos. Eso es lo que deben esperar en la próxima legislatura.
¿Eso quiere decir que ya tienen listo un proyecto para reformar el Sistema General de Participaciones?
Sí.
¿Nos podría dar algunos detalles sobre en qué consiste esa reforma?
La reforma del sistema general de participaciones también la anunciamos justo en concertación en una de las mesas con Fecode. Queremos un mayor financiamiento para el sistema de educación. Está en concertación también con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que nos permita abordar las grandes apuestas de calidad y pertinencia.
El reto que estamos enfrentando es que casi el 50% de los jóvenes que están transitando de media a educación superior se están quedando sin oportunidades y, para que esto no sea así, necesitamos un sistema general de participaciones que soporte estas escuelas que requieren financiamiento. Casi 8.000 escuelas del país no cuentan con formación en décimo y once. La reforma tiene esos insumos.
Cambiemos de tema. El sistema de salud de los maestros sigue presentando traumatismos. Hay quejas de no entrega de medicamentos y de dificultades para acceder a especialistas. ¿Cree que se apresuró al hacer ese cambio de modelo?
Si hay una lección que nos deja la ley estatutaria es la importancia de escuchar de manera sistemática a los maestros y maestras. Es importante escuchar al magisterio colombiano. El acuerdo 03 de 2024 es el resultado de un acuerdo con el magisterio colombiano, de cómo quieren ver su modelo de salud. La transición, los tiempos y el mecanismo fue concertado con ellos. Los retos y los desafíos que está enfrentando el modelo requiere una Fiduprevisora, como entidad que opera esos recursos, cada vez más sólida, que acelere los procesos de contratación y la firma de cada uno de los contratos y convenios que tiene en las regiones.
Lo que sí les puedo confirmar es que, respecto a las entidades que han incumplido los acuerdos y los contratos, por ejemplo las entidades que dispensan medicamentos, de acuerdo con la votación del consejo directivo del Fomag del pasado miércoles, vamos a remitir la información a las autoridades correspondientes para que procedan a la sanción y a la cancelación de esos contratos. Así se abrirá la puerta a otras entidades que puedan prestar un mejor servicio.
Viendo ahora en retrospectiva, como han sugerido algunos actores que conocen el sistema de salud, ¿no cree que hubiese sido pertinente hacer primero una especie de piloto en una región, para que no hubiera tantos traumatismos?
Este modelo de salud no funciona de esa manera. Está estructurado a nivel nacional por diversas regiones y el cambio en una de ellas impacta a todas las demás. El acuerdo que se sostuvo, tiene unos tiempos diseñados y unos mecanismos. Estamos avanzando en consideración con lo acordado y la visión del Gobierno es dignificar la salud de los maestros. Haremos todos los esfuerzos pertinentes para que esa transición y ese modelo nuevo funcione y se le garantice al magisterio y a sus familias una salud en condiciones de dignidad.
¿Tienen un cálculo de cuánto dinero va a requerir el modelo de salud de los maestros en 2024?
El presupuesto aprobado para la transición del modelo de salud es de, aproximadamente, $1 billón y cubre todos los cambios solicitados por el magisterio, la atención primaria garantizando el principio de libre escogencia, la atención complementaria de alta complejidad y el acceso a diversos medicamentos. Desde el ministerio estamos haciendo un acompañamiento a la entidad que está ejecutando estos recursos para que cumpla con el contrato que ha firmado con el Gobierno y el magisterio.
¿Esa es la misma proyección que tiene el Ministerio de Hacienda?
El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo componen el consejo directivo del Fomag. Es decir que las decisiones se toman en el marco de ese consejo. Entonces, los datos son los mismos.
Hace poco se filtró un audio en el que se le escucha estar de acuerdo con la designación de Ismael Peña como rector de la U. Nacional. ¿Por qué después cambiar las reglas de juego y emitir una resolución que “resarciera los errores” de esta sesión del 21 de marzo?
Las reglas de juego en la Universidad Nacional no se han cambiado. El audio refleja una presidenta de un Consejo Superior Universitario (CSU) levantando una sesión. Ninguna universidad le puede ocultar a su comunidad educativa las decisiones que toma y mucho menos cuando se empieza un Consejo Superior diciendo que van a votar en un sentido y, al mismo tiempo, se le comunica a esta institución una votación completamente diferente.
Como lo he establecido desde el principio, todas las instituciones están obligadas a cumplir con el principio de transparencia. Así que el acta del CSU debe reflejar las decisiones tomadas, el sentido del voto de cada integrante y, de esa manera, avanzar con el cumplimiento de las decisiones que ahí se tomaron. El audio no evidencia los puntos en los que, de manera muy clara y sustentada en los conceptos jurídicos del Ministerio de Educación, senté mi posición con respecto a la metodología y al impacto que tiene que un plantel tenga un acta confidencial.
Ningún medio de comunicación, ninguna comunidad debería estar sometida a como lo que está, en este momento, la opinión pública en Colombia. Si este consejo superior no hubiese ocultado las decisiones que tomó en esa sesión, no tendrían que estar ni adivinando ni estableciendo conjeturas sobre lo que pasó. Esa es mi posición. Toda universidad debe cumplir con el principio de transparencia y publicidad. Ningún acta de la U. Nacional ha sido confidencial y no se sometió a votación su confidencialidad. Por tanto, debe ser pública, las decisiones, quienes votaron y el sentido del voto.
Usted nunca estuvo de acuerdo con el acta al ser anónima y al no contar con una serie de precisiones de la reunión. Ya se levantó el tiempo de confidencialidad de los audios. ¿Ha pensado en publicarlos?
Como lo establecí en su momento, los consejeros que pidieron anonimidad tenían que autorizar antes de que eso ocurriera. Y cuando uno de ellos publicó este audio, autorizando que ya fuera público, autoriza al resto del grupo para publicar el resto de sesión. Un Consejo Superior Universitario no es un teatro y las decisiones que se adoptan allí no se pueden teatralizar de esta manera. La manera más profesional de explicarle a una ciudadanía o a una comunidad educativa qué pasó, es sometiendo el acta a votación, como se hacen todos los consejos, y una vez este documento haya sido validado debidamente por todos los integrantes, se procede a publicarlo. Ese es el debido proceso. Esperaría que la Universidad Nacional logre que en la próxima sesión del CSU se valide el acta del 21 de marzo y se publiquen las decisiones que ahí se tomaron.
El CSU ha cambiado de consejeros, ¿no se podría usar ahora este nuevo equipo, la mayoría afín al Gobierno, para impulsar las votaciones que revelen esos audios?
Tendremos que esperar a que esa decisión se tome en el marco del CSU. Soy respetuosa de todas las decisiones que se toman en esas instancias y mi trabajo como Ministra de Educación es garantizar el debido proceso.
Muchos críticos la señalan de sentar un grave precedente sobre la autonomía universitaria. ¿Usted qué les responde?
Hemos garantizado la autonomía universitaria solicitándole a la U. Nacional que cumpla con los estatutos que dicen que la metodología se debe establecer en el marco del CSU. Hemos cumplido con la autonomía estableciendo que cada decisión se debe hacer en el marco de esas reuniones y solicité de manera sistemática múltiples sesiones extraordinarias para que nos reuniéramos y tomáramos decisiones. Hemos respetado la autonomía, estableciendo que la revisión del acta se haga por cada integrante del CSU. La hemos respetado, cuando requerimos que el acta refleje las decisiones que se tomaron en el marco de la sesión del 21 de marzo. El Gobierno Nacional ha sido respetuoso de cada artículo, decreto, ley y de cada sentencia, que tiene que con la manera en cómo se elige un rector o una rectora. Hemos respetado cada principio de la Ley 1740, que establece el procedimiento de inspección y vigilancia. Hemos respetado ese proceso, reconociendo la votación de la comunidad académica. Ninguna decisión que el Gobierno ha tomado en el marco la elección del rector ha estado por fuera de las normas vigentes.
Recientemente, la Universidad de Antioquia ha dicho que está en una situación financiera bastante compleja. ¿Qué sucede?
La gran movilización del 2021, llevó a que el gobierno nacional estableciera como medida de respuesta a las universidades públicas, calcularles el impuesto al consumo más el 4,65%. Ese fue el gran logro de los movimientos estudiantiles de hace dos años.
En 22 meses de gobierno, hemos logrado duplicar ese cálculo y ese recurso lo están recibiendo ya las universidades. Eso se demuestra con que tenemos más de 64 mil estudiantes nuevos en el sistema, para llevar a casi 800 mil estudiantes con la política de gratuidad. Estamos avanzando y estamos cumpliendo.
¿En qué radica la situación presupuestal de la Universidad de Antioquia de estos días? En que las diversas fuentes de financiamiento que tiene la universidad no le funcionaron al principio de este año y la manera como mueven sus cuentas para pagos no les permitió, con esos recursos adicionales con los que cubren algunos pagos, respaldar esas obligaciones. Pero en este momento, las universidades públicas están en el mejor de los mundos: tienen el doble del financiamiento a sus bases presupuestales, que lo que han exigido históricamente. Y esperamos en esta coyuntura de tránsito de semestre que reciban a muchos más estudiantes, en el marco de esta política que llamamos “Puedo Estudiar”.
Muchos de los debates de hoy se centran en Bogotá. Pero muchos de estos jóvenes en las zonas rurales y en todo el país necesitan saber que, además de todo lo que está pasando en el sector, hay muchas oportunidades de acceder a las carreras que tanto han esperado y que tanto han solicitado de parte del Gobierno Nacional. Si por alguna razón, en la narrativa que construyen, le encuentran también una oportunidad a la esperanza y a la creación de oportunidades, también les tenemos esas buenas noticias.
Estos últimos meses ha tenido que “torear” asuntos difíciles estos últimos meses y hay rumores sobre su salida del gabinete. ¿Usted qué sabe? ¿Se va a ir del ministerio?
Lo que tiene seguro un ministro o una ministra desde el día de su posesión es que tendrá un día de salida. Una vez el Presidente tome una decisión al respecto, el país lo sabrá.
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