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Este domingo se cumple un mes desde que se inició la segunda legislatura en el Congreso y aunque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, había anunciado que el mismo 20 de julio se volvería a presentar el proyecto de reforma laboral, eso no ha pasado. Pero no es el único. Esta situación es similar a la que atraviesan las otras iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, como pasa con el proyecto de ley de sometimiento, que tampoco ha sido presentado, y con las reformas pensional y de salud, que no tienen ponencia de segundo debate.
En un semestre en el que las elecciones regionales son protagonistas, los tiempos son apretados, pero la celeridad con la que arrancó el trámite de las reformas el año pasado, disminuyó. ¿Qué es lo que espera el gobierno del cambio? Según explicó la vicepresidenta del Senado y militante del Pacto Histórico, María José Pizarro, “lo primero son los acuerdos”, y luego “el trámite se dará”.
El jefe de la cartera del Interior anunció que se reuniría con todos los partidos para negociar el “acuerdo nacional” del cual habló el presidente durante su discurso del 20 de julio, precisamente en la instalación del Congreso. “Yo creo que es el momento de la reforma social, es el momento para que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un acuerdo nacional”, dijo Petro ese día.
Sin embargo, hasta el miércoles de esta semana, Velasco solo se había reunido con la bancada de la U. Este punto es clave, porque mientras no haya avances en las negociaciones con los partidos, es poco probable que las reformas sean presentadas, debido a su poca probabilidad de sobrevivir.
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“El trámite se tiene que dar, porque el Congreso está funcionando, pero nosotros no vamos a llegar a presentar las reformas, a que se diriman en el marco del debate o que lleguemos a una situación de ausentismo, de no conformación del quórum, de negarse a anunciar los proyectos de ley, de negarse a debatirlos, etc.”, argumentó Pizarro. Y agregó: “Lo que buscamos es que cuando se inicie la discusión haya consenso sobre los proyectos para que el trámite sea sencillo, menos turbulento y que al final podamos tener las reformas que merece la sociedad”.
Más allá de los acercamientos entre el ministro del Interior y las bancadas, otros miembros del gabinete han continuado trabajando en los ajustes de las reformas antes de presentarlas. Este es el caso del proyecto de reforma la laboral, la cual se hundió en la legislatura anterior por falta de quórum en su primer debate. Actualmente la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, adelanta diálogos con gremios y sindicatos para llegar a acuerdos y que el articulado sea más consensuado.
La jefa de esa cartera ha estado trabajando sobre la ponencia original, que no llegó a exponerse en la Comisión Séptima de la Cámara, entre otros asuntos, porque el día en el que finalizaban las sesiones ordinarias les llovieron recusaciones a los representantes por parte de la oposición. La nueva ponencia tendría 12 artículos adicionales. “Empezamos muy adelante en este nuevo trámite, la idea es que el Gobierno radique la reforma, se nombren nuevamente ponentes y coordinadores, que puede ser uno o varios pensándolo de manera estratégica para este nuevo periodo y en medio de elecciones”, explicó María Fernanda Carrascal, quien fue coordinadora ponente del proyecto en la legislatura pasada.
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La congresista espera que la reforma se radique una vez más antes de que acabe agosto y se muestra positiva del ambiente para debatirla: “Las diferentes bancadas saben que la reforma debe darse porque el Código Sustantivo del Trabajo está desactualizado prácticamente desde que se hizo y las pocas modificaciones que se han hecho durante los últimos 30 años han sido regresivas para los trabajadores y trabajadoras, ahora es sólo ponernos de acuerdo”.
El representante del Centro Democrático Andrés Forero opinó que el problema radica en que para el Gobierno el acuerdo nacional “es que los demás partidos se plieguen a lo que ellos quieren al pie de la letra”. Según él, en el caso de la reforma laboral “la ministra no quiso ceder un ápice en el periodo anterior, que fue todo el tema sindical. Uno siente que es posible que el Gobierno, para tratar de mantener la favorabilidad de parte de los sindicatos, decida presentar una reforma que no tenga viabilidad política”.
El contexto para el Pacto Histórico ha sido retador desde el mismo 20 de julio. Ese día, Petro confirmó que se radicaría el proyecto de reforma al Código Minero, al igual que a la educación y a los servicios públicos. “Aquí es sustancial el cambio de norma. Vamos a presentar un proyecto de ley que versa sobre la minería y espero el debido cuidado para su estudio pertinente y así volver a establecer una alianza entre pequeña minería y Estado para defender el territorio de la guerra”, afirmó. Ese mismo día, hacia las 11 de la noche, la bancada del presidente perdió la presidencia del Congreso. El senador de la Alianza Verde Iván Name quedó elegido para el cargo cuando el apoyo del Gobierno estaba en la congresista Angélica Lozano.
Días después, los partidos tradicionales rompieron los acuerdos de mesas directivas y le quitaron la presidencia de la Comisión Primera del Senado a Alexánder López, que quedó en manos del conservador Germán Blanco.
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Aunque no es una reforma, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia que abandera el gobierno también está en “veremos”. Este terminó archivado en la pasada legislatura también por falta de debate. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo en diálogo con El Espectador, que la agenda de la legislatura pasada había sido muy ambiciosa y se había enfocado en otras reformas. En la entrevista, hace más de un mes, contó que se estaba contemplando otra opción en lugar de radicar el proyecto de una nueva ley. Esta sería que las organizaciones criminales se sometan a la justicia ordinaria a través de la Ley de Justicia y Paz, que en un primer momento cobijó a los grupos paramilitares.
La idea no convence al ministro ni tampoco al congresista de la Alianza Verde Ariel Ávila, quien fue el coordinador ponente del proyecto en el Senado. “Prefiero una nueva ley, sin dudas. Justicia y Paz tiene vacíos que, aunque se entren a corregir, van a generar muchos debates, entonces es mejor una nueva ley, pero entiendo que hay demoras. Al final, prima lo que diga el señor presidente”, dijo este último al respecto. El Gobierno aseguró que espera tomar la decisión definitiva antes de septiembre y que también se radicaría en este nuevo año legislativo el proyecto de ley de humanización carcelaria.
De las tres iniciativas nuevas, el proyecto de reforma al Código Minero, a la educación y a los servicios públicos, ninguna ha sido radicada. Respecto a la segunda, el senador Carlos Julio González Villa contó que la próxima semana está citado en la Comisión Tercera un debate de control político “para revisar en detalle la financiación de la reforma a la educación que permita establecer su viabilidad y pertinencia financiera”. “Esperamos que estas reformas tengan la socialización que se merecen y requieren. El error que el Gobierno puede corregir, es propiciar una amplia socialización, discusión y consenso”, agregó el congresista de Cambio Radical. Para él, “hay reformas que merecen un gran acuerdo nacional y deberían trascender cualquier cálculo político, sobre todo electoral, porque están relacionadas con los altos intereses sociales y de bienestar de la Nación”. Entre ellas, la reforma a la educación.
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Por último, las reformas pensional y a la salud tienen que superar tres debates más en el Congreso para convertirse en leyes. Sin embargo, los textos de ponencia aún no han sido presentados. El 7 de agosto, desde el Puente de Boyacá, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, contó que ya se había reunido con los ponentes del proyecto y que le habían solicitado a la presidenta de la Comisión, Martha Peralta, que les diera un tiempo de una semana para elaborar el texto. “En unos 20 días podría empezar el debate en la plenaria y posteriormente pasará a consideración de la Cámara”, dijo. Es decir, estimó el debate para la última semana de agosto.
Sobre la reforma a la salud, Andrés Forero, del Centro Democrático, dice que no se ve el debate en el horizonte del corto plazo. “Todo parece indicar que el Gobierno no ha logrado los compromisos con las bancadas que lo han apoyado en el pasado y, por esa razón, uno ve que es difícil que la vayan a tramitar”, anotó el representante. “Además, a medida que sigue pasando el tiempo queda más en evidencia la incompetencia que tiene el gobierno para manejar las entidades”. Citó el ejemplo de la Adres, que cumple un rol clave en la reforma a la salud: “tiene un muy mal desempeño y cada vez aflora más la incapacidad técnica y administrativa que tendría para hacerse cargo de todo el sistema y reemplazar a las EPS”.
El reloj no se detiene y es incierto qué suerte correrán los proyectos del Gobierno si no se presentan antes de que acabe el mes.
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Por Daniela Cristancho
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