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El segundo año legislativo cerró hace un día, pero desde ya el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso están recalculando sus estrategias de cara a lo que vendrá cuando se reanuden las labores parlamentarias. De hecho, se anunciaron ajustes en el gabinete ministerial y también habrá cambios en las cúpulas del Senado y la Cámara, lo cual, sumado a un anticipado debate electoral por las presidenciales de 2026, está reconfigurando el panorama político.
La legislatura que pasó marcó un punto de inflexión en la relación entre la Casa de Nariño y el Legislativo, en medio de fuertes tensiones que incluso dejaron enfrentamientos directos entre el jefe de Estado y algunos congresistas por la supuesta existencia de un “bloqueo institucional”. Esto, en respuesta al agridulce resultado que dejó el trámite de varios proyectos considerados trascendentales por el Gobierno. Aunque se aprobaron varios, se hundieron las reformas a la salud y a la educación.
Esa compleja relación no se centró solamente en la discusión del fondo de las reformas, sino también en maniobras legislativas, el escándalo por los supuestos dineros que habrían llegado al Capitolio desde la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd) para aprobar los textos, la presión desde las calles sobre la agenda y varios anuncios del presidente, como sus llamados al “poder constituyente”, la posibilidad de sacar por esa vía algunas propuestas y sus dudas sobre el acuerdo nacional: “No es el momento”, dijo desde Cali el mismo día que habló por primera vez de una constituyente.
No obstante, tras el último día de este semestre legislativo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, destacó un trino publicado por Petro, en el que indicó que “la posibilidad de un gran acuerdo nacional revive”. De hecho, por eso él mismo le pidió este vienes al mandatario poner en marcha “un acuerdo legislativo que permita construir una agenda (…) Yo sí creo que el Gobierno tiene que pensar en traer personas de los partidos que representen ese acuerdo”.
Pero hay dudas sobre esa propuesta. Primero, porque Velasco, que logró mantener del lado del Gobierno a una mayoría de representantes y a un grupo muy apretado de senadores, sería uno de los primeros en dejar su cargo tras el eventual remezón ministerial anunciado por Petro. También, porque el presidente se estaría rodeando de funcionarios mucho más cercanos a su proyecto político de izquierda. Y solo este 21 de junio dijo desde Popayán que la reforma a la educación se hundió porque “no hubo tal acuerdo nacional” y que fue “ingenuo” creyendo que tal diálogo era posible.
En el Gobierno conviven posturas diversas y hay varias voces que desde hace meses hablan de divisiones, de un “fuego amigo” y de supuestas “zancadillas”. Tan solo este 21 de junio, la primera dama, Verónica Alcocer, denunció un plan de desprestigio en su contra desde el interior del propio Gobierno y le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que investigue los supuestos montajes que pretendían asociarla con los hechos de corrupción en la Ungrd.
De otro lado, también se ha hablado de la salida de otros ministros como Aurora Vergara, de Educación, por la crisis generada con Fecode en el marco del trámite de la reforma a la educación. Y también la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, no solo porque su cartera habría sido una de las de ejecución más baja en lo que va del 2024, sino porque el petrismo más duro la ve como una figura cercana a los partidos tradicionales. Otros hablan de Guillermo Alfonso Jaramillo, de Salud, y Andrés Camacho, de Minas y Energía. Los cambios podrían concretarse la semana siguiente.
Aunque todavía no se han confirmado todos los nombres, la próxima legislatura sí iniciaría con nuevos actores políticos en el Ejecutivo y posiblemente con otro ministro de Gobierno timoneando los acuerdos en el Congreso. Según fuentes, podría gestarse el regreso del ahora embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, quien estaría conversando con un sector que incluye a la directora del DAPRE, Laura Sarabia, para reconstruir acuerdos y evitar que se adopten posturas más radicales. O también del actual presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.
(Lea: “La encrucijada fiscal [análisis]”)
Lo que se iene en la relación con el Congreso
Los acuerdos que logre construir el Gobierno serán claves, puesto que, al desgaste natural de su capital político se suma que al presidente Petro le queda realmente un año de ejecución, pues a mediados del 2025 Colombia entraría formalmente en periodo preelectoral y a inicios de 2026 en Ley de Garantías. Todo esto, mientras sectores de centroderecha y derecha buscan ganar legitimidad en medio del debate público.
Desde el Gobierno reconocen que para lograr esos objetivos, será necesaria una figura que unifique a todo el Pacto Histórico en el Congreso e incluso a los ministros del Gobierno, pues hasta ahora se ha hablado de figuras que buscan protagonismos individuales y que inclusive quieren proyectarse para 2026. En ese marco, se pondrían a consideración nuevamente las reformas a la salud, a la educación y la que le da competencias a la jurisdicción agraria; además continúa en trámite la reforma laboral.
Pero, sin acuerdos y sin una voz que lidere, será muy difícil sacar esas propuestas con vida, especialmente en el Senado, en donde las mayorías son limitadas. Además, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador y quien ha sido distante al Gobierno, sería el próximo presidente del Congreso. Eso sí, el Gobierno no intervendría en su elección, porque al parecer lo consideran una voz garantista, pero especialmente porque llegaron tarde a esa discusión.
“Espero que la relación con el Ejecutivo sea respetuosa, de colaboración armónica entre los poderes públicos. Por mi parte, si llego la presidencia, ofreceré todas las garantías. Y el llamado al gobierno es que se allanen a la concertación de los proyectos. En esa medida, creo que podemos avanzar. Sabemos que se requieren unas reformas”, dijo a este diario Cepeda, quién fue ratificado por su partido como candidato único a presidir el Senado.
En la elección en la que sí buscará espacio el Gobierno será en la de la presidencia de la Cámara, que le corresponde al partido Alianza Verde. Aunque Katherine Miranda ha estado moviéndose para conseguir los votos, el Gobierno no apoya su aspiración y recientemente, Martha Alfonso, más cercana a ellos y quien fue ponente de las reformas pensional y de salud, se postuló para hacerle frente. El oficialismo también ve con buenos ojos al representante Jaime Raúl Salamanca, cercano al sector del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
El Ejecutivo sabe que puede intervenir en la Cámara, pues allí tiene las mayorías a su favor, en donde lograron construir un bloque integrado por el Pacto Histórico, varios aliados de los partidos tradicionales y con 14 de los 16 integrantes de las CITREP. Eso lo demostraron con la aprobación de la reforma pensional, que tuvo 86 votos a favor. Mientras tanto, en el Senado solo construyeron las mayorías para asuntos muy específicos, y los cercanos son principalmente del Liberal y la U.
Es más, fue desde el comité político, integrado por el ministro del Interior y por los congresistas María José Pizarro y David Racero, que se promovió convertir a esos aliados en una especie de coalición para respaldar al Gobierno. Esto no se logró en el Senado, en donde los acuerdos varían. Pero en la Cámara fue posible incluso con el respaldo del Partido Conservador. Allí se buscó también el apoyo de legisladores más hábiles, pues dentro del Ejecutivo se ha hablado mucho del limitado control parlamentario de los representantes del Pacto Histórico por su inexperiencia.
Por el momento, el próximo año legislativo será crucial, pues además de las reformas, seguirá su curso la investigación contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en la Comisión de Acusaciones. Y también vendrán proyectos adicionales en materia macroeconómica, con los que el Gobierno planea enfrentar la desaceleración. Por un lado, se ha hablado de flexibilizar la regla fiscal, pero también de una nueva reforma tributaria y de una ley de inversión forzosa.
Ahora, la reforma a la educación entraría nuevamente por las comisiones primeras, la pensional por las séptimas y los proyectos económicos por las terceras. Por eso, los nombres que ocuparán las mesas directivas también son una preocupación. En el Senado, la Comisión Primera se la disputan Ariel Ávila y Jota Pe Hernández (Alianza Verde). La Séptima le corresponde al Partido Conservador, y se habla de la senadora Nadia Blel. La Tercera es del Partido Liberal y posiblemente sea Karina Espinosa, quien también querría ser primera vicepresidenta del Senado.
En la Cámara, la Primera le corresponde al Partido de la U, y las mayorías las tendría Ana Paola García. La Séptima será presidida por Gerardo Yepes del Partido Conservador, y en la Tercera hay un pulso entre los liberales Silvio Carrasquilla y Kelyn González.
“El país tiene profundas expectativas. Por supuesto habrá que mirar qué decisiones se toman alrededor y quiénes quedan en las mesas directivas, y si ellos van a ser garantes con todas las bancadas”, dijo a El Espectador la senadora María José Pizarro. Por su parte, el senador de oposición, David Luna, señaló que lo que busca un sector del Gobierno es iniciar temprano el debate electoral de cara al 2026, por lo que advirtió que no hay que “picar ese anzuelo”. Según dijo, “quieren que la campaña presidencial comience lo más rápido posible. Y tenemos que exigirle a Petro que gobierne y ejecute”.
Así pues, se vienen ajustes estratégicos y entre tanto, se prevé la necesidad de recalibrar las alianzas políticas, no solo para avanzar con los proyectos, sino también para que el Ejecutivo gane mayor gobernabilidad en los dos años que le quedan. El discurso del jefe de Estado también marcará el ritmo de la relación interinstitucional, y hay expectativa por el tonó que manejará cuando el Congreso en pleno lo vuelva a escuchar en un mes, en la instalación de las sesiones para el periodo 2024-2025.
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Por Laura Duarte Sandoval
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