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En 2012, la Policía de Nigeria arrancó una operación en el norte del país para detener a familiares de los líderes de Boko Haram, parte secta, parte grupo terrorista, que desde 2002 se atrincheró en la región de Borno para ejercer una mezcla particular del terror en la cual hay ciertas ambiciones políticas, bastante de ideas religiosas extremas, y que suele expresarse mediante una violencia tan calculada como brutal.
La idea, claro, era ejercer presión sobre el liderazgo del grupo islamista radical. El mecanismo de reacción de una organización primitiva, aunque ciertamente eficaz, no puede ser diferente de su naturaleza: “Como ahora están reteniendo a nuestras mujeres tan sólo esperen qué les va a pasar a las suyas”.
Las palabras eran de Abubakar Shekau, el líder del grupo que el 14 de abril de este año se llevó a 300 niñas del pueblo de Chibok hacia la reserva forestal de Sambisa, con un área de 60 mil kilómetros cuadrados, para comenzar a distribuirlas como esclavas sexuales o esposas al interior del grupo y en otros países.
Distribución es un término duro, quizá, pero no por eso menos adecuado porque, en últimas, las 300 niñas secuestradas en Chibok son una suerte de trágica mercancía en la industria del tráfico sexual que, según algunas cifras difusas sobre un negocio difuso, puede valer más de US$35 mil millones mundialmente cada año.
Esta es una de las caras de la esclavitud moderna, un fenómeno que, con ciertas diferencias, parece expresarse globalmente. De acuerdo con un estudio de 2013 realizado por la fundación SumAll, que utilizó técnicas de análisis financiero para establecer el valor de la esclavitud, se calcula que hay alrededor de 27 millones de esclavos mundialmente. Esta cifra incorpora el tráfico sexual y el trabajo forzado (infantil y adulto). El lado más siniestro de la cantidad es que se calcula que en 1860 había 25 millones de esclavos globalmente. La diferencia obvia entre ambas épocas, quizá, es que el mundo de 1860 consideraba en un 78% que la esclavitud era legal, además de buen negocio. Y el negocio, aunque ampliamente ilegal, continúa siendo bueno.
En Tailandia, por ejemplo, una mujer explotada sexualmente puede rendir hasta US$1.000 en ganancias diarias para sus manejadores, según cifras de la fundación Freeland. Manejador o dueño, aunque esta es una palabra fuerte y, tal vez, técnicamente no apropiada porque en la esclavitud moderna la eficiencia del látigo y la cadena fue reemplazada en buena parte por el poder de la deuda: mujeres, en su mayoría, que deben entregar su cuerpo como medio de trabajo para poder pagar su libertad. El estudio de SumAll estableció en US$18 mil el promedio de ganancia de un esclavo sexual en Tailandia durante su tiempo de trabajo, que, en general, suele ser de seis años; seis años antes de poder escapar o pagar lo adeudado.
Con 79%, la explotación sexual es la trata de personas detectada con más frecuencia, seguida del trabajo forzado (18%). Las cifras, compiladas en un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, aseguran que el 62% de los casos de esclavitud sexual sucede en Europa y Asia Central, 51% en las Américas, 44% en Asia del Sur, Este y la región Pacífica y 36% en el Medio Oriente y África. Unicef calcula que cada año se documentan 1,2 millones de casos de tráfico de niños. En este escenario, los números, como el tiempo, son relativos porque dependen en buena medida de la voluntad y las posibilidades de denuncia de las víctimas. El mal de la estadística moderna, al menos para estos fenómenos, se llama subregistro.
La explotación sexual suele implicar una ganancia, una empresa que concursa en un mercado, así el mercado sea el del deseo. Y si bien son dos asuntos diferentes por varios factores, el uso del cuerpo como mercancía y como elemento de poder es un asunto común entre esta práctica y el matrimonio forzado, algo usual en culturas de Medio Oriente, África y Asia, principalmente.
Cada año, entre 10 y 12 millones de niñas menores de 18 años son obligadas a contraer matrimonio en países en desarrollo, lugares en los que un casamiento no es tanto la unión de dos personas, como el vínculo superior entre dos familias, según la periodista Cynthia Gorney, quien ha asistido a algunas de estas bodas en sitios como India o Yemen.
En el matrimonio forzado entran a jugar elementos como la religión o la tradición de cada sociedad en la que el poder se expresa en varios niveles: el poder de una mujer como canje para formar una alianza sólida entre familias o el poder que el hecho de estar casada ejerce sobre la mujer como tal. Y, a veces, esto último se traduce en protección. En una investigación para National Geographic, Gorney se encontró con un padre en India que preguntaba desafiante quién protegería a su hija si aceptaba casarla cuando fuera mayor de 18 años, quién evitaría que fuera violada a los 14 años.
En el campo de la religión, invariablemente, hay que lidiar con el fanatismo. “Si hubiera algún peligro en el matrimonio temprano, Alá lo habría prohibido. No podemos prohibir nosotros algo que Alá no ha prohibido”, le dijo un diputado del parlamento yemení a Gorney.
Un problema con varias causas suele requerir de una solución con más de una cara, especialmente si se trata del rostro de un soldado. El auge de Boko Haram en el norte de Nigeria se explica, en parte, por la desigualdad económica entre esta región y el resto del país. Este mismo desbalance suele ser uno de los anclajes predilectos para la explotación sexual o el matrimonio forzado.
Una creencia común entre un número cada vez mayor de investigadores es que la represión suele ser menos efectiva que el ofrecimiento de incentivos y mejor calidad de vida para las zonas en donde estos fenómenos florecen. La estrategia, claro, puede tomar más tiempo y dinero, pero nivelar el campo de juego con oportunidades y recursos parece ser la mejor competencia contra el extremismo, siempre tan primitivo, siempre tan eficiente.
slarotta@elespectador.com
@troskiller