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La policía venezolana detuvo este jueves a 243 jóvenes en una gigantesca redada nocturna en el este de Caracas que desató una serie de disturbios, en uno de los cuales murió un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana por impacto de bala.
El gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro justificó el despliegue de más de mil agentes antimotines para desalojar en plena noche cuatro campamentos de protesta –el más nutrido frente a las oficinas de la ONU– donde dicen se albergaban grupos que preparaban «actos terroristas».
En respuesta, grupos de jóvenes opositores realizaron desde el mediodía protestas relámpago en al menos una decena de sitios del este de la ciudad, algunas de las cuales derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Al final de la tarde, en un hecho todavía por esclarecer, un policía murió por impacto de bala en uno de esos enfrentamientos, en el barrio acomodado de Los Palos Grandes, en el municipio de Chacao.
«Lamentablemente un policía falleció por un disparo en el cuello«, aseguró el director de Polichacao, Yoryi Carvajal, que informó además que otro efectivo fue herido de bala en el mismo hecho.
Más tarde, Maduro aseguró que el policía fue impactado por «un francotirador mientras se encontraba limpiando escombros de unos guarimberos (personas que protestan trancando calles con barricadas)».
Los disturbios dejaron además otros seis heridos leves, otro policía y cinco manifestantes.
Los campamentos desmantelados eran la cara visible de los últimos restos de las protestas iniciadas en febrero contra el gobierno de Maduro y que han dejado, con este último, un total de 42 muertos, además de 800 lesionados y casi 150 casos investigados de abusos policiales.
«Se tenía evidencias de que de esos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas: incendiar patrullas de la policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad», dijo el ministro de Interior, general Miguel Rodríguez Torres.
En los operativos fueron «incautadas drogas, armas, explosivos, morteros, granadas lacrimógenas y todo lo que utilizan a diario para enfrentar a los cuerpos de seguridad«, afirmó el ministro, quien fue jefe de los servicios de inteligencia.
La redada ocurrió pocas horas después de que el gobierno anunciara la postergación para la semana siguiente de una nueva reunión del complejo diálogo de pacificación –al cual solamente aceptó asistir el sector moderado de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática, MUD– y que permanece sin pistas de avances concretos luego de un mes.
Este jueves, el gobierno de Estados Unidos aseguró que por ahora no impondrá sanciones a funcionarios venezolanos implicados en abusos contra manifestantes, pero dejó abierta esa posibilidad si el diálogo entre gobierno y opositores se estanca.
Por su parte, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, quien fue nuncio por cuatro años en Venezuela, aseguró que viajará «próximamente» a Caracas Venezuela para participar en el diálogo de paz.
Condena de Capriles
La redada fue repudiada por el principal líder opositor Henrique Capriles. «Llevarse a estudiantes detenidos no está bien. Quien actúa en la oscuridad sabe que algo sucio está perpetrando», denunció el excandidato presidencial en un encuentro con docentes.
Según la abogada y activista de los Derechos Humanos, Elenis Rodríguez, «muy pocos jóvenes pudieron escapar a la arremetida. Los detenidos fueron trasladados algunos a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (…) y otros a (la unidad militar de) Fuerte Tiuna».
«Actúan a las tres de la mañana en una emboscada clara a nuestros compañeros (…) Tendrán que preparar celdas más grandes, los estudiantes seguiremos luchando por nuestros derechos», prometió el líder estudiantil Juan Requesens.
Fuerza bruta
El «uso de la fuerza bruta para limitar la libertad de expresión estimula protestas más agresivas y peligrosas que hacen más difícil el diálogo. Puedes aplastar al adversario, pero no estás solucionando los problemas», dijo a la AFP el analista político Luis Vicente León.
«En medio de una crisis económica, con anuncios de racionamiento de agua y electricidad, el gobierno va en contra de una sociedad que protesta (…) Su acción intenta mostrar que no está dispuesto a ceder en ningún terreno» dijo León, titular de la consultora Datanálisis.
Su firma reveló esta semana una encuesta según la cual seis de cada diez venezolanos reprueban la gestión de Maduro, heredero político de Hugo Chávez.
Las protestas, calificadas por el gobierno como un «golpe de Estado en desarrollo», fueron motorizadas por la violencia criminal fuera de control, la inflación de casi 60% anual y la escasez pertinaz de alimentos, medicinas y otros bienes.
En un país que recauda 100.000 millones de dólares anuales por sus ventas de crudo, la población debe hacer horas de filas para tratar de obtener –cuando tiene suerte– un paquete de azúcar, leche, aceite, papel de baño o medicamentos.
Audiencia suspendida
Entretanto este jueves fue suspendida la audiencia judicial que debía decidir el eventual enjuiciamiento del opositor radical Leopoldo López, detenido desde febrero en una cárcel militar a las afueras de Caracas.
«Hoy la justicia injusta se escondió. ¿A qué le temen? ¿A la verdad? Saben que debo salir en libertad», declaró el encarcelado dirigente a su salida del Palacio de Justicia de Caracas, escribió su partido Voluntad Popular en su cuenta de Twitter.
López es el principal promotor de la estrategia de forzar con protestas callejeras la renuncia de Maduro.
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