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¿La razón? No era procedente elevar al rango de ley la reglamentación de este tipo de servicio. Ante esta decisión, el representante a la Cámara por Bogotá, David Luna, manifestó su inconformismo. “Buscábamos establecer los criterios y requisitos mínimos para la implementación, seguimiento, formación y control de medidas de seguridad industrial que deberían cumplir las empresas que presten o usen el servicio de transporte escolar”.
El año pasado, la Contraloría de Bogotá denunció que el 46% de los conductores de rutas escolares de colegios públicos aparecían como infractores de las normas de tránsito, reincidentes y morosos, con deudas cercanas a los $1.142 millones. Estos datos, sumados a los índices de accidentalidad, generaron la propuesta de Luna, rechazada el pasado 23 de mayo.
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