Suba, de la violencia al pánico, del terror a los acuerdos

Todos los días a las 10 de la noche John García (*) tiene que estar adentro de su casa. Es una orden inobjetable. Horas más tarde, en medio de un sueño intranquilo, oye, nítido, el sonido de los carros que pasan a gran velocidad. En medio del frío penetrante de la madrugada bogotana, García sale de la cálida comodidad de sus cobijas y se acerca a la ventana. Mientras un soberbio aguacero se desgaja implacable sobre el barrio Santa Rita, en Suba, ve varias camionetas con vidrios polarizados. Los vehículos pasan rápido de un lado a otro de la calle. Las llantas chillan contra el pavimento mojado. Están buscando algo,  a alguien.

Con el aliento contenido, temiendo que un sólo suspiro a través del cristal de la ventana lo delate, García se queda espiando, aferrado a las cortinas, temblando de frío y de miedo. Muy dentro de él ruega para que nadie salga, para que no haya persona alguna en las calles de su barrio. Él sabe qué pasa con aquellos que se atreven a deambular por ahí en horas “no permitidas”.

Desde hace varios meses su barrio está secretamente empapelado por unos volantes que advierten acerca de las nuevas medidas de seguridad tomadas por un grupo de sujetos llamados Los NN, quienes dicen de frente que son paramilitares. El toque de queda impuesto por ellos, que rige de 10 p.m. a 5 a.m., es  una medida que ayuda a proteger a la comunidad, aseguran Los NN, una orden que facilita las labores de patrullaje y control sobre este lugar perdido en la lejanía de Suba. Además de ésta, el grupo ha implantado el cobro de vacunas a los comerciantes y transportadores de varios barrios aledaños a Santa Rita, como Villa Cindy.

“Desafortunadamente, la comunidad los ve, a veces, como una desgracia necesaria. En mi barrio hay mucha inseguridad, mucha delincuencia común. Cuando digo mucha lo que quiero expresar en verdad es que acá a usted lo roban personas que conoce de toda la vida, a veces sus mismos amigos. Los ‘paras’ se encargan de ‘limpiar’ el sector. Van matando selectivamente a los viciosos y a los ladrones, que son muchos por acá”.

En algún punto, los vecinos del sector, cansados de vivir en un ambiente de perpetua zozobra, acudieron a este grupo armado para recuperar un poco de tranquilidad. Como si se tratara de un servicio a domicilio, el habitante afectado por la delincuencia llama a un colaborador, un informante de los ‘paras’, que se encarga de hacer las veces de cordón umbilical entre la ciudadanía y su grupo, y denuncia el hecho: explica la situación, recuerda nombres. Tiempo después se sabrá que alguien más ha desaparecido. Las apariencias engañan. John García sabe que lo que están haciendo todos es cambiar un mal por otro, venderle un poco más de sus vidas a la violencia.

“Acá no respetan a nadie. Hay gente que vuelve luego del inicio del toque de queda e igual se los llevan. Son personas trabajadoras que corren con la desgracia de regresar tarde a sus casas y encontrarse con las patrullas”, explica García. Después viene lo inevitable.

De las camionetas bajan hombres armados, vestidos de civil. La víctima entra, resignada, al vehículo. El rugir del motor resuena por las calles de lo que parece un pueblo fantasma. El automotor se dirige a un parque a orillas del río Juan Amarillo. En medio de la oscuridad impenetrable se oye el eco de un disparo, una vértebra se quiebra, alguien se asfixia; en mitad del hondo hueco de la noche resuena el silbar del machete, la carne que se rompe, la sangre que brota. Luego todo se calma, sólo se percibe la respiración agitada de los verdugos. Al final se escucha el golpe del cuerpo contra el agua, una violenta explosión que marca el final de una noche de agitado trabajo para quienes trepan de nuevo a sus camionetas. En el aire queda flotando el olor del exosto, en la distancia se ven las luces alejarse.

“Hace varios años, por ahí unos ocho o diez, los cadáveres quedaban tirados en la calle, no se los llevaban. Las familias los reconocían ahí, en el piso, bañados con sangre y lluvia. Ahora se los llevan, no queda rastro de nada. Cada mes, a veces cada dos meses, uno ve los cuerpos bajar por el río. De tanto en tanto llegan hasta la planta de tratamiento de agua”, dice García.

La violencia se esconde. Antes daba la cara. Sin pudor hacía presencia en cada lugar del barrio Santa Rita. En el asfalto quedaban los rastros de su trabajo para que todos los vieran. Hoy en día se camufla de civil. “Yo no sé quiénes son. Usted no los ve uniformados ni armados. Sólo por las noches se ven las camionetas, las motos, a veces los pasamontañas. Lo triste es que puede ser mi vecino, el papá de un amigo”, añade, con pesadumbre, García.

La otra violencia y el pacto

La situación comenzó a agravarse el año pasado. De tanto en tanto los medios publicaban noticias acerca de la creciente violencia en este sector de la ciudad. Unas veces los reportes resaltaban los homicidios, otras tantas, las violaciones. Todo llegó a un punto en el que las autoridades se vieron abocadas a tomar medidas de emergencia para frenar, de alguna forma, la oleada de sangre y terror que azotaba a esta localidad.

La respuesta, como es usual en estos casos, incluyó un aumento en la presencia de la Policía y la imposición de un toque de queda para los menores de edad. Todas fueron, en últimas, medidas policivas. La fuerza es la respuesta típica a la violencia. Sin embargo, alguien se preguntó acerca de la efectividad de estos métodos, alguien creyó que la solución debía ser más profunda, puesto que las raíces del problema iban más hondo.

Ancízar Marroquín es el director académico del Instituto de Altos Estudios para la Gestión Pública. El instituto trabaja en un proyecto liderado por la Alcaldía Local de Suba que busca enseñarles a los jóvenes que la única salida a la violencia es la no violencia. A través de una serie de talleres de sensibilización, pretende generar en la juventud una respuesta pacífica instintiva ante situaciones hostiles. Las sesiones de trabajo estuvieron dirigidas no sólo a la juventud, sino también a la Policía, con el objeto de sensibilizarlos acerca del trato que deben tener con los jóvenes.

“En buena parte las víctimas y los victimarios son gente joven. Es por esto que es de vital importancia inculcar en ellos una visión más amplia acerca de cómo enfrentar los hechos violentos que se dan en sus colegios, en sus barrios y que, en el contexto más amplio, se dan en todo el país. Si no hay acciones concretas ya, en cinco años esto será una especie de comuna, nadie va a poder vivir acá”, sentencia Marroquín.

Ancízar Marroquín es un romántico empedernido. Un hombre que cree profundamente en el poder de las ideas. Habla con absoluto orgullo y convencimiento del proyecto, de la importancia del diálogo. Para él palabras como ‘convivencia’, ‘seguridad’ y ‘libertad’ son mucho más que formas lingüísticas: son perspectivas. “Acá lo que tocó hacer fue un alto en el camino para decir que la violencia se acaba sin violencia”, asegura Marroquín.

Uno de los logros del programa fue la firma, el pasado viernes 23 de mayo, de un pacto de convivencia entre los jóvenes y las autoridades. El pacto es un documento en el cual ambos bandos se comprometen a reconocerse y respetarse. Nada de bolillazos, nada de atracos, cero trago en la vía pública y ante todo, tolerancia y diálogo. Al acto asistió el alcalde local de Suba, Rubén Darío Bohórquez, el comandante de la estación de Policía de la localidad, coronel Élber Velasco, y representantes de los jóvenes.

“El programa, entre otras tesis, sigue el ejemplo dado por Ghandi, Martin Luther King y Mandela. La violencia se puede derrotar a través de la palabra, a través de la convivencia y el reconocimiento del otro”, sentencia Marroquín.

*Nombre  cambiado por solicitud de la fuente.