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Este año, las organizaciones que representan a víctimas de curas pederastas han acudido a las Naciones Unidas en busca de apoyo y justicia. En enero, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño (CDN) emitió un informe considerado el primer cuestionamiento contundente en contra de la pedofilia clerical por parte de esta organización internacional. Ahora, el tema llega al Comité de la ONU sobre la tortura.
Aquel informe del CDN lamentaba que el Vaticano nunca haya reconocido la magnitud de los crímenes de abuso sexual cometidos por curas católicos contra menores de edad, llamaba a la Santa Sede a acabar con el sistemático encubrimiento de los delitos cometidos contra niños en el mundo y a hacer reformas para ajustarse a la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual es parte.
Tras la publicación de ese informe, el Vaticano ha hecho algunos pronunciamientos. El papa Francisco “pidió perdón” en abril por los crímenes de pedófilos y exigió sanciones “muy severas”. El 3 de mayo anunció querer instaurar “»procedimientos eficaces” en la Iglesia para que los sacerdotes pedófilos sean castigados, aunque no propuso un mecanismo jurídico específico y vinculante.
En una entrevista el 5 de marzo, el Papa dijo que “las estadísticas sobre el fenómeno del maltrato infantil son sorprendentes, pero también muestran claramente que la gran mayoría de los abusos se producen dentro de la familia y entre vecinos. La Iglesia Católica es probablemente la única institución pública que ha actuado con la transparencia y el sentido de responsabilidad. Nadie ha hecho más. Y sin embargo, la Iglesia es la única institución que ha sido atacada”.
Estas palabras fueron rechazadas en su momento y también ahora, de manera formal, en el requerimiento que acaban de presentar organizaciones defensoras de víctimas (Survivor’s Voice Europe y Survivor’s Network of those Abused by Priests) ante el Comité de la ONU contra la Tortura. El requerimiento dice que esas declaraciones son notables por su “actitud distante, su desvergonzado intento de restar importancia a la gravedad del abuso dibujando la comparación no válida con la familia (que por supuesto que no han firmado el Tratado de la ONU). El papa no ha reconocido que la violación de niños por parte de clérigos se realizó en una escala casi industrial durante décadas. Sus comentarios son difícilmente una muestra de la transparencia exigida por el CDN. En vez de anunciar una acción constructiva, busca defender su organización y mantiene una posición intransigente”.
Para Sue Cox, víctima de abusos sexual por parte de un cura y fundadora de Survivor’s Voice, es simple: “El Vaticano alega que está siendo perseguido y sigue hablando de sus obras de caridad. Hace caso omiso de las resoluciones de la ONU”.
Ahora que las organizaciones plantean sus denuncias ante el Comité de la ONU contra la Tortura, Cox explica a El Espectador lo que buscan con esta iniciativa: “Esperamos que el Comité reconozca y decida que el abuso sexual infantil se clasifica como tortura según la definición de la ONU. Esperamos que se empiece a entender la naturaleza del abuso y cómo la gente que ha sido víctima tiene algo equivalente a una sentencia de cadena perpetua, y el daño causado se transmite a la siguiente generación y la siguiente …. Esperamos que esto ayude a cientos de miles de víctimas de abuso a que presenten demandas en contra de la Iglesia, porque no hay estatuto de limitaciones para casos de tortura, aunque la Iglesia las evada y las retrase”.
El Vaticano, signatario de la Convención contra la tortura desde 2002, presentó este lunes por primera vez un informe ante este Comité, en el que se defiende de las acusaciones de las víctimas, argumentando que la Convención sobre la Tortura se aplica únicamente al territorio del Vaticano y no a los delitos que ocurran en otras latitudes donde hay representantes de la Iglesia. Silvano Tomasi, el nuncio apostólico en la ONU, explicó que las autoridades nacionales de los otros Estados son competentes para juzgar a los responsables de actos de tortura u otros abusos cometidos por miembros de la Iglesia en esos países.
Esta posición fue de inmediato cuestionada por Felice Gaer, experta del Comité de la ONU contra la Tortura, quien sostuvo que todos los representantes y funcionarios de un Estado, incluso fuera de las fronteras del país, están sujetos a las leyes de su país. Gaer además reiteró el llamado hecho por el CDN a que se notifique sobre el número exacto de sacerdotes suspendidos, así como de las investigaciones y juicios abiertos contra los posibles autores de estos delitos sexuales.
dsalgar@elespectador.com
@DanielSalgar1
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