El Salado: Renacer de cenizas

Hace 11 años, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, cerca de 450 paramilitares, enviados por los jefes del bloque Norte, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, asesinaron y torturaron a 60 personas.

La cancha de microfútbol fue el escenario que escogieron para reunir a la población que no alcanzó a huir, los que presenciaron la muerte de sus familiares y allegados, a los que torturaron, al son de la música de los equipos de sonido que prendieron mientras saqueaban las casas.

A  pocos días de que se cumpla un aniversario más de la masacre de El Salado, la historia la rehacen sus dolientes. Los pobladores que han retornado, como Roberto, tras superar el temor y la estigmatización, después de dos desplazamientos, el primero en la masacre de marzo de 1997 y el segundo tres años después, lo han hecho con la férrea ilusión de volver a su tierra. Así no tengan todas las garantías de seguridad, sus calles sean un polvorín, queden los rastros de las casas quemadas y no tengan, entre otros servicios, alcantarillado.

Los habitantes de El Salado, con ayuda  de fundaciones e instituciones que han invertido en la posibilidad de reparación de la población, han encontrado proyectos a los que le tienen apostada la vida. Uno de ellos es el Subsidio Integral de Tierras, un proyecto productivo estructurado por la comunidad y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y financiado y apoyado por la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), la Fundación Semana, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) Coltabaco y el Incoder.

Durante más de un año la comunidad ha trabajado, junto a la OIM, para que esta no sea una promesa que quede   inconclusa.

Después de meses de asistir a reuniones y pensar en un cultivo de cacao, melón, tabaco negro y rubio, ñame y maíz que no tenía tierra, esta semana lograron conseguir que el Incoder les diera vía libre y comprara y les adjudicara el título colectivo de 320 hectáreas de dos fincas aledañas. El ambicioso proyecto, que beneficiaría a 213 personas (un tercio de la población de El Salado) quiere reactivar la economía, casi nula en este corregimiento, a través de la comercialización de madera y productos agrícolas a gran escala.

Hoy, cuando otras 95 familias en el corregimiento de Mampuján, en Montes de María, reciban de manos del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, los primeros títulos de propiedad de predios, a propósito de la iniciativa del Gobierno de restituir las tierras despojadas a las víctimas del desplazamiento forzado, el director del Incoder, Juan Manuel Ospina, anunciará oficialmente la aprobación del proyecto productivo en El Salado.

“Después queda todo por hacer, pero esta será la primera batalla que les habremos ganado a los violentos”, afirma con ilusión Roberto.

La masacre de El Salado

El Salado, adscrito al municipio de El Carmen de Bolívar, ubicado en los Montes de María, sufrió una de las masacres más sanguinarias de la historia, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000. Durante seis días, cerca de 450 paramilitares, enviados por los jefes del bloque Norte, Salvatore Mancuso, y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, así como por John Henao, alias ‘H2’, lugarteniente de Carlos Castaño, torturaron y asesinaron a 60 personas, quienes cargaron con el estigma de ser auxiliadores de la guerrilla por vivir en un corregimiento que se convirtió en lugar estratégico para los grupos ilegales. Después de 11 años, 15 de los 450 paramilitares implicados han recibido una condena. El propio Carlos Castaño, aun después de reconocer públicamente su responsabilidad en la masacre, jamás fue condenado. Y las denuncias por la presunta participación de la Infantería de Marina en la masacre —por acción o por omisión— no se han investigado.