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El Gobierno Nacional suscribió, en 2024, contratos que suman más de $63.508 millones en temas relacionados con publicidad. Y en 2025, un año en el que el Ejecutivo está haciendo cuentas para ajustar su presupuesto y con las arcas estatales cerca a los números rojos, se espera que continúe el flujo de dinero público a medios, pero también para influenciadores y otras plataformas alternativas que el presidente Gustavo Petro defiende como vehículo para mostrar gestión.
Incluso, con el control sobre el gasto por el plan de austeridad y de recortes que se conoció esta semana, no se trata de un rubro menor, toda vez que es a través de la difusión en medios y en redes sociales que el Ejecutivo buscará dar a conocer sus resultados. De hecho, el jefe de Estado quiere pavimentar un legado que le dé al progresismo vida electoral y, de paso, le ayude sortear crisis como la que se desató esta semana con los más de 30 asesinatos perpetrados por el ELN en el Catatumbo, Norte de Santander.
El Espectador revisó la contratación concerniente a la publicidad y la información divulgada en medios de comunicación, tanto de la Presidencia como de los 19 ministerios. Para ello, se enviaron múltiples derechos de petición, pero también se hizo una revisión de contratos publicados en el Secop.
Tras ese rastreo se encontró que, solo en 2024, el Gobierno contrató más de $63.508 millones en temas relacionados con publicidad con las tres principales centrales de medio, que son canales públicos: RTVC, Teveandina (Canal Trece) y Telecafé. Además, se halló información sobre “influenciadores” políticos, que tienen contratos con distintas entidades del orden nacional o, directamente, con el Dapre; son estos últimos los que utilizan sus redes personales para la defensa del proyecto progresista que lidera la Casa de Nariño.
La suma, al revisar los contratos desde el 7 de agosto de 2022, supera los $131.535 millones. En perspectiva, el Gobierno de Iván Duque gastó poco más de $40.000 millones en pauta oficial en su cuatrienio. Y es que estos contratos no son exclusivos de la actual administración, pero esta sí ha apostado más que cualquier otra por las redes sociales como un medio de comunicación oficial.
Y es que lo primero que hay que anotar es que no suelen ser las entidades las que se encargan de contratar directamente la pauta. Por el contrario, lo que hacen es delegar esa tarea a centrales de medios, empresas públicas, privadas o mixtas, que son las responsables de ejecutar su plan promocional.
En ese sentido, por ejemplo, el contrato más cuantioso identificado fue entre la Agencia Nacional de Tierras, dirigida por Felipe Harman, y RTVC, a cargo de Hollman Morris. El año pasado, ambas entidades celebraron un contrato interadministrativo por $20.700 millones (contando adiciones), que va hasta el 30 de abril próximo con el objeto de “prestar servicios de divulgación en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación con el fin de dar a conocer la oferta institucional en el marco de la Reforma Agraria y posicionar la imagen de la Agencia Nacional de Tierras en todo el territorio nacional”.
Este es el contrato entre la ANT y RTVC:
Aunque es llamativo por la cuantía, no resulta sorprendente que el contrato de mayor valor sea, precisamente, para promover la reforma agraria, que es uno de los pilares programáticos no solo del presidente Petro, sino, en general, de la izquierda colombiana. Con la celebración del contrato, el sistema de medios públicos se convierte en el encargado de contratar a medios en el territorio, según las campañas que se definan en el plan de medios. En varias de ellas, el área comercial de este diario ha publicado información en el marco de ese acuerdo entre las dos entidades.
Así es la cascada de plata a medios
Lo que ocurre con la ANT y RTVC se replica con otras entidades. Así, como se dijo, se identificó que las tres centrales de medios preferidas en 2024, pero no las únicas, en el Gobierno Petro son RTVC, Teveandina y Telecafé.
La primera tiene, además del contrato con la ANT, acuerdos con los ministerios de Cultura ($5.405 millones), Educación ($2.500 millones), Interior ($1.973 millones), Transporte ($1.436 millones), Vivienda ($1.300 millones), Defensa ($850 millones), Ciencias ($767 millones) y Relaciones Exteriores ($600 millones), así como con Prosperidad Social ($2.900 millones). Todos estos acuerdos suman $38.432 millones y varios de ellos continúan en ejecución.
Luego está Teveandina, que el año pasado firmó para ser la central de medios de los ministerios de Salud ($10.778 millones), Educación ($2.099 millones), Cultura ($1.971 millones), Relaciones Exteriores ($1.200 millones) y Minas ($1.035 millones), facturando $17.084 millones. Y Telecafé suscribió tres contratos administrativos con el Ministerio de Ambiente ($3.900 millones), el de Deportes ($1.287 millones) y la SuperSociedades ($2.804 millones), para llegar a $7.991 millones.
Ahora, ese gasto podría verse sustancialmente reducido en 2025 teniendo en cuenta el borrador del plan de austeridad que, esta semana, publicó el Ministerio de Hacienda. En el documento se indica que uno de los gastos a recortar es el de la pauta.
“Todo gasto de publicidad estatal deberá enmarcarse en el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos destinados a la contratación, con el fin de evitar el uso excesivo, controlar el gasto público y garantizar la austeridad”, se lee en el borrador decreto.
Para entender cómo se define el proceso de pauta, El Espectador buscó a Morris, a John Alejandro Linares, gerente de Teveandina, y a Amanda Jaimes, gerente de Telecafé. Morris no respondió ni los mensajes ni las llamadas de este medio; y una asesora de Jaimes, que contactó a este diario, no entregó las respuestas solicitadas.
Por su parte, Linares explicó que uno de los servicios que presta Teveandina, además del de servicio público de televisión regional, es el de “diseñar y ejecutar campañas según los lineamientos brindados por cada entidad, según las necesidades planteadas se elabora un Flow, plan de medios y la respectiva orden”.
Sin embargo, explicó que los medios que se contratan para la pauta los determina cada entidad que contrata los servicios de Canal Trece. Y agregó que se hace “a través de un plan de medios en el que establece las necesidades sobre el público objetivo al que se quiere llegar, ya sea por televisión, radio, medios impresos o digitales”.
En todo caso, hay hilos políticos que se empiezan a evidenciar entre estos canales y el Gobierno Nacional, particularmente, con el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien es el superior jerárquico de todos los gerentes de medios públicos regionales. Linares, antes de ser nombrado gerente del canal público en noviembre de 2022, fue representante por La U entre julio de 2021 y agosto del 2022, partido que también lo respaldó para ser alcalde de Topaipí, Cundinamarca, entre 2012 y 2015. Y, aunque no coincidieron como compañeros de bancada, Lizcano fue congresista con dicha colectividad hasta 2018 y a la que renunció en abril de 2021.
Por otra parte, Amanda Jaimes, quien antes de dirigir Telecafé, fue la gerente de Canal TRO (medio público de Santander), ha sido relacionada como parte del equipo político de Lizcano, quien tiene influencia en la región del Eje Cafetero.
En todo caso, Linares aseguró que la única relación que tiene con Lizcano es la profesional, toda vez que “el Ministerio de las TIC es el que fija las políticas públicas del sector comunicaciones y, orgánicamente, es nuestro superior jerárquico”.
Similar fue la respuesta que dio el ministro Lizcano, quien señaló que “con Tevenadina y con Telecafé no tenemos ninguna relación contractual. De hecho, Telecafé depende en el 98 % de los gobernadores. Son canales regionales. Nosotros no contratamos con ellos, sino a través de una licitación pública”.
Sobre la pauta en medios en el Gobierno, el segundo ministro de las comunicaciones de Petro aseguró que “la gente lo ve como si el Gobierno se estuviera promocionando a sí mismo. Pero como está el sector de las comunicaciones siendo que la mayoría de la pauta se va por redes, si el Gobierno no les ayuda, tampoco hay libertad de prensa. Y se ayuda si uno publicita en Caracol, RCN, El Espectador. En ese contexto, les ayuda a sobrevivir”.
Lo que dice Lizcano se evidenció, además, en una directiva presidencial de noviembre del año pasado, que surgió tras una orden que le dio Petro al ministro. En un evento de medios digitales y alternativos en Armenia, Quindío, (que costó más de $3.000 millones), le dijo: “Mientras estemos en este Gobierno, ministro (de TIC, Mauricio Lizcano), incluso por directiva presidencial, se aplica la ley de los tercios”.
En la directiva se lee que “a partir del año 2025, las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional procurarán, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales, destinar una partida correspondiente al 33.3% de los recursos asignados para los Planes de Medios y/o Comunicaciones, para la divulgación de información oficial, campañas institucionales de interés y contenido social a través del servicio público de radiodifusión sonora comunitario y de televisión comunitaria, medios de comunicación alternativos, radiodifusión digital y nuevas tecnologías”.
Se trata de un mandato que llegó después de que, durante varios meses, Petro tuviera un duro enfrentamiento con lo que ha llamado “medios hegemónicos” o “grandes medios”, acusándolos de participar en el supuesto golpe blando que hay en su contra.
Es una forma, como lo ha dicho un presidente que se denomina a sí mismo como comunicador, de tomar un control más directo sobre la narrativa de su Gobierno. Algo que coincide, además, con un momento clave en el que está demandando a sus ministros más ejecución que palabras. Por eso mismo, buena parte de la agenda de esta semana fue atender el cónclave ministerial, definido por uno de sus asistentes como un “enclaustramiento” para delinear las metas de 2025 y que se buscarán mostrar a través de la pauta oficial.
El capítulo de los “influenciadores” políticos
Una porción significativa de los recursos para pauta, como se vio, debe irse para “medios digitales y nuevas tecnologías”. En esos medios se encuentran “influenciadores” que, a través de cuentas en redes sociales o de canales en Youtube, dedican su contenido a mostrar los logros del Gobierno.
No se trata, en todo caso, de un tema nuevo. Petro, por dicho propósito de tener un control en la narrativa, se ha volcado él mismo a las redes sociales y ha convertido a su cuenta en X en su mayor medio de difusión de las decisiones que toma. Y como lo contó este mismo medio en abril del año pasado, hay un “ejército” de creadores de contenido que han llegado a entidades del orden nacional, la mayoría de ellos como asesores.
En un nuevo rastreo, El Espectador encontró a, por lo menos, cinco influenciadores, con una marcada presencia digital en X, Instagram y Youtube, que tienen contratos con el Estado que suman, en su totalidad, más de $620 millones.
Es el caso de Celso Tete Crespo, contratado como asesor del Dapre y con una asignación mensual de $13,39 millones. En RTVC se encuentran Walter Alfonso Rodríguez (conocido como ‘Wally Opina’) y Jader David Rozo (quien figura en X como Don Izquierdo), con contratos con una asignación mensual por $10,13 millones y $5,92 millones, respectivamente. En la Superintendencia de Salud se encuentra María Nini Echeverry, contratada como superintendente delegada con una asignación de $10,13 millones. Y en la SIC está Laura Daniela Beltrán (conocida como Lalis), quien devenga cada mes $6,06 millones.
Este medio buscó a dichos influenciadores, sin embargo, no obtuvo respuesta de ninguno de ellos. En todo caso, en distintos escenarios han defendido que no cometen ninguna irregularidad al contratar con el Estado, a la vez que defienden al Gobierno Petro en sus redes sociales.
Pero no ha sido un tema libre de polémica. A finales del año pasado, desde cuentas de influenciadores de sectores de derecha circuló una imagen de un amplio grupo de creadores de contenido que se les ha relacionado con el Gobierno. La discusión llegó a tal punto que el presidente los defendió y pidió a la Fiscalía investigar: “Ser de izquierda es un derecho y para quienes pensamos en el futuro colectivo de la vida y la humanidad, un deber”.
Le solicito a @FiscaliaCol una investigación sobre las redes neonazis que propugnan amenazas por el pensar y el actuar político
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 22, 2024
La constitución lo prohibe y la ley lo hace delito. Basta ya de persecusión. La justicia debe actuar.
Ser de izquierda es un derecho y para quienes… https://t.co/5oWMLjy69B
En todo caso, las redes sociales no solo han sido un nuevo receptor de la plata oficial, sino un campo de batalla entre opositores. Personas como el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, han tomado relevancia en X por los contratos a influenciadores que suele publicar en sus redes. Además, desde ya se han anunciado controles políticos a jefes de dependencias y al Gobierno en el Congreso para identificar la utilidad de estas inversiones en un momento crítico para las finanzas estatales.
Sin embargo, en otros sectores políticos también gastan plata en redes. Según un reciente informe de Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, se encontró que precandidatos presidenciales han pautado en Facebook más de $347 millones, con Miguel Uribe Turbay ($264 millones) y Germán Vargas Lleras ($68 millones).
Así las cosas, queda en evidencia la importancia que ha tenido para el actual Gobierno, el uso de los medios -los tradicionales y los que no- y a los influenciadores como un canal clave para mostrar sus resultados. Una discusión que se mantendrá de cara a las elecciones de 2026, donde las redes sociales seguirán como una plataforma de discusión.
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Por Leonardo Botero Fernández
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