Choque de fiscales por los bienes de ‘Jorge 40’

El supuesto retraso en la investigación por la expropiación ilegal de bienes a campesinos en el municipio de Chivolo (Magdalena), tras una alianza entre paramilitares de Jorge 40 y funcionarios del Incora del Magdalena (actual Incoder), enfrenta a dos fiscales: uno de la unidad antiterrorismo y otro de la unidad de Justicia y Paz. El choque empezó en julio del año pasado en las audiencias del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, cuando la Fiscal Tercera de Justicia y Paz pidió al Tribunal de Barranquilla embargar 36 predios del paramilitar y ordenar al Fiscal 22 de la Unidad Antiterrorismo celeridad en las investigaciones en contra de los involucrados en el destierro de los campesinos. También, ordenar al Incoder anular los títulos de los predios adjudicados ilegalmente. El tribunal barranquillero accedió al embargo, pero rechazó las otras peticiones. La fiscal de Justicia y Paz apeló la decisión argumentando que “el Incoder y la Fiscalía 22 Antiterrorismo no estaban cumpliendo sus deberes, incurriendo en omisiones que causaban graves perjuicios a las víctimas”. El caso llegó a la Corte Suprema, que el pasado 19 de enero revocó la decisión del Tribunal de Barranquilla y, fuera de conminar a los funcionarios a tomar decisiones en menos de 30 días, también ordenó investigar disciplinariamente al Fiscal 22 y penalmente a funcionarios del Incora del Magdalena por concierto para delinquir, testaferrato, enriquecimiento ilícito, falsedad, prevaricato y fraude procesal, entre otros. Justo el miércoles, a dos semanas del pronunciamiento, se conoció que el Fiscal 22 Antiterrorismo vinculó a la investigación a varios funcionarios y exfuncionarios del Incoder. Sin embargo, en diálogo con El Espectador, el propio fiscal William Pacheco aclaró que su decisión no fue producto del fallo de la Corte, sino de una investigación rigurosa de más de un año. “La Fiscal de Justicia y Paz engañó a los magistrados diciendo que en este despacho no habíamos hecho nada. Por eso la denuncié”, expresó. “He adelantado una investigación mancomunada con Acción Social y el Incoder, la cual está muy avanzada. Tengo más de 31 cuadernos y muchas evidencias. Las decisiones no son por lo que ordenó la Corte, sino porque tenemos material. A la Corte la engañaron”, agregó Pacheco. Al proceso vincularán a nueve exfuncionarios del Incora, entre ellos al exgerente de la sede Magdalena José Fernando Mercado Polo; al exnotario de El Difícil (Magdalena) y al registrador de instrumentos públicos de la población. Además, a la exasesora jurídica, al jefe de cartera y a algunos miembros del comité de adjudicaciones de la institución, dos concejales y dos notarios, quienes para la época de los hechos posiblemente participaron en el delito.