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El Catatumbo quedó esta semana cubierto de sangre y miedo. En esa zona del país, que ahora se encuentra militarizada, se vivió en solo tres días un oscuro capítulo que deja hasta el momento, según cifras sin confirmar, más de 30 muertos por los enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control del lugar: el ELN, las disidencias de las FARC o por el EPL. Una guerra por el control territorial de una zona crucial para sus negocios de narcotráfico, por la cercanía a la frontera con Venezuela, pero que en medio de las balas deja cientos de desplazados de sus hogares sin certeza de su rumbo. Quienes quedan en la zona viven en zozobra ante la incertidumbre de cuál será la siguiente movida armada y de cuál es será la respuesta del gobierno que, dicen, lo ha dejado solos.
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Desde el año pasado, la violencia que se recrudecía en el Catatumbo era cada vez más evidente. La Gobernación de Norte de Santander y la Defensoría del Pueblo alertaron el país sobre la crisis en la zona y pidieron al gobierno nacional que tomara cartas en el asunto. Sin embargo, no fue sino hasta el pasado miércoles que la masacre de una familia, incluido un bebé de nueve meses, al parecer por parte del ELN, fue la gota que rebozó el vaso. Las armas volvieron a tener el protagonismo, la mesa de diálogo que mantenía el gobierno con esa guerrilla se levantó y el presidente Gustavo Petro fue hasta el Catatumbo para tomar nuevas decisiones relacionadas con el control del territorio.
Aunque se avanza en acciones militares, lo vivido por las personas es una historia aparte que no se sabe qué rumbo tomará. Una de las víctimas de esta violencia que se mantiene en la zona, perteneciente a un colectivo de madres, habló con El Espectador sobre la tragedia. “Hay un dolor en el alma muy grande por la pérdida de más de 30 personas, hijos del Catatumbo. Hay personas que se encuentran en este momento secuestradas, otras saliendo por sus propios medios del territorio. Hay heridos que están atendiendo en el hospital, ha tocado sacarlos con ayuda de la Fuerza Aérea”, afirma la mujer, quien espera que la presencia del Estado en la tragedia sirva para que se tomen decisiones de fondo y no solo por un tiempo.
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La mujer, que pidió reservar su identidad por seguridad, asegura que las familias de la zona han tenido que sufrir porque “les han asesinado más de tres familiares, hay madres llorando porque les mataron a sus hijos o porque tienen a uno herido. Los líderes sociales no saben qué va a pasar con ellos, también están las madres que tienen los hijos en los grupos al margen de la ley, algunos menores de edad, y no saben qué va a pasar con ellos”. Agrega que “nosotras, como madres y defensoras de derechos humanos, estamos aquí buscando la manera de que se puedan sentar a dialogar, porque nos duele que los muertos. Vengan de donde vengan, son nuestros hijos y están muriendo”.
El Catatumbo tiene una dinámica particular de vida y de muerte. En diciembre del año pasado, Andrey Avendaño, comandante y jefe negociador del Frente 33 de las disidencias de las FARC, advirtió que una confrontación entre sus hombres y el ELN sería catastrófica. Justamente, así lo establece Juan Carlos Quintero, director de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien le explicó a este diario que ambas guerrillas tienen territorios compartidos en los municipios del Catatumbo. El experto asegura que “la ofensiva empezó por parte del ELN y, como es natural, quien tiene la iniciativa ocupa el territorio. Pero, esto es un proceso que hasta ahora empieza y que va a causar una crisis humanitaria”.
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El Espectador consultó a un líder regional, cuyo nombre debe mantenerse bajo reserva, que ha trabajado con el gobierno Petro en desarrollo social y consolidación de paz. Recordó que mientras estuvo en firme el cese al fuego con la guerrilla, la violencia disminuyó. “Llevaban tres años quietos. No había conflicto”. Pero, después de que no se prorrogara el acuerdo el pasado 3 de agosto, el ELN regresó con más fuerza a pelear por el territorio, “donde tiene intereses relacionados con el narcotráfico y el posicionamiento estratégico en la región”. A partir de ese momento, “ya no hubo perdón para nadie”, comentó el líder que está viviendo de primera mano esta tragedia humanitaria.
“Las tensiones empezaron con vetos territoriales de parte del ELN a las disidencias de las FARC en los territorios. Con las fiestas de fin de año se suponía que todo estaba calmado. Pero el enfrentamiento se empezó a desatar el 16 de enero, en las primeras horas de la mañana, en todos los municipios de la región del Catatumbo, generando una crisis que afecta a más de 300.000 personas”, agrega Juan Carlos Quintero de Ascamcat. Fuentes que viven en la región le explicaron a este diario que el ELN está buscando, en los cascos urbanos, a familiares y cercanos a disidentes para obtener información que les permita asesinar a esos combatientes. Los comercios están cerrados. Quienes salen, ya no se les permite ingresar. Y los desplazados están llegando a Ocaña, que es la ciudad más grande cercana en la región.
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Quintero teme por la labor de los líderes comunales, como él, cuyas acciones pueden ser asumidas como una tarea contraria a los intereses de los grupos criminales. Ese fue el caso de José del Carmen Abril, quien tuvo que ser evacuado en helicóptero por la Defensoría del Pueblo, pues miembros del ELN los buscaron casa por casa en Teorama para asesinarlo. “Las próximas semanas van a ser desoladoras. Se esperan muchos combates y una afectación muy grave a la población civil. Seguramente se van a presentar procesos de desplazamiento forzado y de confinamiento a las comunidades. El gobierno debe firmar el pacto Catatumbo para la transformación territorial, que fue un compromiso para mitigar las causas estructurales de todos estos fenómenos del conflicto”, concluye.
Las primeras repercusiones del desplazamiento que deja esta ola violenta ya empezaron a notarse en municipios cercanos al Catatumbo. Un líder social de Ocaña que habló con este diario, y pidió mantener reservada su identidad por seguridad, manifestó que donde él vive, han llegado desde el pasado 15 de enero más de 50 familias desplazadas. “Se está repitiendo la historia. En Ocaña hay barrios enteros que han surgido de personas desplazadas que lo dejaron todo por causa del conflicto”, expresó. Además, sostuvo que “no se puede hablar de conflicto armado sin hablar de voluntades políticas. Desde que Petro es presidente, pocas veces ha estado en Norte de Santander. Al inicio de su gobierno pensamos que se vería un apoyo real al Catatumbo, pero a más de dos años de gobierno se sigue viviendo la violencia”.
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Las medidas que se han tomado en materia de acompañamiento humanitario a la población en medio de esta escalada de violencia, la comunidad denuncia que se quedan cortas. Desde el 16 de enero, las Fuerzas Militares abrieron las rutas de evacuación aeromédica. Al menos cuatro civiles heridos y dos firmantes del Acuerdo de Paz (entre las FARC y el Estado) amenazados por grupos armados fueron trasladados hacia Cúcuta. En la mañana del viernes 17, el general Giovanni Rodríguez, comandante de la Segunda División del Ejército, confirmó el despliegue de una tropa de 300 hombres en la región “con el fin de proteger la vida de los habitantes de esa zona del accionar criminal de los grupos armados organizados”. Los militares permanecen allí, mientras las confrontaciones continúan.
Pero el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, le dijo a este diario que es necesario que el Gobierno ayude a tejer con urgencia una ruta de atención para las víctimas, especialmente para los desplazados. Todavía no hay un camino seguro para su evacuación y se requieren “acciones inmediatas para tener recursos para arrendamientos, albergues, educación y salud para las personas que se van a desplazar, porque nada sacamos con que se salgan del territorio y no atenderlos”, señaló. La falta de acompañamiento a quienes están saliendo del Catatumbo ha hecho imposible calcular con exactitud cuántas personas están desplazadas, así como confirmar el número real de civiles asesinados y de confinados.
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El éxodo continúa en el Catatumbo y se espera que el nivel de violencia contra la población civil baje con la presencia de la Fuerza Pública. Sin embargo, los líderes y las familias siguen reclamando que el problema debe atenderse de fondo y no solo mientras dura el escándalo por la cantidad de sangre que ha corrido esta semana. En la zona no se ve con buenos ojos que solo ahora el gobierno haya apuesto su atención sobre la región y no dudan en resaltar que sus peticiones no fueron atendidas en momentos en los que pudo evitarse una escalada a este nivel. Ahora, el Estado llegó para tratar de controlar ese territorio que ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC se están peleando a muerte.
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