El futuro de la Orinoquia

Se trata de emprendimientos que, casi sin excepción, tienen su origen por fuera de la región; en las oficinas del Gobierno Nacional, de los banqueros de inversión, de las grandes empresas, los gremios y las multinacionales. Los principales motores de esos nuevos procesos de ocupación y transformación del territorio de la Orinoquia han sido el debilitamiento del poder de los grupos armados ilegales en la zona, la propaganda gubernamental y los subsidios del Gobierno. Y mientras esto ocurre, los habitantes de la región, las autoridades e instituciones locales y las comunidades indígenas y campesinas se limitan a observar la transformación de sus culturas y el deterioro de sus ecosistemas y paisajes.

Se trata, en realidad, de un proceso acelerado pero relativamente nuevo de ocupación y transformación del territorio. Un proceso que amerita que el Estado, desde el nivel nacional hasta los locales, intervenga de manera pronta, coordinada e inteligente para asegurar su sostenibilidad ambiental y su equidad social. En ausencia de esa intervención, es previsible que a la vuelta de pocos años los ecosistemas de la Orinoquia se vean severamente deteriorados y que las comunidades vulnerables sean las más afectadas. Ya se ha visto en Colombia cómo, en ausencia del Estado, las avanzadas de los inversionistas sobre “regiones nuevas” han dejado estelas de deterioro ambiental, inequidad y violencia.

En esta ocasión las cosas podrían ser distintas.

Para asegurar la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos que están avanzando sobre la región, resulta estratégica la conservación de los recursos hídricos y de sus ecosistemas asociados, así como la puesta en marcha de instrumentos efectivos de ordenamiento territorial y de compensación ambiental. Para asegurar la equidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, el Gobierno debe favorecer la creación de espacios de resolución de conflictos, concertación y diálogo social en donde todos los actores que intervienen en la región, incluidos los más vulnerables, puedan participar en la construcción del futuro en condiciones de igualdad.

Las actividades productivas que están avanzando sobre la región y que han desatado su proceso acelerado de transformación deben generar los recursos necesarios para prevenir el deterioro de los ecosistemas, asegurar la sostenibilidad ambiental y la equidad social. En esta ocasión, rompiendo con una larga tradición, las regalías del petróleo deben gastarse de manera transparente y equitativa, y destinarse hacia inversiones que como la investigación agrícola, la conservación de ecosistemas, la educación y el fortalecimiento de las instituciones locales aseguren que las generaciones futuras puedan también percibir beneficios. Los incentivos y subsidios del Gobierno para promover el desarrollo agrícola y rural en la región deben invertirse de manera transparente, beneficiando a los ciudadanos más pobres y vulnerables; y no al contrario.