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El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, se mostró en contra de la posibilidad de que el Gobierno imponga topes a los montos de pagos derivados de demandas en las cuales el Estado resulta condenado.
Indicó que es la Ley la que surte al Juez de las herramientas para tazar el valor de los pagos a cancelar a quienes resultan victimizados por un agente estatal y recurren a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para buscar ser resarcidos.
El Ejecutivo, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, sostiene que muchos de los fallos judiciales a este respecto ponen en riesgo la estabilidad fiscal de la Nación, y de ahí la necesidad de imponer límites, tratando de responder efectivamente a todas las víctimas que demandan con justa causa ser reparados.
Frente a la determinación del Gobierno de limitar indultos a integrantes de grupos armados al margen de la Ley, sostuvo que los procesos de Justicia Transicional, si bien son necesarios para la búsqueda de la paz, no pueden desconocer el derecho de las víctimas a la justicia.
El Magistrado Torres Corredor se mostró en sintonía con la determinación del Ejecutivo de excluir los delitos atroces de ese tipo de acuerdos. A partir de hoy, los actores armados que se sometan a un proceso de desmovilización, que requiera de mecanismos de indulto, sólo serán cobiajdos por delitos políticos, como el caso de la rebelión o la sedición.
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