Andrés Felipe Arias desmiente columna de María Elvira Bonilla

De acuerdo con Bonilla, "Chivolo puede convertirse en el primer caso emblemático de la política de restitución de tierras en la que está empeñado el Gobierno Nacional en cabeza del Incoder. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que exige la devolución de los predios en 30 días es un espaldarazo a la tarea que se ha emprendido y la blinda de cuestionamientos como los que se ha empeñado en hacer el presidente Uribe y su escudero el exministro Andrés Felipe Arias, cuando fue precisamente durante su ministerio cuando la modalidad de Chivolo se replicó en más de una región del país. Los paramilitares lograron hacer de las tierras campesinas su botín de guerra y el Estado se hizo el de la vista gorda".

Al respecto, el ex ministro Arias le respondió a través de una carta en la que expone sus argumentos. "Nunca toleré la corrupción, ni en la entidad encargada de la política de tierras ni en ninguna otra". Agrega Arias que "fue el gobierno del Presidente Uribe, durante mi administración en el Ministerio de Agricultura, el que destapó y denunció la corrupción en los procesos de adjudicación de predios".

Esta es la carta de respuesta a la columna:

Bogotá

Enero 24, 2011

Dra. Maria Elvira Bonilla

Columnista El Espectador.

Me refiero a su columna “El regreso de las tierras a sus dueños” dado que calumnia e injuria mi nombre.

Primero, fui nombrado Ministro en 2005 y no en 2003 época a la que se refiere su columna. Segundo, no puedo aceptar que afirme que bajo mi administración se replicaron casos como el de Chivolo, con los cuales los “paramilitares  lograron hacer de las tierras campesinas su botín de guerra y el Estado se hizo el de la vista gorda”.

Falta Usted de manera gravísima a la verdad pues nunca toleré la corrupción, ni en la entidad encargada de la política de tierras ni en ninguna otra. Pero, además, también cruza Usted el umbral de lo penal en la medida en que la injuria y la calumnia que se configuran en su columna enlodan mi patrimonio moral. Le ruego examine los siguientes argumentos que despejan cualquier duda sobre mi honorabilidad.

Fue el gobierno del Presidente Uribe, durante mi administración en el Ministerio de Agricultura, el que destapó y denunció la corrupción en los procesos de adjudicación de predios. En efecto, en 2006 descubrimos que algunos predios que debían entregarse a familias desplazadas se habían adjudicado a personas que no eran desplazadas y que tenían deudas con la justicia. También descubrimos que algunos funcionarios se prestaban para ello. Todo esto lo denunciamos públicamente y, por supuesto, entregamos a la mano toda la evidencia (incluida una grabación) al Fiscal y al Procurador. Como resultado, los funcionarios fueron sancionados disciplinaria y penalmente.

Recuerde Usted que un medio de comunicación denunció que en uno de los computadores incautados a paramilitares, se encontró que un terrorista le advertía a su cómplice que el Ministro de Agricultura (es decir, yo) ya tenía entre ojos a quienes, desde entidades del gobierno, se prestaban para la usurpación de tierras. No sólo los tuve entre ojos sino que, como lo dije anteriormente, también los denuncié ante Fiscalía y Procuraduría.

Para nadie es un secreto que la corrupción en el manejo estatal de tierras venía enquistada desde el antiguo INCORA, tal como Usted lo admite en su columna. Por ello el gobierno del Presidente Uribe liquidó dicha entidad. Desafortunadamente, por inflexibilidades laborales, el INCORA terminó transmitiendo muchos de sus vicios al recién creado INCODER.

Batallamos sin descanso por la depuración de dicho instituto. Buena parte de los enemigos que hoy me acechan surgieron de dicha batalla. Desafortunadamente, la depuración se truncó con la caída del Estatuto de Desarrollo Rural en la Corte Constitucional; Estatuto que fue diseñado bajo mi administración y que yo mismo impulsé en el Congreso. El Estatuto fue exaltado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) debido a las ambiciosas herramientas que incorporaba en materia de protección y reparación a las víctimas del despojo.

Aún así, logramos avanzar como nunca antes con el INCODER. Por ejemplo, logramos que el instituto descongestionara más de 50 mil procesos represados de titulación de baldíos. Por ejemplo, reformamos para bien la política de tierras que ejecutaba el instituto. Es así como diseñamos las famosas convocatorias de tierra que, por su rigor y por no ser una política ofertista, cierran el espacio a la corrupción. Estas convocatorias impiden que un funcionario compre tierra mala, cobre una mordida y luego entregue el predio a campesinos engañados.

Por algo será que el INCODER recibió en 2009 la certificación de calidad bajo las normas ISO 9001 y NTCGP. Es más, de acuerdo al último Índice de Transparencia, publicado por una organización independiente del gobierno, en 2009 el INCODER mejoró en más de 30 puntos porcentuales su riesgo de corrupción y, por primera vez, alcanzó un puesto dentro del quintil de entidades mejor calificadas.

Quizá Usted no lo sepa, pero la CNRR también ha reconocido los esfuerzos realizados por el Ministerio de Agricultura durante el gobierno del Presidente Uribe con el Programa de Consultas en Recuperación de Tierras (CONRET). Dicho programa fue diseñado e implementado bajo mi administración.

Con ocasión de lo que logramos a partir de CONRET, la CNRR ha adoptado y publicado la definición e identificación que el Ministerio de Agricultura desarrolló en 2008, bajo mi administración, sobre todas las modalidades o tipologías de despojo ilegal de la propiedad rural, como paso inicial y fundamental para avanzar en la restitución de las tierras usurpadas. La publicación se llama: CONRET Programa de Consultas en Recuperación de Tierras, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 2008.

El proceso para sacar adelante CONRET fue largo y difícil y no faltaron las amenazas. Pero lo pudimos sacar adelante con el único objetivo de avanzar en la restitución de las tierras usurpadas al campesinado colombiano. Sin ese primer paso dado por nosotros, hubiera sido imposible pensar en la viabilidad de la restitución de tierras en el país. De hecho, apoyándonos en CONRET logramos la recuperación de casi 30 mil hectáreas arrebatadas a comunidades afrocolombianas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

También la invito a que me señale en qué momento he cuestionado el inaplazable propósito de continuar restituyendo la tierra a quien le fue despojada. Como puede ver, fuimos nosotros desde el Ministerio de Agricultura, quienes comenzamos todo el proceso. Es muy triste que algunos formadores de opinión no reconozcan los hechos y los datos y sigan vendiendo la idea según la cual el gobierno del Presidente Uribe no apoyó el acceso de los campesinos a la tierra. Pues bien, durante el gobierno de Uribe se titularon o adjudicaron casi 5 millones de hectáreas a 223 mil familias campesinas y desplazadas. Así es, más del doble del hectareaje de lo que pretende el gobierno actual con la Ley de Víctimas.

Cordialmente

Andrés F. Arias

Exministro de Agricultura y Desarrollo Rural