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A principios del siglo XXI la “marea rosada” comenzó a regarse por América Latina como consecuencia de la frustración popular con la pobreza, la desigualdad, la incompetencia del Estado, la violencia y la inseguridad.
La crisis financiera de 2008 y la erupción de “protestas indignadas” alrededor del globo reforzaron aún más el atractivo de las izquierdas latinoamericanas, que mediante el ejercicio democrático del poder político introdujeron programas inspiradores de reforma social y económica.
Más allá de sus diferencias, estos experimentos tuvieron como bandera común la oposición al neoliberalismo “salvaje”, la ampliación e uso del sector público como vehículo para regular la economía y atender las necesidades de los sectores menos favorecidos, el rechazo al intervencionismo de Estados Unidos y la creación de mecanismos directos de participación política. Sus logros no han sido pocos. Durante la última década la pobreza en América Latina se redujo de 42% a 25% a través de programas de transferencia condicionada de riqueza (como bolsa familia en Brasil) que a su vez, fomentaron aumentos en la escolaridad y la cubertura médica. Así mismo, la clase media creció hasta representar un tercio de la población regional. Aunque la disminución de la desigualdad fue menor, ésta también decreció entre 2000 y 2010.
Pese a ello, la popularidad de casi todos los líderes latinoamericanos está en el piso, mientras que la protesta social está en alza. El estancamiento económico, la adopción de medidas de austeridad y la reducción en el gasto público han afectado negativamente a todos los gobiernos, sin distinción ideológica. Sin embargo, a esto se suman la corrupción, la criminalización y represión de la protesta social, la continuación o empeoramiento de la violencia y en algunos casos, la afectación negativa de la democracia, todo lo cual resulta particularmente decepcionante en el caso de unas izquierdas que prometieron el cambio.
El escándalo de Petrobras –unos US$2,000 millones en sobornos y prebendas a líderes y legisladores del Partido de los Trabajadores– es tan solo el ejemplo más indignante de una epidemia generalizada que también ha afectado a los gobiernos de Argentina, Chile, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. De hecho, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sugiere que todos los países de América Latina, con excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica, sufren niveles endémicos de corrupción que no han sido corregidos.
Mientras que los Maduro y Correa ven detrás de las críticas crecientes a la izquierda una conspiración internacional por deslegitimar y derrocarla, existe una lectura más simple. La existencia de gobiernos que ya no satisfacen las demandas de las clases medias y populares –cuyas expectativas fueron revolucionadas por éstos mismos– y de grados vergonzosos de corrupción en medio del estancamiento económico, invitan al descontento y la protesta social. Así, la conversión (o no) de la marea rosa latinoamericana en resaca gris depende de cómo enfrenta una coyuntura políticamente distinta, y menos favorable en lo económico a la que conoció en sus inicios.
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