Banpopular: cronograma de una estafa (IV)

Banpopular, cronograma de una estafa que, como lo hemos afirmado en los tres capítulos anteriores, aparecen comprometidos funcionarios del la entidad financiera, y altos directivos, a los cuales se les puede endilgar responsabilidad por omisión puesto que, no obstante tener conocimiento de tan aberrante caso, no han hecho nada para solucionarlo, todo se ha ido en marrullas y dilaciones, lo más grave, desatendiendo la sentencia de última instancia, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: SP2638/2015, con fecha: marzo 11 / 2015.

Es apenas lógico que, ante el no cumplimiento de la sentencia, y después que banco y funcionarios hubiesen interpuesto varias tutelas que les han sido negadas, el último recurso que queda a los demandados es el incidente de desacato, para que los responsables sean sancionados con todo el rigor de la Ley. No tiene ninguna justificación que entidad bancaria de “tanto prestigio”, si es que aún lo tiene, la esté dilatando en forma tan vergonzosa y descarada, donde aparecen condenados tanto el Banco Popular, como los funcionarios señalados como responsables a través de todo el proceso, tanto de responsabilidad civil como penal.

El proceso, al cual nos hemos venido refiriendo en capítulos anteriores, es un calvario vivido durante más de 16 años de tortura, dilaciones y desacatos, promovido por el Banco Popular, en contra de las víctimas que fueron inducidas al error para pertenecer a una empresa que estaba totalmente en quiebra; que, para recuperar las acreencias perdidas, acudieron a la buena fe de un grupo de ciudadanos inversionistas que finalmente fueron estafados, y lo más grave: estigmatizados económica, social, moral y comercialmente ante los estrados judiciales, entidades bancarias y centrales de riesgo, puesto que sus bienes, aún a seis mes de haberse dictado sentencia condenatoria contra los responsables, continúan embargados y sus nombres reportados en Datacrédito y Cifin.

Esperamos que el señor superintendente Financiero, quien ha dado muestras de ser persona imparcial y sus actuaciones han estado muy ajustadas a derecho, se pronuncie sobre tan aberrante caso, puesto que su antecesor, no obstante habérsele manifestado por escrito, hizo caso omiso y se limitó a dar una respuesta tan vaga, que no se compadece en nada con las funciones de vigilancia y control que dicha entidad debe ejercer sobre las entidades bancarias.

Toda esta tramoya jurídica se inicia en el año 1.996, con Marco Fidel Urbano Franco, en calidad de gerente regional; y la señora Myriam Ramirez de Peña, gerente de la sucursal calle 14 —para la época de los acontecimientos—, cuando la familia del Mayor General del Ejército (R) Marino Gutierrez Isaza, junto con su señora esposa, hijo y otros allegados, fueron invitados a formar parte de las empresas Internacional de Cauchos y Arprint de Colombia Ltda, que a la postre resultaron ser todo una estafa, puesto que, para el momento de la vinculación de los nuevos socios, ambas se encontraban quebradas —ocultándoles tan desastrosa realidad—, convirtiéndose así en toda una asociación para delinquir, tipificándose además el delito de estafa agravada, con anuencia de directivos del Banco Popular.

Fue así como, desde el inicio de semejante viacrucis para la familia Gutierrez Isaza y sus demás allegados, el Banco Popular, sin ningún escrúpulo por los derechos de los afectados, inició toda una persecución de tipo civil y penal contra los bienes de los nuevos socios de las empresas mencionadas, sin que valieran pruebas contundentes de falsedad en los pagarés que fueron adulterados, con clara demostración de estudios periciales y grafológicas —ignoradas por el juzgado 5to Civil del Circuito—, que en los actuales momentos, no obstante estar notificado de la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Penal, a favor de los demandados, se ha negado a decretar el desembargo de los inmuebles de los afectados, y más bien limitándose al argumento, bajo ningún punto de vista creíble, que la sentencia después de cinco meses no le ha sido notificada, teniendo el descaro de señalar fecha de remate del apartamento de uno de los demandados para el primero de septiembre del año en curso.

Es preocupante tener que concluir que, en nuestro país, son muchos los jueces que no acatan las decisiones de sus superiores y se pasan por la faja las sentencias de última instancia proferidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia, para el caso al cual nos estamos refiriendo.

El Banco Popular, con el fin de dilatar el cumplimiento de la sentencia, interpuso varias tutelas por intermedio de los empleados implicados, corriendo con tan mala suerte, que el fallo está tan bien sustentado que ya han sido falladas en su contra.

En los actuales momentos, no obstante la sentencia a su favor, el Mayor General (R) Marino Gutierrez Isaza y su familia, continúan con sus apartamentos embargados, reportados en las centrales de riesgo y con constantes amenazas del Banco Popular, que si no cumplen con la obligación, sus inmuebles le serán rematados, continuarán reportados en las centrales de riesgo como si fuesen los peores delincuentes, peligro para el sector financiero del país y la sociedad.

Después de la sentencia, el Banco Popular ha convocado, en varias oportunidades, al hijo del Mayor General (R) Marino Gutierrez —José Ricardo Gutierrez— con el fin de proponerle un arreglo amistoso. Sin embargo, los daños y perjuicios causados a través de más de 16 años de angustias y padecimientos, en relación con lo propuesto, son tan pírricas y descaradas, que da pie para escribir una telenovela o novela de ciencia ficción, cuyo protagonista principal sería el Banco Popular y sus funcionarios implicados; con reparto en primera línea para los ciudadanos estafados y con efectos colaterales: la justicia en Colombia con la manguala del sector financiero.

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