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El presidente Petro tiene una buena oportunidad para combatir la discriminación que aún persiste en contra de las mujeres en el acceso a altos cargos. Le basta repetir con la terna para la Defensoría lo que hizo con la terna para la Fiscalía: aceptar la propuesta formulada por más de 580 organizaciones sociales y presentar una terna de sólo mujeres para ese cargo, con lo cual la Cámara de Representantes tendría que escoger una mujer y por primera vez tendríamos una defensora del pueblo. Es realmente una vergüenza que después de más de treinta años de la Constitución sólo hayamos tenido hombres en ese cargo.
Algunos objetarán que una terna de sólo mujeres es discriminatoria contra los hombres, como infundadamente lo sostuvo en la pasada elección de fiscal general algún magistrado de la Corte Suprema. Pero no es así: los tratados y la Constitución prohíben la discriminación por sexo, pero señalan que las autoridades pueden adoptar medidas especiales temporales para acelerar la superación de las discriminaciones contra la mujer, como las cuotas en altos cargos. Son las llamadas acciones afirmativas, sobre cuya legitimidad hay abundante jurisprudencia constitucional.
En este caso, una terna de mujeres es además necesaria por cuanto, a pesar de que la Ley 581 de 2000 ordenó que el presidente incluyera al menos una mujer en la terna, esa acción afirmativa ha sido insuficiente, pues la Cámara siempre ha terminado escogiendo hombres. El sesgo patriarcal ha sido evidente. Incluso ha habido ejemplos vergonzosos: en 2012, con una votación abrumadora, la Cámara prefirió a Jorge Armando Otálora, a pesar de que no tenía trayectoria en derechos humanos y que la terna incluía a dos mujeres con hoja de vida impecable y amplia experiencia en el campo: Beatriz Linares y Olga Lucía Gaitán. Luego Otálora tuvo que renunciar a la Defensoría por serias acusaciones de acoso laboral y sexual en su contra.
El nombramiento de una defensora del pueblo es no sólo un asunto de justicia con las mujeres, sino que además reduce la discriminación por sexo, porque aumenta la equidad de género en los altos cargos y acostumbra a la sociedad a ver a las mujeres en puestos de alta responsabilidad. Esto aminora los estereotipos patriarcales que subsisten y que explican que, a pesar de estar perfectamente cualificadas, muchas mujeres no accedan a altos cargos, como fiscal, magistradas de altas cortes o defensoras del pueblo, como lo mostramos en la campaña de Dejusticia “Por una justicia más diversa”.
Es cierto que no basta que una mujer dirija la Defensoría para superar las discriminaciones. También ha habido experiencias desafortunadas de altas funcionarias que han tenido desempeños muy cuestionables, incluso en contra de las mujeres. Es necesario que quienes integren la terna sean personas con una trayectoria impecable, independientes, profesionalmente competentes y comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación contra las mujeres. Pero eso no es problema: en Colombia sobran mujeres así, por lo que el presidente tiene de dónde escoger para hacer una terna impecable.
La llegada de una mujer a la Defensoría sería además una buena noticia para toda Colombia, y no sólo para las mujeres, porque en realidad con los hombres nos ha ido mal. La mayoría de quienes han dirigido esa institución han tenido un desempeño pobre, tal vez con las excepciones de Jaime Córdoba y Eduardo Cifuentes, que fueron defensores del Pueblo dignos de ese nombre, aunque este último no debió nunca renunciar antes de terminar su periodo para irse a la Unesco.
Coincido entonces con la columna del pasado jueves de Cristina Nicholls: es la hora de las mujeres para dirigir la Defensoría del Pueblo.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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