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El golpe de Estado perpetrado por Maduro la semana pasada, con el apoyo de las fuerzas militares venezolanas, está directamente relacionado con la última masacre en el Catatumbo. Para el narcotraficante más buscado por Estados Unidos, la región fronteriza colombiana es estratégica en el objetivo de controlar las rutas del negocio que sostiene su régimen criminal, aliado del Pacto Histórico, en el hermano país.
Después del Pacífico nariñense, Catatumbo es la segunda región de mayor narcotráfico en el mundo. La dictadura de Maduro busca fortalecer las rutas y unificar el liderazgo que controla el negocio. La “paz total” y el cese al fuego bilateral decretado por el gobierno Petro han incapacitado a la fuerza pública para actuar y adelantar operaciones contra estas organizaciones criminales como el ELN, disidencias de las FARC, reductos del EPL y otros GAOR (Grupos Armados Organizados Residuales). Una guerra total desatada por esta política que, irónicamente, para nada conviene a Maduro ni a sus cómplices.
Las fotografías tomadas en la escena del crimen indican que no hubo combates o enfrentamientos. Las víctimas presumiblemente fueron sacadas de sus casas y amarradas para ser masacradas. El reto para las autoridades judiciales ahora será determinar el móvil o móviles de la barbarie.
El ELN ha demostrado ser una confederación de células sin comando y control unificado. Su base guerrillera resiente que, mientras los negociadores se dan “la gran vida”, ellos le ponen el pecho a su guerra por la cocaína.
La protección de la población civil en el Catatumbo y la lucha contra estas estructuras delincuenciales requieren un enfoque integral e interagencial. El cese al fuego bilateral debe ser suspendido de inmediato y la orden para la fuerza pública: ir totalmente a la ofensiva. La recuperación del pie de fuerza, particularmente en el ejército, y de su capacidad helicoportada para proyectar fuerza, cortar las rutas del narcotráfico, estabilizar el territorio e iniciar un proceso de consolidación de presencia estatal son medidas prioritarias.
Una vez consolidada la presencia estatal territorial militar y policial que asegure el monopolio legal de la fuerza, pueden llegar las oportunidades a través de programas sociales, educativos y de desarrollo económico. La inversión en infraestructura de conectividad vial, internet satelital y servicios básicos es vital para mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir la dependencia de la economía ilegal.
En paralelo, reemplazar la fracasada política de paz total por una de sometimiento total, en la que existan plenas garantías de cumplimiento y verificación para las partes. Un proceso que debe ir acompañado de mano dura, lo que significa plena autoridad y firmeza en la aplicación de la ley y la justicia.
Solo de esta forma se podrá garantizar la seguridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas que trabajan en la región. Además, establecer mecanismos de protección para las comunidades más vulnerables y asegurar que las víctimas de la violencia reciban atención y reparación.
Una condición para el éxito de un plan de recuperación territorial es involucrar a las comunidades locales en la construcción de soluciones. Las organizaciones comunitarias y los líderes locales deben ser parte activa en la formulación y desarrollo de políticas de seguridad con oportunidades. La participación ciudadana es el centro de gravedad para la legitimidad del Estado y la posibilidad de construir capital social.
Por Juan Manuel Galán Pachón
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