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En febrero la Corte Constitucional espera definir si la emergencia social y ambiental decretada por el Gobierno Nacional para conjurar la crisis invernal se ajusta o no la Carta Política, sostuvo el magistrado Mauricio González, presidente del alto tribunal.
Añadió que ya fueron repartidos 25 de los decretos expedidos por el Ejecutivo para atender a los millones de damnificados y reparar los daños infraestructurales causados por las lluvias en diversas regiones del país.
Los nueve magistrados de la Sala Plena tendrán a su cargo el estudio de cada una de las normas, que estarán supeditadas a la suerte que corra la declaratoria del estado de excepción; González Cuervo indicó que de ser declarado inconstitucional el llamado decreto madre, automáticamente causará el mismo efecto en los restantes.
Así mismo, manifestó que a partir del próximo lunes la ciudadanía tendrá la oportunidad de pronunciarse en torno a la exequibilidad del estado de excepcionalidad; el plazo culminará el viernes 21 de enero.
A partir de entonces empezarán a correr los diez días hábiles con los que cuenta el Procurador para emitir su concepto que, una vez radicado, dará inicio a los ocho días que tiene el magistrado sustanciador, el mismo González Cuervo, para presentar la ponencia ante la Sala Plena, que procederá a votar si acepta o no ese proyecto de fallo.
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