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El 20 de julio del 2000, Virgelina Aguiar asesinó a José Virgilio Campos, quien para la época era su jefe en una carnicería de Ibagué (Tolima). Además de darle trabajo, el hombre le brindaba hospedaje y comida, a ella y a sus hijos, pero aprovechándose de que ella era madre soltera. La acosaba, la amenazaba y le hacía chantajes morales sobre la seguridad de sus niños. Esa noche, fue obligada a tener relaciones sexuales con él a cambio de que le dijera dónde estaban sus hijos. Después de ser abusada, el hombre no solo le ocultó la información, sino que además la amenazó con un cuchillo para volver a violarla. Aguiar no resistió, y en un instante de desespero, lo mató. Después de 24 años, su caso podría cambiar la manera en la que se llevan los juicios contra mujeres que cometieron crímenes por ira e intenso dolor en Colombia.
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La Corte Constitucional escogió para revisión una tutela con la que la defensa de Virgelina Aguiar ha solicitado, ante diferentes instancias judiciales, reversar la condena por homicidio agravado que la tiene tras las rejas. La solicitud está sustentada en que, en casos así, no se aplica el enfoque de género, lo que podría ser definitivo en situaciones de extrema angustia. Para la organización Temblores, que lleva la defensa de la mujer abusada, el sistema judicial colombiano no ha aplicado correctamente el enfoque de género en casos como el que ahora revisará el alto tribunal. Según la oenegé, aunque en la ley colombiana se contempla el enfoque, realmente no ha sido aplicado en casos de mujeres víctimas, que terminaron siendo victimarias y han sido procesadas penalmente, justo cuando padecían contextos de violencia que las llevaron a cometer crímenes.
El caso es tan particular, relevante y novedoso, que el alto tribunal lo escogió dentro de las miles de tutelas que se procesan diariamente en la Corte Constitucional. Los bemoles del expediente, que cayó en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo como ponente, han sido tan drásticos, que la decisión podría sentar jurisprudencia y crear una nueva ruta para que los casos de homicidio como el del agresor de Virgelina Aguiar sean revisados bajo otra óptica. Una que, hasta ahora, no ha sido del todo adoptada por el sistema judicial colombiano y en la que se respeten los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la no discriminación y a las garantías para vivir una vida libre de violencia.
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Daniela Rojas, coordinadora de Policarpa, área legal de Temblores, habló con este diario. La abogada especialista en derecho constitucional señaló que, aunque particularmente la organización buscar que el caso de su clienta se resuelva a su favor, la decisión de la Corte podría crear un precedente para que se tenga en cuenta el contexto de violencia en el que viven muchas mujeres. “Esperamos que la Corte Constitucional nos diga que en el caso de Virgelina todas las decisiones que se han tomado han vulnerado derechos fundamentales y que los funcionarios judiciales que conocieron el expediente dejaron de lado el enfoque de género, a pesar de que ella fue una víctima de violencia de género”, señala Rojas.
El principal argumento que tiene la defensa de la mujer —y que podría llegar a ser tenido en cuenta para casos similares— es el del enfoque de género. En la tutela que seleccionó la Corte, los abogados señalan que el caso es de especial relevancia, porque, aunque hay jurisprudencia que hace referencia a ese enfoque, “aún no ha considerado específicamente la situación de mujeres procesadas que también son víctimas, reflejando así un vacío jurisprudencial que requiere atención para asegurar la igualdad y eliminar la discriminación”. Sin embargo, no es lo único que motivó a la defensa de la mujer a llevar el caso hasta el alto tribunal, pues consideran que en el caso de Virgelina Aguiar hay otros aspectos particulares que merecen urgente remedio judicial.
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El expediente bajo la lupa ha dado vueltas por todo el sistema judicial desde esa noche en la que, después de cometer el crimen, ella misma se entregó a las autoridades y confesó lo ocurrido. En mayo de 2001, el Juzgado Sexto Penal de Ibagué la condenó a ocho años y cuatro meses de prisión como autora del delito de homicidio simple. Sin embargo, ese despacho señaló que el crimen lo cometió bajo ira e intenso dolor, lo que haría que su pena fuera más benévola. Así, el 6 de octubre de 2003, se le concedió la libertad condicional y dejó todos los datos de contacto por si la justicia volvía a requerirla. Mientras trataba de rehacer su vida, el Tribunal Superior de Ibagué revisó su caso y cambió totalmente su condena.
En junio de 2005, hace casi 20 años, el Tribunal consideró, no solo que Virgelina Aguiar debía estar tras las rejas, sino que la pena debía aumentarse drásticamente: a 28 años y nueve meses de prisión. La nueva decisión, según el despacho, fue porque su empleador, supuestamente, estaba en estado de indefensión. Para Temblores, en las consideraciones del Tribunal, así como en la posición de la Fiscalía y la Procuraduría, no se tuvo en cuenta en ningún momento la violencia que ejercía José Virgilio Campos en contra de la mujer. Sin embargo, el Tribunal nunca le notificó la decisión a Virgelina Aguiar, quien hizo su vida creyendo que había superado su pena inicial, criando a los hijos que ha mantenido por su cuenta.
La protagonista de esta historia recién se enteró del resultado del Tribunal en febrero de 2022, cuando fue capturada en un retén de la Policía y llevada a cumplir una pena que pudo haber pagado desde 2001. Desde entonces, Virgelina Aguiar está recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué, purgando la pena de casi 30 años que considera injusta. Estando allí, quiso apelar la decisión del Tribunal y pidió copias de las decisiones que se habían tomado en su contra en primera y segunda instancia. No obstante, la respuesta llegaba como otro golpe a su vida: su expediente había sido archivado y está perdido desde septiembre de 2014. Ni el juzgado, ni el tribunal, ni la Fiscalía, tenían copia de las actuaciones procesales en el caso de Virgelina Aguiar.
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A través de una acción de tutela, en primer momento, peleó por sus derechos fundamentales a la Corte Suprema de Justicia, a la que le pidió tumbar la decisión del Tribunal Superior de Ibagué que, según su defensa, desconoció el argumento principal de la ira e intenso dolor a la hora de cometer el crimen. En ese alto tribunal, la Sala Civil confirmó la sentencia de primera instancia que tenía en cuenta la ira y profundo dolor. Aun así, a consideración de la defensa de la mujer, esa decisión también desconoció drásticamente el enfoque de género, pues solo limitó a decidir sobre la incorrecta notificación. “Juzgar con perspectiva de género no significa desfigurar la realidad para beneficiar a un sujeto procesal o que deba accederse a las pretensiones enarboladas por un grupo de personas históricamente excluido o discriminado”, se lee en la decisión de la Sala.
Es ahí en donde está el meollo de este caso. De acuerdo con la abogada María Camila Correa Flórez, profesora de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, no es que en Colombia no haya enfoque de género en las leyes para juicios penales, sino que no se interpretan correctamente. Además, agrega que hay una “aplicación masculina al derecho, es decir, una aplicación que no tiene en cuenta las experiencias de las mujeres”, lo cual imposibilita, dice la jurista, que se haga un análisis de las situaciones para establecer si hay legítima defensa o se actúa por ira e intenso dolor, en casos donde la víctima haya sido victimario antes.
La profesora Correa, quien asesoró a Temblores para el caso de Virgelina Aquiar, señala que en dado caso de que la Corte Constitucional le dé una respuesta positiva a la mujer sobre su tutela, se abriría para ella una nueva puerta. El Tribunal Superior de Ibagué, que le impuso la alta condena, tendría que revisar de nuevo el caso, ahora sí, con el enfoque de género que omitió para aumentar drásticamente la pena que hoy purga. Sin embargo, no hay nada escrito y el alto tribunal aún tiene tiempo para tomar una decisión. Pero, advierte la defensa de Virgelina Aguiar, que de no tener una respuesta favorable, llevarán el caso hasta instancias internacionales en donde buscarían que el Estado sea el que responda por lo que ellos consideran una injusticia.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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