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Sin embargo, hasta la semana pasada, lo único que habíamos conocido los bogotanos sobre el proceso licitatorio para la entrada de un nuevo operador —un negocio estimado en $67.000 millones— era un par de anuncios hechos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito (Uaesp) para aplazar la entrega de las respuestas a las inquietudes presentadas por personas, empresas y entidades que de alguna manera tienen interés en manejar este relleno.
El último plazo que se dio el Distrito para responder a esas inquietudes vence el próximo martes. Hay radicadas 700 preguntas de diferentes sectores, con las que los posibles participantes pretenden tener la claridad que no pudieron dar las precisiones hechas por la entidad para el manejo de basuras y lixiviados (un solo operador va a manejar los dos servicios) en los prepliegos publicados en la página web de la entidad.
Suponiendo que la Uaesp no pida un nuevo aplazamiento y se ajuste a los términos que la normatividad establece para contratación, que logre convocar a la audiencia este mismo miércoles y publicar los pliegos definitivos al día siguiente, y que los aspirantes presenten su propuesta con base en esos pliegos a más tardar una semana después (septiembre 17), la adjudicación se haría el próximo 7 de octubre. A las claras, y a pesar de que ya ha habido cuatro prórrogas obligadas al contrato actual —la última por parte de la administración Moreno—, a la Uaesp le ha quedado grande esta licitación millonaria y de vital importancia para el manejo de las basuras de la capital.
Empero, todo parece indicar que no se trata solamente de un asunto de ineficiencia. Esta semana, en un restaurante del norte de la capital, un periodista de El Espectador fue testigo de una comprometedora conversación entre la hasta ese momento secretaria jurídica de la Uaesp, Catalina Franco, su esposo, el ex consejero de Estado y experto en contratación Alier Eduardo Hernández, y el jurista Édgar González, en la que, según un diagrama que dejaron escrito en el mantel donde cenaban, exploraban la manera de desprestigiar al actual operador, Proactiva, para declarar una emergencia sanitaria y, mediante la figura de la urgencia manifiesta, contratar a dedo un operador. Así, de paso, lograban descalificar de participar en la licitación al actual operador.
La directora de la Uaesp, María Eugenia Virviescas, en declaraciones a Caracol Básica y a la W el pasado viernes, excusó la conversación y los gráficos en que efectivamente se están buscando alternativas para el manejo del relleno al vencimiento de la prórroga actual con Proactiva. Lo que no supo explicar y es causa de la mayor preocupación es el otro dibujo dejado en el mantel de los comensales que tiene varios signos de pesos al lado de unas iniciales, las cuales, tras la publicación de este diario, se han relacionado con la reciente denuncia de cinco concejales sobre “la presencia de una suerte de cartel que todo lo controla y todo lo decide” en la contratación distrital.
Ojalá no fuere lo que parece, la intención de la Uaesp de excusar su retraso en la licitación con un incumplimiento del contrato que, si bien Proactiva ha tenido cuestionamientos, no procede. O, lo que es peor, que a propósito se esté aplazando la licitación para nombrar a dedo un millonario contrato mientras están listos los pliegos y en el proceso descalificar al actual operador de participar en la licitación para favorecer a otros aspirantes. Y ni hablar de que en toda la estrategia puedan estar rodando comisiones millonarias. Algo huele mal en esta concesión y el Alcalde está obligado a tomar medidas y garantizar la transparencia. Ya, con prontitud hay que decirlo, ha declarado insubsistente a la secretaria jurídica de la Uaesp, pero lo que este episodio deja en claro es que aún hay mucho por hacer para extirpar la corrupción en la contratación distrital. ¡Señor Alcalde, es hora de tomar las riendas!