Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
A sus 52 años Arnaldo José Rojas Tomedes, exgobernador de Guainía completó su quinta condena por irregularidades en contratos mientras fungió como autoridad gubernamental durante 1998 y 2000. La más reciente decisión es de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que lo sentenció a cinco años en su lugar de residencia por el manejo “ilícito” que le dio a los recursos que le desembolsó la Comisión Nacional de Regalías. En este caso el exmandatario tenía la responsabilidad de ejecutar un proyecto que buscaba descontaminar de mercurio los ríos Inírida y Guainía. (Lea también: Exgobernador de Guainía, condenado por corrupción en descontaminación de mercurio)
La entidad estatal le entregó a Rojas Tomedes más de 205 millones de pesos que fueron invertidos en contratos de prestación de servicios y órdenes de servicios sin que se cumpliera con el lleno de los requisitos legales que le exigía la ley. Esta situación, según la investigación de la Contraloría de la República y que fue acogida por la Fiscalía General, generó afectaciones en el proyecto que se suscribió con varias empresas lo que llevó al exgobernador a estar nuevamente ante los estrados judiciales.
Lo que se le reprochó a Rojas Tomedes es que cuatro de los 28 contratos celebrados tenían irregularidades. Se trata de los convenios 028 de diciembre 30, 017 del 3 de septiembre, 027 de diciembre 30 y la orden de servicios 0133 del 30 de diciembre, todos los documentos suscritos en 1998. Los dos primeros se firmaron con Hernán Jaraba, y sus empresas Jaraba y Chajin y Jaraba y Mejía Ltda. Los acuerdos, según la Contraloría, fueron celebrados con el mismo objetivo: adelantar el estudio de un impacto ambiental para la exploración aurífera en pequeña minería a cielo abierto en los lechos de los ríos Inírida y Guainía.
Lo anterior no fue lo único que llamó la atención de los entes de control pues el contratista reconoció que los socios de su empresa y funcionarios de la Gobernación tenían una amistad de por medio. Eso para la Contraloría y la Fiscalía es violación al principio de selección objetiva. En cuanto a la tercera contratación irregular el expediente dice que se registró con Nathalia Ríos, con quien se celebró un convenio por más de nueve millones de pesos. Este tenía el mismo objetivo que suscribieron con Jaraba. Además de eso, los entes de control hallaron que en la documentación para dar aval a ese convenio no aparece una solicitud de oferta diferente a la de la mujer por lo que reprocharon que este no tuvo estudios previos en el mercado para escoger más oferentes.
En la cuarta actuación al exgobernador se le cuestionó haber celebrado una orden de servicios en la que participó Arcángel Núñez, un joven que cumplía labores como auxiliar en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente por un término de seis meses. No obstante, la irregularidad que hallaron en este caso fue la de contratar un menor de edad, pues para la época de los hechos tenía 17 años. Sumado a ello, cuando fue llamado a declarar ante las autoridades este dijo que desarrolló actividades totalmente diferentes a las de proyecto convenido.
Con lo anterior, la Corte centró su atención en los contratos mencionados. Lo hizo porque consideró que Rojas Tomedes invirtió ese dinero en obras que no estaban planeadas y tampoco generaban un beneficio para la comunidad. Le reprocharon que desconoció los principios de contratación estatal debido a que hicieron falta estudios previos del proyecto que se iba adelantar en el departamento. Con los testimonios allegados a los entes de control se demostró que el exfuncionario manejó el proyecto y “lo hizo con mezquinos intereses de favorecer a sus amigos” y no acatar la problemática generada por la explotación minera de la que era objeto la iniciativa.
Para la Corte con las actuaciones de Rojas Tomedes se vulneró la transparencia y la selección objetiva de los oferentes para asumir la ejecución del proyecto. Además no se verificó la capacidad del contratista debido a que en el cuarto contrato los recursos le fueron entregados a un menor de edad. En su defensa el exmandatario dijo que delegó funciones a su Secretario de Agricultura, quien para la época de los hechos era José Gilberto Rojas. Si bien el alto tribunal tuvo en cuenta que la designación que hizo el exfuncionario fue sobre algunos hechos puntuales no le rebajó su responsabilidad pues reiteró que los mandatarios locales son los encargados de velar y vigilar por las contrataciones públicas que se hacen. (Le puede interesar: Fiscalía creó “grupo élite preelectoral” para investigar hechos de corrupción)
La defensa de Rojas Tomedes le reprochó a la Fiscalía que tomó como base la investigación que tiempo atrás había cerrado la Contraloría. No obstante, se aclaró que el proceso se archivó porque consideraron que no hubo una responsabilidad fiscal. Lo anterior no fue un impedimento para que el ente de control compulsara copias al órgano investigador y con ellas se determinara si había obligación penal por parte del exfuncionario. Aunque estos alegatos llegaron ante al despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente del caso, no fueron suficientes para no responsabilizar al exgobernador por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos y cancelar una multa de $10 millones.
Otras condenas
Esta no es la primera vez que el exfuncionario se enfrenta al alto tribunal ya lo ha hecho en cuatro ocasiones en las que no salió bien librado. La primera ocurrió en febrero de 2005 en el que se le declaró responsable por el mismo delito de su última condena. En esa sentencia el alto tribunal le impuso cinco años. En una segunda ocasión, en 2006, se enfrentó a cinco y cinco meses por irregularidades en contratos que vinculaban la ampliación de la red eléctrica del departamento y mejorar la vía que de Inírida conduce a Coco.
Lo que trascendió en ese entonces es que se suscribieron cinco contratos entre febrero y diciembre de 1999 para mejorar la carretera entre Inírida y Coco. Los convenios sobrepasaron los 190 millones de pesos y la ejecución de los mismos tuvieron contratiempos por ambas partes. Tanto los contratistas como la gobernación incumplieron. Los primeros porque pusieron materiales distintos a los acordados y además no contaban con personal capacitado para adelantar la obra, y los segundos porque no arrendaron a tiempo la maquinaría que se iba a usar. Por lo anterior decidieron cancelar las obras.
En otros convenios suscritos por Rojas Tomedes también dan cuenta de irregularidades en la realización de obras en el Internado San Pedro Claver, la construcción de un bloque de dormitorios para la comunidad San Felipe, así como la remodelación de la unidad sanitaria del internado de la misma comunidad. Al exmandatario también se le reprochó la celebración de un contrato que tenía como objeto la ampliación de redes eléctricas y aumento de generación de energía para Inírida. El convenio inicial que fue para instalar redes y la adquisición de una unidad generadora del servicio tuvo un valor que superó los $500 millones. Meses más tarde suscribieron un segundo contrato por una cifra similar y en un mismo día firmaron 10 más de menor cuantía.
El alto tribunal cuestionó al exgobernador sobre el daño causado a la administración porque “abusando de las funciones del ordenador del gasto en varias ocasiones celebró contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales en su trámite sobreponiendo sus intereses particulares a los públicos generando desconcierto en la comunidad local, por defraudar la confianza que habían depositado como primer mandatario”. (Noticia relacionada: Guainía, la otra cara del COVID-19 en Amazonia)
Para 2007, una tercer condena de ocho meses por el delito de peculado culposo hizo parte de su prontuario judicial. En esta ocasión el exmandatario suscribió un contrato con Conproriente por más de $65 millones para saldar una deuda pendiente que había dejado su antecesor con la firma contratista tras la liquidación de un convenio que tenía como objetivo adquirir repuestos para la motoniveladora, un maquina de construcción empleada para nivelar terrenos. El documento que se suscribió en 1998 a través de la Secretaria de Hacienda ocasionó perjuicios por más de 27 millones de pesos.
Si bien Rojas Tomedes acordó realizar tres pagos que saldaran la deuda. Se hicieron cuatro con un sobrecosto para la administración gubernamental, situación que nuevamente lo llevó ante los estrados judiciales y a aducir bajo su defensa que una vez más confió en la idoneidad de sus colabores a quienes les delegó los pagos de la deuda. En esa ocasión el alto tribunal consideró que suscribió un contrato “sin verificar antecedentes, reclamar explicaciones a sus colaboradores y sin hacer un análisis del caso que privilegiara al departamento”.
Con lo anterior, para el alto tribunal el exgobernador actuó de manera negligente, ligera y descuidada. Y como si los llamados de atención fueran pocos, de manera consecutiva para 2008 el exfuncionario volvió a ser condenado. Esta vez su pena llegó a los 10 años de prisión y fue por los delitos de régimen de inhabilidades e incompatibilidades y peculado por apropiación. En esa ocasión Rojas Tomedes celebró tres contratos que tenían la finalidad de remodelar el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento ubicado en la capital de Guainía.
El exgobernador celebró los convenios con tres personas que, en realidad, representaban a dos diputados de la Asamblea Departamental. El alto tribunal le reprochó, inicialmente, no verificar antes de suscribir los contratos el cumplimiento del principio de planeación pues no existieron estudios previos que identificaran las necesidades para adelantar las obras de remodelación del colegio. Tampoco tuvo un presupuesto preliminar de los recursos a invertir y además de eso, le cuestionaron que él conoció las inhabilidades de los diputados para contratar con el Estado y aún así lo hizo.
En ese caso, el exgobernador no solo debía purgar los 10 años de prisión en centro carcelario sino que además tenía que reembolsar más de 40 millones de pesos al departamento debido a que causó daños económicos con la celebración de los tres convenios. (Le puede interesar: Ordenan cierre de carretera en Amazonia que estaría al servicio de disidencias)
Conoce más