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El dirigente de los grupos de autodefensa del estado de Michoacán José Manuel Mireles afirmó que el Gobierno estatal «todavía tiene muchos funcionarios» involucrados con el crimen organizado, y denunció la llegada de presuntos miembros del cártel del Golfo y de Los Zetas a ese estado mexicano.
Mireles consideró positiva la detención del exsecretario de Gobierno de Michoacán Jesús Reyna, pero aseguró que el crimen organizado aún sigue metido en la casa.
A partir del arresto preventivo de Reyna, el sábado pasado, por posibles contactos con organizaciones delictivas, «van a salir muchos más del gabinete», dijo a la emisora Radio Fórmula.
El dirigente recordó que Reyna fue el coordinador de campaña del actual gobernador Fausto Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder federal) en las elecciones de 2011, un proceso en el que la mayoría de michoacanos -dijo- «votó con un fusil en la cabeza» de los «templarios».
Mireles había acusado el año pasado a Reyna, también del PRI, de tener vínculos con «templarios».
Reyna, que de abril a octubre de 2013 fue gobernador interino de Michoacán mientras Vallejo se sometía a un trasplante de hígado, negó las imputaciones.
El portavoz de las autodefensas también denunció la llegada a Michoacán de miembros del cartel del Golfo y Los Zetas, dos organizaciones que, dijo, ven a este estado del suroeste de México como «un pastel exquisito«.
Reiteró que las autodefensas que surgieron hace un año para combatir a Los Caballeros Templarios no entregarán las armas hasta que el crimen organizado haya sido desterrado.
«Nuestra guerra no es contra (…) el Gobierno federal (…) es contra el crimen organizado», afirmó y pidió a las autoridades que les permitan defenderse, de lo contrario -advirtió- quedarán expuestos a las organizaciones criminales.
El Gobierno mexicano se ha volcado los últimos meses en Michoacán ante el vacío de autoridad en ese estado por las acciones de los «templarios» y el surgimiento de grupos de autodefensa que se alzaron en armas para combatir a los narcotraficantes.
Miles de soldados y policías han asumido en el estado funciones que antes correspondían a agentes federales y municipales, y el Ejecutivo ha designado a varios altos funcionarios para garantizar la seguridad en esa región del país.
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