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Hace una década, Marlon Enrique Orozco soñaba con ser comisario de la Policía e incautaba cargamentos de coca que llegaban escondidos a San Andrés. En junio de 2011 lo citaron a una capacitación institucional en la base aérea de Catam, en Bogotá. Todo fue una mentira. Apenas llegó, fue esposado y conducido a Cartagena, donde lo imputaron como supuesto líder de una organización de narcotráfico que tenía infiltrada a la Policía en todo el país. Hoy, 10 años después, la justicia le dio la razón en su inocencia y, además, ordenó que se abriera una investigación en contra del informante que lo puso en la palestra.
Hace 10 años, el policía quedó reseñado de pertenecer a una organización criminal compuesta por 16 personas que fueron judicializadas y enviadas a la cárcel. Ante la opinión pública, Orozco era un delincuente más que quedó al descubierto tras el resultado mentiroso de la “Operación Dignidad”, que se llevó a cabo por cuenta de un testimonio que rindió el patrullero Duan Aguilar, un policía encubierto que en 2010, en entrevista, le dijo a la Policía Judicial que conocía una red de narcotráfico protegida por la entidad que funcionaba en los aeropuertos de Cali, Medellín, Pereira, Cartagena, Barranquilla y San Andrés.
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Con base en su testimonio la justicia empezó a hilar en las investigaciones penales y disciplinarias que, aunque hoy le dieron la razón a Orozco sobre su inocencia, lo mantuvieron año y medio privado de la libertad y, posteriormente, sometido al rechazo laboral. Orozco, tiene todo su proceso documentado, no dice una palabra que no esté en su expediente, que conoció El Espectador. El patrullero Aguilar denunció en entrevista que Orozco, quien estaba en Antinarcóticos, había planeado la llegada al aeropuerto de San Andrés de 72 kilos de cocaína.
“Venía en el vuelo 7464 de la aerolínea Aerorepública desde la ciudad de Cali”, se lee. Aguilar, subalterno de Orozco para ese entonces, aseguró que los datos pueden “ser verificados en cualquier momento” y que tuvo conocimiento de ello dado que en ocasiones se vio obligado “a colaborar con esta actividad ilegal”. Entregó información de rutas, 19 nombres de suboficiales supuestamente involucrados y hasta el alias de presuntos criminales como El Gordo o El Príncipe.
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Tras su captura en 2011, la Fiscalía llevó a juicio a Orozco en menos de un mes. Sin embargo, el paso siguiente, la audiencia preparatoria, se realizó el 20 de mayo de 2021. Tan largo fue el proceso, que la mayoría de los acusados quedaron en libertad por vencimiento de términos e, incluso, falleció el expolicía Juan Castro. Cuando llegó el momento decisivo, en juicio, la Fiscalía se quedó sin cartas que jugar, pues el patrullero Aguilar se negó a soportar su entrevista con la Policía Judicial. Al final, el ente investigador solo presentó como pruebas el testimonio de la patrullera Yuri Cacua, quien dijo recordar poco y que Aguilar era quien tenía la información.
La Fiscalía “no demostró en ningún momento el vínculo de estos con alguna organización al margen de la ley que se encargara del manejo o producción de los estupefacientes”, señaló el Juzgado, que absolvió a Orozco de toda culpa y como medida adicional compulsó copias para investigar a Aguilar por no presentarse en el juicio. Esta no es la primera medida que se toma en contra del informante. En 2012, la Inspección General de la Policía cerró la pesquisa contra Orozco y pidió una investigación formal contra el policía encubierto. “El uniformado no es coherente en sus afirmaciones y cuando es contrainterrogado evade de manera absoluta circunstancias que había dado como ciertas”, explicó la Inspección de la Policía.
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Marlon Orozco tiene carpetas desbordadas por documentos y su mente invadida por las dudas. No se explica por qué la Policía lo destituyó primero y luego lo investigó a través de la Inspección. Tampoco, cómo el patrullero Aguilar lo involucró con la llegada de 72 kilos de coca al aeropuerto, si la minuta del 27 de abril de 2010 es contundente en registrar que ese día estaba de descanso. “Yo no entiendo cómo sancionan a una persona y después la investigan. Yo perdí 10 años de mi vida. Para esta época ya me estaría retirando como comisario de la República. Hubiese salido con el honor que eso representa. Me arrebataron ese sueño. Y a mi familia”, dijo en entrevista con este diario.
Ahora, la defensa judicial de Orozco prepara una demanda contra la Fiscalía y la Nación, para ser reparado por el año y medio que pasó en prisión y la década en la cual ha sido rechazado una y otra vez por sus antecedentes judiciales. “Desde el 8 de junio de 2011 hasta hoy, día de la entrevista, mi nombre está siendo mancillado. Me sentí humillado después de querer servirle a mi comunidad”, concluyó en diálogo con este diario. Además, recuerda con tristeza la historia de su padre, un hombre de más de 70 años que, en medio de su nostalgia, por meses se resguardaba en su casa desde las 6:00 p.m. Emulaba el horario y la forma en que Orozco, su hijo, regresaba a su celda en la cárcel Ternera, en Cartagena.
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