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Si Uldarico Peña es un monopolista, explotador y politiquero del transporte en Bogotá, Travis Kalanick lo es del mundo. O bueno, de 58 países y más de 300 ciudades donde funciona Uber.
El reto de Kalanick y su empresa de apenas 5 años y ya avaluada en 50 mil millones de dólares, es mucho más profundo que el placer de conseguir transporte en un carro que llega rápido, huele más rico, tiene botellas de agua y enfurece a los taxistas.
Uber y Kalanick son sólo los nombres más representativos de una disrupción de los mercados laborales de servicios alrededor del mundo. Si no es Uber será Lyft, o Airbnb o Instacart o Postmates o TaskRabbit o Homejoy o una de las cientos de nuevas compañías digitales de la “sharing economy” o economía cooperativa que surgen cada año.
Sus promotores ven en esta disrupción una nueva cara de la eficiencia del mercado laboral, que permite conectar la oferta y demanda de servicios, da oportunidades de ganar dinero extra en horas flexibles, y provee servicios de mayor calidad a los consumidores. Es una evolución natural del mercado tras la ubicuidad de la tecnología.
Los detractores de esta nueva disrupción alegan que esta economía recrea un sistema feudal en la era digital. El intermediario más fuerte extrae rentas de trabajadores que no se pueden organizar. Por ejemplo, a pesar de la propaganda corporativa de que un conductor de Uber en Nueva York se podía ganar un sueldo de clase media alta, todos los estudios posteriores apuntan a que los conductores, luego de la comisión de Uber, la gasolina y el mantenimiento de sus carros, no ganan un mejor salario que un taxista, y encima no tienen seguridad social. Además están sometidos a los cambios de tarifa de la compañía que ya en el pasado ha reducido el precio de los viajes y aumentado la comisión para seguir siendo competitiva.
Por eso la lluvia de demandas para considerar a los conductores como empleados. En California, Uber ya perdió una. Pero con un músculo financiero mucho más poderoso, Uber ha logrado, a través de abogados y lobbistas, aguantar por ahora este tipo de ataques en decenas de países, incluyendo Colombia.
El problema de fondo es que las estructuras legales para entender el trabajo —o empleado o contratista—no son suficientes para incorporar a la economía cooperativa, como argumentan abogados y economistas en EE. UU. como Wilma Liebman.
Ni las empresas como Uber son rentables y eficientes si se las obliga a emplear a sus conductores, ni sus conductores van a tener condiciones dignas de trabajo si se los mantiene como contratistas. Prohibir la economía cooperativa no es una opción. Entonces es necesario pensar en categorías intermedias entre empleado y contratista, los llamados contratistas dependientes. Contratistas con más derechos, como una red mínima de seguridad social, por ejemplo.
Como todos los retos regulatorios, el proceso sería engorroso y políticamente costoso. Pero si se logra, no sólo habrían cambiado el panorama laboral para los conductores de Uber, sino también para los sometidos por Uldarico.
@danielpacheco