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Uno de los operativos de la Policía Nacional, que en los últimos años generó revuelo mediático, fue la incautación de 2,4 toneladas de cocaína, camufladas en un cargamento de carbón que iba con destino a Bélgica. El enorme alijo, interceptado a principios de diciembre de 2023 y que es considerado el mayor decomiso realizado por la Fuerza Pública durante el Gobierno del presidente Petro, fue revelado en una concurrida rueda de prensa en el puerto de Barranquilla por el propio director de la Policía, general William René Salamanca, quien estuvo acompañado de la cúpula policial. El operativo fue tan importante que hasta el primer mandatario lo mencionó en sus redes sociales.
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En el patio 14 de esa terminal marítima, el alto oficial invitó a los periodistas a acercarse a los 35 bultos confiscados para que de su propia voz les explicara cómo fue que se ocultó la droga, la cual había pasado por Bogotá y Boyacá antes de llegar a la capital del Atlántico. En ese momento, Salamanca no entregó información sobre qué empresa figuraba en los registros aduaneros como dueña de las dos toneladas y media decomisadas, pero El Espectador conoció por altas fuentes policiales que la compañía en cuestión es controlada a la sombra por un hombre que en el pasado ya ha sido procesado por supuestos nexos con el crimen organizado, en un millonario desfalco a Ecopetrol.
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La empresa señalada por la Policía es la Comercializadora Internacional Tropical Resources S.A.S., la cual, según los registros de Cámara de Comercio de Bogotá, fue creada en febrero de 2022 y estuvo ubicada, hasta diciembre de 2022, en un edificio residencial en la Carrera 7a con Calle 94. Ahora funciona desde una oficina del centro comercial Sabana Plaza, en pleno centro de la capital del país. La compañía, que se dedica a la exportación de materias primas, es representada legalmente por Vladímir Álvarez Claro, de quien no se tiene mayor información. Del que sí aparecen registros judiciales, y está en la mira de la Fiscalía, es de uno de los dos accionistas de la comercializadora Internacional.
Se trata de Enrique Antonio Puello Montilla, un barranquillero de 47 años que tiene procesos penales pendientes por, aparentemente, ser miembro de una red criminal que desfalcó a Ecopetrol, la empresa pública más importante del Estado colombiano. La Unidad Investigativa de El Espectador conoció un expediente, hasta ahora desconocido, en el que la Fiscalía acusa a Puello Montilla de ser pieza clave de una red de veinte personas que, desde 2015 hasta 2017, le robó más de $15.000 millones a la Nación. De acuerdo con el ente investigador, esta organización al margen de la ley logró perpetrar este desfalco a través de siete empresas que revestían sus acciones ilícitas en operaciones comerciales legales.
¿Socio del capo de un megarobo a Ecopetrol?
La Fiscalía dice que la estructura ilegal que integraba Puello Montilla era liderada por José Julián Tadeo Jaramillo, conocido como el ‘capo de capos’ en el hurto de crudo en el oleoducto Caño Limón- Coveñas, una de las principals estructura para el transporte de petróleo en Colombia. Esta enorme tubería, que mide 773 kilómetros y que se extiende por los departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre, alcanzó a tener la capacidad de mover 225.000 barriles por día, convirtiéndolo en un blanco fácil para grupos criminales que perforan la colosal infraestructura para aprovecharse de la venta ilegal del crudo.
En la acusación contra Puello Montilla, la Fiscalía y funcionarios de la Dijín de la Policía identificaron que, desde el oleoducto, hasta un punto en Aguazul (Casanare) la estructura criminal extraía el crudo. Durante las audiencias, el fiscal del caso aseguró que el petróleo era extraído hasta unos tanques subterráneos aledaños a un conocido montallantas de ese municipio, donde era vertido en carrotanques de la organización al margen de la ley. Luego de esto, el crudo era transportado en carrotanques hasta Lérida (Tolima), municipio donde tenían asiento dos empresas que, según las autoridades, “blanqueaban” el crudo robado a Ecopetrol.
La primera de ellas es Seinpetrol, la empresa de Tadeo Jaramillo, quien, en 2017, fue condenado a cuatro años de prisión por ser el líder de esta asociación al margen de la ley. La segunda empresa es Biorem SAS, la cual era propiedad de Enrique Antonio Puello Montilla, que como mencionamos también maneja a la sombra CI Tropical Resources S.A.S., la compañía relacionada con el megacargamento de 2.4 toneladas de cocaína. A través de interceptaciones de llamadas, testigos y seguimientos, la Fiscalía encontró que Bioren “se utilizaba para perfeccionar el envío del petróleo hasta Barranquilla (donde era exportado a España y Estados Unidos)”, señaló el fiscal del caso.
Para la Fiscalía, la empresa de Puello Montilla era crucial en la organización de Tadeo Jaramillo, ya que era la encargada de convertir el crudo robado en blending, una apetecida mezcla de aceites y residuos del petróleo en megaindustrias. Para el ente investigador, los hechos irregulares en Biorem no paran allí. Durante las audiencias de imputación de cargos, la Fiscalía señaló que en la empresa de Puello se falsificaban los documentos con los que se le daba un cariz de legalidad al crudo extraído ilegalmente del Caño Limón-Coveñas. “Las guías de transporte, que tienen varios seguros, eran violados y alterados en esta fase del blanqueo”, puntualizó la Fiscalía.
¿De quién es el cargamento de cocaína?
“Gracias a las capacidades tecnológicas y científicas de la Compañía Antinarcóticos de Selección de Objetivos (Casop) de la Policía se incautaron en el puerto de Barranquilla, 2.453 kilos de cocaína camufladas en un cargamento de carbón que, además, tenía como destino el puerto de Amberes (Bélgica)”. Estas fueron las palabras con las que el 15 de diciembre de 2023, el director de la Policía, general William Salamanca, inició la rueda de presa para anunciar el decomiso del megacargamento. Luego de esa declaración, fuera de los micrófonos y mientras caminaba entre los enormes bultos de cocaína camuflada, el alto oficial le explicó a la prensa más detalles sobre cómo fue que detectaron la sustancia ilegal.
Fue necesario —contó Salamanca ante la atenta mirada de la prensa— recurrir a equipos tecnológicos de última generación, los cuales identifican, a través de imágenes de calor, la alteración de material combustible, como el carbón. La investigación policial comenzó el 30 de noviembre de 2023, cuando las autoridades vieron un detalle en el cargamento que prendió sus alarmas: no era común que se exportara carbón en contenedores, pues este se realiza en barcos que se dedican exclusivamente a ese comercio y en mayores cantidades. Pero como a simple vista no se encontró evidencia alguna de cocaína, la Policía decidió utilizar sus equipos especiales, los cuales son aportados por agencias internacionales de inteligencia.
“Los agentes de policía en este gran patio evacúan la carga, empiezan a mirar que en los Big Bag, como lo llaman ellos, había dos tipos de sustancias. ¿Qué hacen ellos? Toman esas muestras y las envían a los laboratorios de la Policía Antinarcóticos en Bogotá. Los químicos y el personal experto al final de una investigación minuciosa (aproximadamente de 15 días) informan que la carga de carbón coque está contaminada con cocaína”, manifestó el general William Salamanca, quien también advirtió que ese año sus investigadores encontraron en otros puertos marítimos 23 casos en los que se intentó mimetizar cocaína con otras materias primas como el carbón.
Fuentes policiales le contaron a este diario, además, que tienen fuertes indicios de que el cargamento está relacionado con una estructura del Clan del Golfo, organización criminal que sucedió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del Clan Castaño y que reencauchó a viejos hombres de esa estructura paramilitar que operó desde finales de los años noventa hasta su desmovilización, en 2004. El Clan del Golfo, dicen las autoridades, es desde hace una década el grupo criminal que hace más envíos de cocaína a Estados Unidos y Europa, en coordinación con carteles mexicanos, de los Balcanes, italianos, entre otros. Incluso, cuenta con el apoyo de las disidencias de las FARC en algunos eslabones de la cadena de producción de cocaína, según las autoridades.
Durante la última década, la Policía también identificó que el Clan del Golfo y otros grupos criminales usan a los denominados narcos invisibles, personas que tienen fachada de empresarios, que invierten parte de su capital para sacar droga con ayuda de los contactos y logística del crimen organizado. Actualmente, el grupo armado, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), cuenta con 5.000 personas en armas, con presencia principalmente en Antioquia, Chocó, Córdoba y el Meta. Según inteligencia militar, durante 2023 y 2024, el grupo criminal aumentó su presencia en la región Caribe y el Magdalena Medio, mientras paralelamente intentaba establecer una infructuosa negociación con el Gobierno.
¿Qué dice Puello Montilla?
Este diario se intentó comunicar con Vladimir Claro y Enrique Puello Montilla, cabezas de CI Tropical Resources S.A.S, la compañía que exportaba el carbón donde se encontró la cocaína, buscando conocer sus versiones de estos hechos en investigación que lo relacionan. Aunque El Espectador les escribió insistentemente a los correos y números de celular que figuran en los documentos de Cámara y Comercio de la empresa, no hubo respuesta, al cierre de esta edición. Aunque Claro y Enrique Puello están en libertad y no tienen condenas por cumplir, este último afronta un juicio penal por su supuesta participación en la red que habría desfalcado a Ecopetrol en $15.000 millones de pesos.
Un señalamiento que durante el juicio penal, que avanza desde marzo de 2024, el empresario barranquillero ha negado tajantemente ante los estrados judiciales. Se espera que durante este 2025, el juzgado a cargo del caso analice los argumentos de la defensa de Puello Montilla como la evidencia aportada por la Fiscalía para tomar una decisión de fondo: determinar si el empresario barranquillero tuvo responsabilidad en el millonario robo de crudo a Ecopetrol.
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Por David Escobar Moreno
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