Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La frustración empieza a hacer mella entre los 16 miembros del Equipo de Evaluación Electoral de la Unión Europea. Diecisiete días después de su llegada a Kabul siguen encerrados en el recinto de la Delegación de la UE para Afganistán, y aún no saben si van a poder realizar su trabajo durante las elecciones presidenciales y provinciales del sábado. Varios atentados ocurridos durante su estancia han hecho sonar las alarmas en Bruselas, que tiene que decidir si corre el riesgo de enviar a sus expertos a los colegios electorales.
“La situación de seguridad ha cambiado desde que se organizó la misión. En el actual nivel de alerta, las normas establecen que nos movamos con dos guardaespaldas por persona y carecemos de ellos, así que estamos encerrados hasta nuevo aviso”, confía uno de los participantes que no oculta su impotencia ante la lentitud en la toma de decisiones. “Es posible que cambie el objetivo de la misión, pero aún no sabemos nada; es algo que tienen que decidir en Bruselas”, añade, tras precisar que técnicamente no son observadores sino “evaluadores”.
En principio, el equipo iba a analizar “el cumplimiento de los principales aspectos del proceso electoral respecto a la ley afgana y a los estándares regionales e internacionales para elecciones democráticas”. Para ello cuenta con 16 expertos de 13 países europeos. Desde su llegada a Kabul el pasado 15 de marzo se han alojado en la residencia del representante europeo, considerada más segura que un hotel.
“El recinto está protegido por 140 gurkas, que, además de sus armas reglamentarias, llevan un cuchillo de cuidado”, bromeaba un integrante del grupo tratando de restarle importancia a las incomodidades. La residencia no está preparada para atender a ese número de personas varias semanas.
Cinco días más tarde, apenas unas horas después de que se presentara la misión ante la prensa, se produjo el atentado contra el hotel Serena. Entre los ocho civiles asesinados, se encontraba el exdiplomático paraguayo Luis María Duarte, que había venido como observador del National Democratic Institute. Ese grupo dedicado a promover la democracia, una presencia habitual en las elecciones afganas, decidió enviar a casa al resto de su personal extranjero.
La OSCE sacó inmediatamente del país a sus 17 observadores que también se alojaban en el Serena; los cuatro que han regresado, después se han instalado en el cuartel general de ISAF, la fuerza internacional de asistencia a la seguridad. Sólo Democracy International mantiene a sus 23 observadores. Incluso IFES, la organización que presta apoyo técnico a la Comisión Electoral afgana, ha reubicado a sus asesores en Dubái.
La preocupación de organizaciones internacionales y embajadas se confirmó el pasado sábado con un ataque contra la sede de esa Comisión Electoral. Antes, varios grupos de observación habían reducido sus actividades o tomado medidas para evacuar a sus empleados extranjeros.
“La credibilidad de la votación afgana en duda por la huida de la violencia de los observadores”, tituló esta semana The New York Times en un artículo que ha levantado ampollas en Kabul. Enseguida, ha habido voces que recuerdan que los observadores extranjeros rara vez salen de las zonas urbanas y que la tarea recae sobre los miles de voluntarios locales.
Conoce más