Japón debe parar la caza de ballenas

Cada año, los barcos japoneses matan casi 1.000 ballenas en estas aguas para alimentar un programa llamado Jarpa II que, según el gobierno de Tokio, tiene fines científicos, como medir los impactos de la pesca sobre las poblaciones de estos animales, así como examinar su edad, hábitos alimenticios y exposición a toxinas. La ciencia producida por el programa ha quedado consignada en apenas dos artículos científicos desde 2005. En este tiempo, Japón se hizo con 3.600 ballenas para su supuesto estudio, o sea, 1.800 mamíferos para cada publicación.

El fallo de la CIJ le pone punto final a Jarpa II bajo las condiciones con las cuales opera actualmente, pero le da la posibilidad a Japón de reformular el programa y convertirlo, en serio, en un esfuerzo científico y no en un paraguas para continuar la venta de un bien que, por otro lado, parece no tener un futuro muy brillante.

Las cifras oficiales muestran que, para finales de 2012, había casi 4.600 toneladas de carne de ballena almacenada en frío, pues su salida al mercado se ha visto frenada por la presión ambiental sobre una actividad comercial prohibida internacionalmente desde 1986 por la Comisión Ballenera Internacional, a la cual Japón está adscrita (Noruega e Islandia, ambos países balleneros, no reconocen esta instancia).

Pero no sólo pareciera ser la presión ambiental. En 2011, la industria ballenera tuvo que salir a defenderse públicamente después de que el Parlamento japonés decidiera que US$30 millones de los fondos para recuperación del terremoto (y posterior tsunami) de ese año fueran para este sector. Estos dineros se sumaron a los subsidios que el gobierno japonés ya les ofrecía a los balleneros por orden de US$10 millones. Para ese momento, una investigación publicada por la organización ambiental Greenpeace calculaba la deuda de esta industria en US$24 millones.

La movida del Parlamento, aunque sin ser ilegal, despertó la ira de varios sectores de la sociedad japonesa: 18 organizaciones, que incluían a la Unión de Consumidores y la Federación Japonesa de Abogados Medioambientales, firmaron una declaración condenando el incremento presupuestal concedido a la industria ballenera.

Desde que la Comisión Ballenera Internacional entró en vigencia, en 1986, se calcula que Japón ha cazado 10.000 ballenas bajo el pretexto de estar adelantando investigaciones científicas.

En la lectura del veredicto de la CIJ, el presidente del jurado, el juez eslovaco Peter Tomka, dijo acerca de Jarpa II que “la evidencia no permite establecer que el diseño y la implementación del programa tienen una relación razonable para alcanzar los fines que se propone”. Y agregó que “la Corte concluye que los permisos especiales emitidos por Japón para la caza, el transporte y el tratamiento de ballenas, conectados a Jarpa II, no están relacionados con la investigación científica”. La decisión del alto tribunal, que contó con una votación de 12 contra 4, además de ser vinculante, no es apelable.

El caso en la CIJ fue abierto en 2010 a raíz de una demanda de Australia, que desafió los supuestos fines científicos del programa de caza que, en parte, se da en aguas que para este país, así como para Nueva Zelanda, son santuarios de ballenas.

Esto, tristemente, no significa el fin absoluto de la caza de ballenas, pues esta actividad también se adelanta en otras aguas, como el Pacífico Norte, aunque en números inferiores a los de la cacería en la Antártida. Antes de la lectura del fallo, un delegado del gobierno japonés aseguró que estaban evaluando la posibilidad de salir de la Comisión Ballenera Internacional, de acuerdo con un reporte del diario The New York Times. El ministro japonés de Pesca, Yoshimasa Hayashi, aseguro el año pasado que su país jamás detendría su larga tradición y cultura ballenera.

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@troskiller