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El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le pidió a la Corte Constitucional no conceder más plazos a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, para que termine de tramitar todas las solicitudes de pensión que no han sido atendidas hasta ahora.
El jefe del Ministerio Público indicó que las autoridades ya le ha otorgado plazos suficientes a la entidad en liquidación para que supere el estado de cosas inconstitucional previsto por la sentencia T-1234 de 2008.
“Solicito, como todos los plazos concedidos a Cajanal para adoptar las medidas concretas orientadas a superar gradualmente, en un tiempo de terminado, el problema estructural encontrado en el año 98, como también para la ejecución de los planes de acción que les fueron aprobados, resulta oportuno que no se otorguen nuevos plazos”, precisó.
Agregó que, a su juicio, Cajanal debe terminar de evacuar las solicitudes el 30 de enero de 2010 y no hasta marzo, como lo propuso el gerente Jairo Cortés durante la audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia en la que se dispuso dar solución a esta problemática, que se cumple este viernes en el Palacio de Justicia.
Por su parte, el Gobierno, en cabeza de sus ministros de Hacienda y Protección Social, vio con buenos ojos la prolongación del plazo y se comprometió a que, efectivamente, en marzo, terminarán de ser atendidas las 40 mil solicitudes que se empezaron a congestionar desde 1998.
Según Juan Carlos Echeverry, jefe de la cartera económica, ya han sido atendidos 30 mil de esos requerimientos.
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