‘Respeten el ámbito de mi conciencia moral’: Procurador

“Les pido, Honorables Magistrados, que respeten el ámbito de mi conciencia moral y que no juzguen ni el momento ni las razones por las que puedo ejercer como persona y como Jefe del Ministerio Público el derecho fundamental de objeción de conciencia”, sostuvo Ordóñez mediante un  memorial.

Agregó que los togados parecen estarlo presionando para que se abstenga de participar en el tema, so pena de estar actuando en contra del Régimen Disciplinario y de la Ley Penal.

Señaló, además, que la Sala de Revisión que expidió el auto carece de competencia para sugerir su incurrencia en faltas disciplinarias o penales derivadas del supuesto incumplimiento de la sentencia a favor de la pedagogía a la práctica del aborto, pero que, en todo caso, debe informarlo a las autoridades competentes si así lo cree.

  “(…) Debo recordarles a los Magistrados de la Sala Octava de Revisión que calificar penal o disciplinariamente las conductas de los funcionarios públicos, también las del Procurador General de la Nación, escapa absolutamente a las competencias de una Sala de Revisión o de la misma Corte Constitucional. Y, de igual forma, debo decirles que si estiman que he infringido la Ley penal o la Ley disciplinaria les corresponde solicitar ante las autoridades competentes que adelanten las investigaciones penales o disciplinarias pertinentes”, dijo.

Agregó que, aún cuando hubiera estado incurso en ese tipo de omisión se viola el principio de igualdad por parte de la Corte al no enfatizar en la responsabilidad que le cabe entidades como el Ministerio de la Protección Social, la Defensoría del Pueblo, La Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo frente al cumplimiento de la sentencia (T-388 de 2009).

Ordóñez se mostró molesto por el hecho de que el auto se refiera a la Procuraduría General de la Nación y no al jefe del Ministerio Público como el actor que se opone a estas ordenanzas, al tiempo que insistió en que el organismo a su cargo ha sido respetuoso en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, por cuanto no hay lugar a alegar tal desacato.