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Un informe reciente del Grupo de Expertos Independientes sobre Deuda, Naturaleza y Clima revela que muchas de las 144 economías en desarrollo del mundo están en una trayectoria fiscal insostenible. En promedio, estos países destinan el 41,5% de sus ingresos fiscales (8,4% del PIB) al servicio de la deuda, y esto limita en gran medida su margen para la inversión pública en educación, atención de la salud, infraestructura e innovación, esenciales para el crecimiento económico.
Sin crecimiento y más margen fiscal, pagar la deuda soberana se torna inviable. Por eso los países en desarrollo necesitan con urgencia una inyección masiva de capital barato y, en algunos casos, la condonación lisa y llana de sus deudas por parte de los acreedores internacionales y locales.
A esto se suman dos factores relacionados que agravan la crisis de deuda de los países en desarrollo. El primero es el cambio climático: la temperatura mundial ya ha aumentado 1,2 °C, y se calcula que aumentará otros 0,2‑0,3 grados por década. Esta «deuda climática» tiene un costo enorme, y los daños en los países vulnerables (aproximadamente el 20% del PIB según estimaciones actuales) frenan su desarrollo económico. Sólo en los últimos meses, inundaciones récord han afectado a España, Nepal y partes de África occidental, incendios forestales sin precedentes han devastado Canadá, Brasil y Bolivia, y los huracanes Helene y Milton han golpeado el Caribe, Centroamérica y el sureste de Estados Unidos. En Chad, lluvias torrenciales han provocado inundaciones a gran escala que afectaron a 1,9 millones de personas desde finales de julio.
Luego hay otra crisis igual de urgente, pero menos comprendida: la crisis de la naturaleza. Los ecosistemas naturales son un importante freno al cambio climático, ya que absorben la mitad del dióxido de carbono producido por la actividad humana. Pero la deforestación y los cambios en el uso de la tierra están erosionando las defensas naturales del planeta, y la mayoría de los bosques (incluida la selva amazónica) ahora emiten más CO2 que el que absorben, de modo que aceleran la crisis climática en vez de mitigarla.
Los ecosistemas naturales también generan la mitad de la lluvia necesaria para la agricultura y la supervivencia de la humanidad (el resto lo suministran nubes de formación oceánica). Pero la deforestación en la Amazonia y Queensland ya pone en riesgo la agricultura en regiones como El Cerrado y el este de Australia. Igual de preocupante es la situación en África: Nigeria, que tiene la tasa de deforestación más alta del mundo, ha perdido en los últimos cinco años más de la mitad de los bosques que le quedaban, como consecuencia de la tala, la agricultura de subsistencia y la recolección de leña.
Esta «deuda con la naturaleza» crece a un ritmo alarmante; cada año, 7 billones de dólares fluyen a industrias que impulsan la deforestación, la sobrepesca y otras prácticas destructivas. En contraste, en 2022, los proyectos basados en la naturaleza sólo recibieron 200 000 millones de dólares.
La combinación de estas fuerzas ha creado una triple crisis de deuda que amenaza la estabilidad económica y política de los países más pobres del mundo. La famosa frase de Ernest Hemingway según la cual uno se arruina «primero poco a poco, luego de repente» también vale para las economías en desarrollo: si no reducen la carga de la deuda, no podrán invertir en resiliencia climática y restauración ambiental. Y si no frenamos la pérdida de naturaleza y reducimos la emisión de gases de efecto invernadero, corremos el riesgo de cruzar puntos de inflexión críticos que agravarán la crisis de la deuda climática y traerán graves consecuencias macroeconómicas.
En vista de lo que está en juego, la comunidad internacional debe unirse bajo el Marco Común del G20 para facilitar un acuerdo mundial de inversión que promueva el crecimiento sostenible, proveyendo a los países en desarrollo financiación a largo plazo asequible y, cuando sea necesario, una reestructuración rápida de sus deudas.
Para lograrlo se necesita liderazgo decidido. El G20 debe demostrar su compromiso con la responsabilidad fiscal, adoptando firmes objetivos de reducción de las emisiones que estimulen el crecimiento global sin provocar otra ola inflacionaria. Aunque la mayoría de los países del G20 han adoptado la descarbonización y el crecimiento verde como caminos hacia el desarrollo económico, también es necesario que compartan tecnología y experiencia con las economías de bajos ingresos. Los países con problemas de deuda, abrumados por altos costos de endeudamiento, no podrán lograr la neutralidad de carbono sin mecanismos financieros innovadores, subvenciones y apoyo técnico.
Por desgracia, en las reuniones anuales de este año del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica que tuvo lugar en Colombia en octubre, quedó de manifiesto que los líderes y organismos financieros internacionales todavía no están dispuestos a invertir en soluciones climáticas con la escala necesaria. Es sorprendente, ya que las inversiones en resiliencia climática y ambiental son muy rentables. Las agencias de calificación crediticia ya han degradado los títulos de deuda de varios pequeños estados insulares y de otros países vulnerables al clima; eso aumenta los costos de endeudamiento y puede atraparlos en un círculo vicioso de inestabilidad financiera y ambiental. A estos países no les basta un alivio temporal que los mantenga a flote; necesitan recursos que los ayuden a lograr crecimiento sostenible.
Además de las restricciones fiscales impuestas por la crisis de deuda, se destacan otros dos obstáculos fundamentales contra la acción climática global. En primer lugar, los marcos macroeconómicos, incluido el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) del FMI, todavía no reconocen el carácter productivo de las inversiones en resiliencia climática. El FMI ha comenzado a ocuparse del asunto en su revisión del DSA, pero el proceso sigue siendo lento y excesivamente complejo.
Para promover el desarrollo sostenible, el FMI y el Banco Mundial deben adoptar las recomendaciones del grupo de expertos independientes e incorporar en sus proyecciones macroeconómicas y fiscales basales los efectos de las perturbaciones climáticas inmediatas y de los riesgos ambientales a largo plazo. También deben tener en cuenta el ahorro de costos y la mejora de la estabilidad económica derivados de la provisión anticipada de financiación para desastres, de las inversiones en refuerzo de la resiliencia y de los mecanismos de aseguramiento.
El segundo obstáculo contra una acción climática eficaz (y este tiene una mayor carga política) es la falta de apoyo internacional a los gobiernos de países en desarrollo que quieren invertir en resiliencia climática. Esto alienta cinismo en relación con los países ricos, cuyas repetidas promesas de proveer financiación climática siguen en gran medida sin cumplirse. Es así que los países en desarrollo se encuentran ante un dilema: sin alivio inmediato, no pueden escapar de la trampa de la deuda climática; y sin la financiación necesaria, les resulta muy difícil diseñar estrategias de inversión creíbles, lo que reduce sus posibilidades de recibir la financiación concesional que necesitan con urgencia.
El proceso de revisión de la financiación climática que el G20 está llevando adelante es un primer paso prometedor, pero se necesita mucho más. Para movilizar el billón de dólares en financiación externa propuesto por el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiación Climática se necesita una reforma sistémica que incluya aumentar los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo, proveer cien mil millones de dólares más a la Asociación Internacional de Fomento y alentar una mayor cooperación entre los gobiernos, el sector privado y las organizaciones filantrópicas.
Este 2025 ofrece a los países ricos una infrecuente oportunidad de demostrar que sus compromisos con la financiación de la acción climática no son sólo palabras. La próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, el Año Jubilar de la Iglesia Católica y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Brasil (COP30) pueden promover un acuerdo sobre las deudas soberanas y aumentar en forma significativa las inversiones en resiliencia climática.
Mientras tanto, el FMI, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales deben colaborar con los gobiernos con visión de futuro, con el sector privado y con otros socios, para demostrar que invertir en resiliencia puede generar una mejora drástica de los resultados económicos. Sólo así el mundo podrá superar la triple crisis de deuda y allanar el camino hacia un futuro sostenible.
* Vera Songwe, fundadora y presidenta del Instrumento de Liquidez y Sostenibilidad, es asesora sénior en el Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales y copresidenta del Grupo de Expertos de la Fuerza de Tarea del G20 para la Movilización Mundial contra el Cambio Climático. Guido Schmidt-Traub, ex director ejecutivo de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU, es socio en Systemiq.
Copyright: Project Syndicate, 2024. www.project-syndicate.org
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