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Juliana Guerrero estuvo no una, sino dos veces, cantada para ser viceministra de la Juventud del Ministerio de la Igualdad, contando con el apoyo del propio presidente Gustavo Petro, quien la defendió en medio de los escándalos por, supuestamente, no contar con los estudios necesarios para asumir el cargo. En medio de la tormenta de investigaciones y ecos sobre la validez de la información que puso en su hoja de vida para aspirar al cargo, Guerrero aseguró que ya no aspira a ser viceministra, ni a ocupar otro alto cargo público. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues aunque ya no quiera un puesto en el alto gobierno, distintas autoridades adelantan pesquisas sobre los títulos que presentó y que fueron invalidados.
En una reciente entrevista que le concedió a la revista Cambio, la delegada del presidente Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar aseguró ya no tener interés alguno es el cargo en el Ministerio de la Igualdad. “Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica”, aseguró al medio de comunicación. Su respuesta se dio después de que, hace menos de una semana, la Fundación Universitaria San José, donde supuestamente estudió Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, le anulara los dos títulos. “Yo estudié, tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también”, aseguró Guerrero.
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El caso en la Corte Suprema de Justicia
Las principales denuncias sobre esas supuestas falencias fueron expuestas públicamente por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, con quien tendrá un cara a cara el próximo viernes en la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción del alto tribunal citó a Pedraza y a Guerrero a una audiencia de conciliación a las 8:30 a. m. en el proceso que se adelanta por la denuncia que presentó la exaspirante a viceministra en contra de la congresista. Según Guerrero, Pedraza incurrió en calumnia al señalar públicamente la aparente falta de títulos académicos válidos para aspirar al cargo en el Ministerio de la Igualdad. Según ella, esa exposición no tenía ningún sustento.
Sin embargo, la perspectiva de Pedraza es totalmente distinta. El Espectador habló con la congresista y su abogado, Sebastián Rondón, quienes aseguran que asistirán a la audiencia del viernes, pero que no tienen la intención de conciliar, pues cada cosa que han dicho públicamente sobre los requisitos académicos de Juliana Guerrero para aspirar al viceministerio están sustentadas. “Lo que uno puede ver es que Juliana Guerrero, al momento de interponer la denuncia en contra de la representante, lo hizo pensando que de alguna manera no se iba a acceder a cierta información que posteriormente los jueces de tutela y la misma Fundación San José hicieron pública”, manifestó Rondón.
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Para el representante de Jennifer Pedraza, la denuncia en contra de su prohijada no tiene bases sólidas. “Denuncia a la representante por el delito de calumnia, pero nunca precisa qué es lo falso que dice la representante Jennifer, y eso es muy importante y tendrá que ser aclarado en la corte”, aseguró Rondón. Asimismo, dijo que en la denuncia, Guerrero “también indica una posible comisión de delitos referentes a la información y los datos, pero se refiere a la consulta que se hizo a través de la base de datos públicos que tiene el ICFES en Colombia, para verificar información de qué personas han presentado este tipo de exámenes”, sostuvo el abogado.
Para la defensa de la congresista “no existe ningún ánimo conciliatorio por parte de la representante, en cuanto a que cada afirmación que se ha dicho a los medios de comunicación, ha sido respaldada con documentos objetivos”. Insiste en que la denuncia en la Corte Suprema en contra de la representante a la Cámara no tiene fundamento y que eso podría ir en contra de Guerrero. “Ya determinar si estos hechos constituyen o no un delito por parte de la señora Juliana Guerrero corresponderá a las autoridades penales pertinentes”, manifestó Rondón.
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Por su parte, la congresista le manifestó a este diario que el pleito que se adelanta en el alto tribunal pudo haberse evitado. “Cuando ella me denuncia en la Corte Suprema, yo le digo, usted no tiene necesidad de denunciarme, usted puede silenciarme publicando el certificado de que usted presentó el Saber Pro, presentando su tarjeta profesional, su registro de notas, pero antes que hacer eso usted lo que decide es intentar callarme a partir de un proceso penal”, dijo Pedraza. “Me pregunto si Juliana Guerrero va a asistir a la diligencia. Yo, por supuesto, voy a asistir, me mantengo en cada una de las palabras que he dicho sobre este caso. Me mantengo completamente y cada semana que pasa solamente aparecen documentos que prueban que lo que nosotros hemos denunciado es absolutamente cierto”, aseguró.
El proceso en la Fiscalía
Otro de los frentes judiciales que abrió el escándalo sobre los estudios de Juliana Guerrero camina en el ente investigador. Allí, los roles entre Pedraza y Guerrero se invirtieron. La congresista presentó una denuncia en contra de la exaspirante a viceministra por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, por, supuestamente, haber presentado documentos falsos en su aspiración al alto cargo en el Ministerio de la Igualdad. El caso está bajo la lupa de la Fiscalía, que busca probar la veracidad de los títulos recientemente anulados y si en medio de la entrega de los mismos hubo alguna ilegalidad por parte de Guerrero o de alguna de las autoridades de la universidad San José.
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En diálogo con El Espectador, el abogado de Jennifer Pedraza explicó que “cuando la representante Jennifer hizo la denuncia pública de carácter informal en redes sociales y medios de comunicación, se presentó también una denuncia ante la Fiscalía General. Esa denuncia no solo se presentó en contra de Juliana Guerrero, sino también en contra de los directivos que suscribían las respectivas actas de grado y los respectivos diplomas”. Ese mismo proceso, manifiesta el representante de la congresista, fue el que llevó a que la Fundación San José presentara la información sobre los estudios de Juliana Guerrero públicamente.
Según afirmó Rondón, “parte de la comunicación que ha dado la Fundación San José se debe a las labores de investigación que se están realizando por la Fiscalía General de la Nación”. Tanto él como la congresista Pedraza sostienen que tiempo atrás habían presentado derechos de petición a la universidad para que compartiera los registros de asistencia, notas y demás información que sustentara que Guerrero estudió y aprobó los requisitos para obtener los títulos, sin embargo, dicen, que hasta que la Fiscalía no entró a investigar, la información había sido negada.
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Las investigaciones del Ministerio de Educación
Fuera de lo penal, el Ministerio de Educación también empezó a tomar cartas en el asunto de Juliana Guerrero. La cartera publicó este lunes una resolución en la que ordena abrir una investigación preliminar contra la Fundación de Educación Superior San José “con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”. Dicho documento señala que el Grupo de Medidas Preventivas del ministerio evidenció presuntas irregularidades en los casos de tres estudiantes que, presuntamente, obtuvieron su título “dos de ellos sin presentar el correspondiente examen de estado y uno con fecha de presentación del examen posterior a la expedición del título”.
Los mencionados estudiantes son Laura Julieth Martínez Morales, Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Carlos Alberto Mendoza Siachoque. Según lo que han arrojado las primeras pesquisas, es que la expedición de los títulos de los tres estudiantes se habrían dado “presuntamente sin cumplir los requisitos para ello”. Uno de esos requisitos es la “presentación de las Pruebas Saber TyT o la Saber Pro”, dependiendo del nivel de formación. En el documento también se resalta que a pesar de que Juliana Andrea Guerrero obtuvo su título de Contaduría Pública y un tecnólogo en Gestión Contable y Tributaria el 5 de julio de 2024, no se evidenció presentación alguna del examen del estado.
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Por ahora, Juliana Guerrero seguirá como delegada del presidente Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, mientras se defiende en los distintos procesos que se abrieron en torno a su escándalo. Aun así, la representante Jennifer Pedraza le aseguró a este diario que tomará nuevas medidas para tumbar esa designación de Guerrero. Señaló que presentará ante la Procuraduría una queja disciplinaria por las acciones en las que, al parecer, habría mentido y presentado documentación falsa para hacerse con el cargo en el Ministerio de la Igualdad.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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