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El anuncio de parte del presidente Gustavo Petro sobre una declaratoria de estado de conmoción interior y emergencia económica puso en alerta a varios sectores de la política colombiana. La cabeza del Congreso, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), conocido opositor del jefe de Estado, se pronunció al respecto y aseguró que el Gobierno debe tomar acciones contundentes contra el ELN en Norte de Santander.
“Para defender la vida, los bienes y la honra de los habitantes del Catatumbo no se requiere una conmoción interior, se requiere aplicar la Constitución y la ley. Defender la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos es un deber constitucional”, afirmó.
El presidente del Senado precisó que “no hay una actuación concreta en su defensa” y recordó que ya se reportan “más de 80 muertos y 20 mil desplazados” en la región.
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“Lo primero es que el Gobierno le indique a la fuerza pública que intervenga en el Catatumbo y expulse al ELN y luego hablaremos de una conmoción que no veo qué necesidad tenga en este momento”, finalizó.
Una posición similar tomó el expresidente Juan Manuel Santos, quien en entrevista con W Radio argumentó que “no existe justificación” para tomar esta medida. De acuerdo con él, no hubo hechos sobrevinientes, pues era de conocimiento general a grave situación en el Catatumbo.
Eso generó que el mismo jefe de Estado le respondiera y defendiera su decisión de invocar estas figuras: “¿Van decenas de muertos y no hay justificación para conmoción interior? Así estamos acostumbrados a la muerte».
Por su lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), precisó que está listo para citar a sesiones cuando los decretos sean publicados. De igual forma, instó a que no se politizara la situación y se unieran los sectores en favor de apoyar a la ciudadanía afectada.
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“La grave situación que se está viviendo en este momento en la región del Catatumbo debe convocarnos a todos nosotros para encontrar soluciones y superar la crisis, debemos dejar de lado el debate político y concentrarnos en las soluciones que permitan recuperar la seguridad, atender a la población civil y saldar la deuda histórica que se tiene con se territorio”, indicó.
De acuerdo con la ley 137 de 1994, que regula los Estados de Excepción en Colombia, el Congreso deberá reunirse en los “tres días siguientes a la declaratoria del estado de conmoción interior” para que el Gobierno le rinda “inmediatamente un informe sobre las razones que determinaron la declaración”. En esa línea, Salamanca afirmó estarán dispuestos “a sesionar al tenor de la Constitución y la ley para evaluar el alcance de los decretos legislativos que declara la conmoción interior y el Estado de emergencia económica propuesto por el señor presidente”.
“Debemos dejar en este momento de lado la politización y concentrarnos en los niños y las niñas que están siendo desplazados, en las familias campesinas que están perdiendo la vida de integrantes de sus comunidades en una guerra que nadie quiere, este momento de dificultad exige grandeza de todos nosotros y en eso estamos comprometidos desde la Cámara”, finalizó Salamanca.
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En concordancia con esa ley, posterior a esa sesión en la que el Gobierno debe presentar las razones de los decretos, “cada una de las Cámaras dispondrá de un plazo máximo de 15 días para pronunciarse». De todas formas, este documento que enuncie la posición del Congreso no es vinculante, pues la decisión final corresponde a la Corte Constitucional.
Eso sí, la normativa establece que “mientras subsista la Conmoción Interior, el Gobierno enviara cada treinta días un informe sobre la evolución de los acontecimientos, las medidas adoptadas, su evaluación, así como de las investigaciones en curso sobre eventuales abusos en el uso de las facultades”. Por el momento todavía no se han presentado los textos que invocarían estas dos figuras, que el Gobierno continúa construyendo todavía.
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