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Miles de muertos, cerca de 8.300 según cifras de Naciones Unidas, son los que ha dejado el brote de cólera en Haití. Un problema que se sumó a la devastación que aún vive la región después del terremoto que dejó más de 250.000 personas muertas en 2010 y que hoy tiene a cientos de miles viviendo en una situación precaria.
Señalan víctimas de la enfermedad y familiares de los fallecidos, que el brote de cólera llegó a Haití por las fuerzas de paz de Nepal, o los llamados cascos azules, responsabilizando a la ONU del contagio y acusándolos de no tomar las medias de salubridad necesarias para impedir su propagación. Fue así que para 2011 un colectivo de afectados por el cólera inició acciones legales contra Naciones Unidas, una demanda infructuosa porque la ONU se ha negado hasta hoy a reconocer oficialmente su responsabilidad por la epidemia, estimando además, que es imposible determinar de manera formal su origen.
El tema vuelve a estar en el centro de la palestra pública después de que cerca 1.500 víctimas del cólera presentaran hace una semana una nueva demanda, la tercera por estos hechos contra la ONU ante la justicia federal de Estados Unidos, luchando contra el argumento de la inmunidad de la que goza esta organización. Se trata de “la acción legal colectiva más amplia presentada contra Naciones Unidas por esta cuestión”, indican los demandantes.
En diálogo con El Espectador, Beatrice Lindstrom, una de las abogadas que representa a los demandantes- quien también es miembro del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH)- indicó que están enfocados en tres objetivos que detendrán la tasa de mortalidad por el cólera y garantizarán la justicia para las víctimas. “Primero queremos infraestructura que asegure agua potable para la comunidad, algo necesario para el saneamiento frente a la epidemia; buscamos compensación monetaria para las víctimas, incluyendo a los niños que se vieron afectados por la muerte de sus padres al resultar contagiados; y finalmente una disculpa honesta por parte de Naciones Unidas”.
Para ello –señala Lindstrom– cuentan con el apoyo de personas al interior de la ONU, como la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay, sumado al senado de Haití, víctimas de la enfermedad, científicos y miembros del Congreso de Estados Unidos.
Sin embargo, hasta ahora, tanto el gobierno estadounidense como la fiscalía del distrito Sur de Nueva York, donde se planteó inicialmente el caso, han considerado que la ONU no puede ser juzgada por los hechos. La batalla legal para enfrentar estos argumentos se basará en investigaciones como las de Facultad de Derecho de la Universidad de Yale y su división de Salud Pública.
«Mientras que la ONU desempeñaba un papel importante en los esfuerzos de recuperación tras el terremoto de Haití, investigaciones a fondo comprobaron que también causó un gran daño a cientos de miles de haitianos», señala el informe de Yale, en voz de Tassity Johnson, uno de los autores del documento de cerca de 58 páginas.
Investigaciones previas de la Organización Panamericana de la Salud han revelado que la cepa de cólera en los haitianos provenía del sur de Asia, origen de los cascos azules que realizaron su trabajo en Haití; de la misma forma la entidad ratificó que la enfermedad se ha propagado rápidamente por varias islas del Caribe.
Así mismo Yale habría determinado que el primer caso se presentó en octubre de 2010 en la población de Saint Marc. La contaminación del río Artibonite, el más grande de Haití y una de las principales fuentes de agua del país, a causa de materia fecal de soldados de la ONU fue determinante para la propagación del cólera. Lo anterior sumado a que la insuficiencia de agua e instalaciones en condiciones de saneamiento propiciaron un contexto insalubre en las bases de Naciones Unidas.
“La evidencia para establecer la responsabilidad de las Naciones Unidas es abrumadora y bien documentada, también lo es la evidencia de que la ONU ha incumplido sus promesas a las víctimas. Este caso es único porque el tribunal tendrá que decidir por primera vez si la ONU puede reclamar protección en virtud de acuerdos de inmunidad cuando ellos mismos no han establecido sus obligaciones en virtud de dichos acuerdos”, recalca Beatrice Lindstrom.
Mientras los demandantes se concentran en lograr que la Corte declare que la ONU no es inmune a estas demandas, la organización no se ha manifestado a fondo sobre el asunto. El chileno Pedro Medrano, de Naciones Unidas, ha admitido que miembros de la entidad “desafortunadamente estuvieron muy poco enfocados en la respuesta contra el cólera”.
“En un nivel más amplio el debate va más allá de este caso, es una demanda histórica porque intentamos mostrar que la ONU debe tener bases para responder mejor ante los posibles daños, consientes o inconscientes, que pueda causar a las poblaciones vulnerables. La ONU, al igual que el resto de nosotros, sería más cuidadosa en sus labores si se ve obligada a asumir las consecuencias de sus acciones”, concluye Lindstrom.