¿Tutelazo con fines políticos?

En medio de la polvareda que levantó la decisión del Consejo de la Judicatura del Valle del Cauca, que suspendió la muerte política del destituido gobernador de ese departamento, Juan Carlos Abadía Campo, que de paso atrasa —y hasta podría echar al traste— la convocatoria a comicios en esa región, el procurador Alejandro Ordóñez resumió, en una certera expresión, la que parece ser una verdad a gritos: “Se puede pensar que se están utilizando las instituciones jurídicas como instrumentos dilatorios para obtener propósitos políticos, evitando que se realicen las elecciones y la designación de los gobernantes”.

El plazo para realizar las elecciones regionales se cumple el próximo 30 de junio y como seguramente para entonces no se habrá resuelto la situación de Abadía, en su reemplazo sería nombrado alguien de su grupo político. Fuentes consultadas por El Espectador, conocedoras de la política del Valle, dicen que Abadía no está dispuesto a soltar el poder acumulado, y que por eso se interpuso la tutela en casa, donde conserva fuertes influencias.

En este panorama resalta, una vez más, el nombre del político vallecaucano señalado como el poder a la sombra en el mandato de Abadía: Juan Carlos Martínez Sinisterra. Recluido en la cárcel La Picota de Bogotá e investigado por nexos con grupos narcoparamilitares, Martínez, entonces senador de Convergencia Ciudadana, respaldó la elección de Abadía, quien arrasó a sus adversarios en 2007, superándolos en más de 500 mil sufragios.

Hace dos meses este diario reveló que, entre abril de 2008 y abril de 2009, Carlos Herney Abadía —padre de Juan Carlos— visitó a Martínez en la cárcel 11 veces. Raimundo Tello Benítez, secretario jurídico de la Gobernación, hizo lo propio en 16 oportunidades. En el Valle se dice que Abadía Campo y su grupo político estarían torpedeando las elecciones en busca de que Tello Benítez, hombre de sus entrañas, sea nombrado gobernador hasta que termine 2011. El Procurador, sin embargo, aseveró que dará la pelea, mientras calificó la decisión de la magistrada Bonilla de “grotesca” y fuera de lugar.

El penalista Iván Cancino manifestó que “daría tristeza que se demorara el fallo de la tutela y no pudiera haber convocatoria a elecciones”. Y cuestionó que esta acción se hubiera interpuesto en el Valle y no en otra zona para mostrar transparencia.